Justicia para los militares

Soy consciente del malestar que causan en las Fuerzas Armadas las altas condenas a militares implicados en graves crímenes contra civiles. Me doy perfecta cuenta de la dolorosa diferencia entre una sentencia de treinta años para el coronel Alfonso Plazas Vega y las penas de menos de ocho años para los jefes paramilitares cobijados por la Ley de Justicia y Paz.
 
También percibo la ira que suscita el hecho de que guerrilleros que firmaron la paz en los años ochenta y noventa disfruten de amnistías e indultos mientras miembros de la fuerza pública que participaron en acontecimientos de violencia de esa época son juzgados ahora de manera severa.

Pero estas injusticias no se corrigen chocando contra las Cortes, como lo acaba de hacer el general Navas, comandante de las Fuerzas Armadas, al calificar a Plazas Vega de héroe nacional y expedirle un certificado de inocencia. O recurriendo a la maniobra de reformar la Constitución para otorgar el beneficio de excarcelación a los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia y para crear una jurisdicción especial y transitoria que revise todas las sentencias condenatorias de miembros de la fuerza pública, como lo ha propuesto el expresidente Uribe. O pidiendo que se retorne a tribunales exclusivamente militares para juzgar a militares.

El único camino es aceptar la extrema degradación de nuestro conflicto y echar mano de la justicia transicional para ofrecer una salida a una parte de los más de cuatro mil militares que están vinculados a acciones contra civiles y a los miles que serán vinculados en los años venideros. No hay otra solución. No podemos saltar por encima de las condiciones que impone ahora la justicia mundial en casos de violaciones masivas a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Lo que ha ocurrido en Colombia es un verdadero holocausto. En la feroz disputa por el territorio, por las rentas y por el poder local que se ha librado en los últimos veinte años entre el Estado, los paramilitares y las guerrillas se han cometido todo tipo de atrocidades contra la población civil. Ya la Fiscalía le atribuye a la expansión paramilitar 177.000 muertes y 34.000 desapariciones forzadas, y el destape de esta verdad y de las verdades de la guerrilla y de la fuerza pública apenas está comenzando.

La justicia transicional ha sido concebida precisamente para conflictos como el nuestro. Juzga todo lo que no es hecho legítimo de guerra. Se aplica tanto a las fuerzas irregulares como a los agentes del Estado. Tiene como emblema conseguir la no repetición de los hechos y como espíritu, alcanzar la reconciliación.

Ni es absurdo ni es deshonroso que los militares y policías que, en los avatares de una guerra tan larga como degradada, se hayan desviado de sus funciones tengan la alternativa de acudir a la justicia transicional para aportar a la verdad y a la reparación a cambio de disminuir sus penas y aliviar sus condenas.

En este momento se están presentando al Congreso de la República dos iniciativas que deberían incluir abierta y claramente apartados referidos al modo de juzgar a los militares implicados en crímenes contra civiles en medio de la guerra. Una es el Marco Jurídico para la Paz, propuesto por el senador Roy Barreras, y la otra es la reforma a la Ley de Justicia y Paz, que propone la Fiscalía. No se debería perder la oportunidad de ligar la paz con la decisión de ofrecer una justicia igual para las fuerzas irregulares y los agentes del Estado comprometidos en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Los militares reclaman con insistencia tribunales que conozcan los secretos de la guerra, que puedan diferenciar entre hechos legítimos de la confrontación, errores involuntarios de los militares y actos deliberados y calculados contra la ley y las normas. Pues bien, los tribunales de Justicia y Paz, con la experiencia acumulada hasta ahora, podrían mejorar su capacitación y especialización para asumir el reto de ofrecer justicia a los miembros de la fuerza pública que se dispongan para un proceso de reconciliación.