Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/08/25 16:26

Primeras reacciones

No sería responsable, por ahora, hacer un balance de la negociación sobre todo si hay dudas sobre el alcance del documento firmado esta semana.

Jorge Humberto Botero. Foto: Semana.com

Acongojado, la noche del miércoles, viendo a los jefes de las FARC convertidos en protagonistas de la "Refundación de la Patria", encuentro consuelo en mi convicción de que, con alto grado de probabilidad, hemos llegado al fin del conflicto con el grupo armado ilegal más antiguo, grande y dañino de los que medran en Colombia. No es poca cosa, así no se trate de la conquista de "la paz" que algunas almas cándidas nos ofrecen.

Deriva esta convicción de dos factores. El primero, que han negociado un acuerdo inmejorable. Doy cuatro ejemplos:

A) Lograron que por disposición del Congreso y mucho antes de que las negociaciones concluyeran, el acuerdo final, si pasa el escrutinio popular, ingrese a la Carta Política. Tamaño privilegio equivale a la Constituyente contraria a la Constitución que exigían. Es esta una innovación absoluta en los anales del derecho comparado. O casi: en alguna noche de desvelo encontré que el Estatuto Fundamental de Arabia Saudita dispone que el Corán es parte integral de sus normas...

B) Pactaron la declinación de las potestades del Estado en materia de erradicación de cultivos ilícitos. Aunque no crea en las bondades de esa política, la erradicación deberá en el futuro adelantarse previo acuerdo con las "comunidades"; solo si luego de un tiempo no determinado tales acuerdos no se logran, o fallan, se podrá acudir a la erradicación manual bajo requisitos difíciles de cumplir.

C) Más importante todavía es haber estipulado que la Constitución, las leyes e instituciones de Colombia que tienen que ver con la justicia penal, sean sustituidas por la Jurisdicción Especial de Paz. Ese organismo ocuparía las funciones del Congreso como legislador en la determinación de los delitos, las penas y los procesos judiciales; y dejaría sin oficio, en lo que se refiere a los delitos cometidos con ocasión del conflicto, a todos los jueces y tribunales existentes. (La Corte Suprema en días recientes ha caído en cuenta).

D) Compraron un seguro, que como todos los seguros tiene condiciones y exclusiones, contra los riesgos de penas privativas de la libertad y de extradición previstos en el Tratado de Roma, mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional. Si el plebiscito triunfa, Colombia tendrá que denunciar ese tratado; o renegociarlo a fin de que sus disposiciones se apliquen a todas las personas que se hallen en el territorio nacional salvo que sean integrantes de las FARC.

El otro elemento que me lleva a la conclusión de que la "guerra" con las FARC se acabó es que, salvo que optaren por desarrollar actos terroristas en las ciudades, no tienen marcha atrás. No creo, sin embargo, en esa hipótesis; como buenos comunistas que son, han sido violentas y sanguinarias, pero no fanáticas. Las montañas y selvas ya no son refugios seguros, tampoco lo es Venezuela, y, además, encuentran que pueden ganar espacios importantes en la política civil, sin duda en los cuerpos colegiados, pero con mayor éxito en las zonas rurales. En este sentido, resulta singularmente atrayente el modelo de estado comunitario que emerge de La Habana, pues busca erosionar las competencias de las autoridades públicas mediante complejas negociaciones con las "comunidades".

Si lo anterior es cierto, puede concluirse que si triunfare el ‘No‘ sería factible plantear una renegociación parcial de los compromisos asumidos. Por razones políticas evidentes, el Gobierno rechaza, en este momento, esta posibilidad, que en todo caso no sería sencilla de implementar: impondría una convergencia entre Gobierno y oposición que hoy no es imaginable.

La urgencia de la hora es otra. Si el acuerdo de ayer, como lo dijeron el Presidente y De la Calle con total claridad (dudas han surgido) es el acuerdo final y definitivo, se puede iniciar el proceso que conduce a la celebración del plebiscito a comienzos de octubre, siempre y cuando se satisfagan las exigencias impuestas por la Corte Constitucional respecto a la publicación del texto.

Esto significa, en primer término, que ella "se realizará simultáneamente con la presentación al Congreso del Informe del presidente de la República al Congreso de acerca de su intención de convocar el plebiscito". Y, en segundo, que esa publicación se realice "con un criterio diferencial de accesibilidad dirigido a las personas en condición de incapacidad y aquellas poblaciones que no se comunican en castellano".

El Gobierno seguramente será muy cauteloso en esta materia. Si da "papaya" corre el riesgo de que el Consejo de Estado le suspenda el decreto de convocatoria, lo cual seguramente retardaría la fecha para las votaciones.

Terminada la fase de negociaciones, me nace decir que aunque tengo serias reservas sobre los alcances de los pactos logrados, reconozco la consagración, responsabilidad e hidalguía del equipo negociador que ha encabezado De la Calle. Como sucede con toda obra humana, y en especial en campo tan complejo como el de la guerra y la paz los resultados son debatibles y las pasiones que se suscitan intensas.

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