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Opinión

  • | 2011/08/22 00:00

    La doble personalidad del Estado

    Cuando de hablar del respeto a los derechos laborales se trata, la retórica de los gobiernos no tiene límites; pero a la hora de contratar el Estado es el primero en vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Será diferente ahora?

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Cada vez que Uribe daba un discurso para defender alguno de los TLC´s que se negociaron durante su gobierno, no ahorraba en palabras expresando su compromiso con los derechos de los trabajadores.

Pero fue durante su gobierno que se realizaron masivos procesos de reestructuración en los que los servidores públicos pasaron a ser vinculados a las mismas entidades a través de cooperativas de trabajo asociado, con menores garantías laborales y posibilidades nulas de sindicalizarse. Fue durante su gobierno cuando se expidió un decreto que le permitía a las Empresas Sociales del Estado contratar todos sus servicios mediante operadores externos, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado. Fue durante su gobierno, cuando las nóminas paralelas de las entidades públicas crecieron de forma desbordada, a tal punto que en entidades como el SENA había en 2010 más de 25.067 contratos de prestación de servicios, mientras que los trabajadores de planta eran apenas 6.904. Y ni hablar de la Contraloría, del DNP o del DANE.

Esto evidencia que en el tema de los derechos laborales el gobierno pasado tenía una doble identidad: una como culebrero y otra como empleador. La primera es la que asumía cuando daba discursos, iba a los actos simbólicos, o firmaba TLC´s. Se adornaba de palabras bonitas, ponía cara de yo no fui y convencía –o más bien estafaba- a todo el mundo. La segunda en cambio era la que trataba de ocultar, la que asumía secreta y silenciosamente pero, al fin y al cabo, la más genuina. Era la que salía descarnadamente a la luz cuando legislaba, o cuando militarizaba los hospitales para despedir trabajadores en las reestructuraciones. La que utilizaba cuando presionaba a los trabajadores despedidos para que se vincularan a cooperativas y pudieran seguir prestando sus servicios en las mismas entidades, solo que con garantías laborales sustancialmente recortadas.

El gobierno de Santos no se ha quedado atrás en cuanto a discursos y actos simbólicos sobre este tema. De hecho pareciera que la retórica sindical de Angelino hubiera contagiado incluso a los que hace un tiempo se contaban entre los peores villanos teóricos del sindicalismo: el Ministro de Protección Social y el Ministro de Hacienda, quienes en su papel de académicos e investigadores no paraban de insistir en la necesidad de desmontar las rigideces del mercado laboral, y hoy ya firman acuerdos laborales sellados con fervorosos abrazos con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores y quizás futuro ministro del trabajo.

Pero a diferencia del gobierno anterior, la actitud de Santos ha ido más allá de los discursos y ha logrado concretarse al menos en importantes iniciativas normativas. Prueba de ello es la aprobación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y su decreto reglamentario 2025 de 2011, expedido en junio de este año. Estas normas prohíben a las entidades públicas o privadas contratar a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, o cualquier otra modalidad que vulnere los derechos de los trabajadores, la realización de funciones misionales permanentes.

Lo dispuesto en esta norma plantea un enorme desafío para el gobierno, pues habría que corregir la ilegalidad de las estructuras de contratación hoy vigentes en muchas entidades. Ya el Congreso eliminó el congelamiento de la nómina de las entidades estatales que había sido establecido en el año 2000. Pero, por solo mencionar un ejemplo, en el sector salud el personal médico (especialistas, enfermer@s, anestesiólog@s) que actualmente cumple funciones permanentes mediantes contratos de prestación de servicios, o cooperativas, tendría que ser incorporado a la planta de personal. Esto significaría reversar los ya muy avanzados procesos de tercerización laboral realizados por gobiernos anteriores con las reestructuraciones, lo cual implica destinar una importante suma de recursos para contratar a estos profesionales, bajo condiciones dignas, en los hospitales públicos.

El verdadero compromiso con los derechos laborales empezará cuando el Estado dé ejemplo en su papel de empleador al resto del sector privado. ¿Estará Santos dispuesto a superar la doble moral de su antecesor?


* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia (www.dejusticia.org)

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