¿La hora de las libertades?

Tal vez sea usted una de esas personas a las que les parece que los homosexuales son personas normales que merecen tener derechos civiles; incluso puede que usted mismo sea gay y quiera una unión legal con su pareja. O quizás no cree en las uniones eternas ni en el matrimonio. Además le parece que el aborto no es un crimen abominable y que los métodos anticonceptivos son una opción bastante razonable para prevenir embarazos.
 
O, a lo mejor, disfruta de vez en cuando fumarse un porro, cree que esto no necesariamente lo convierte en un criminal y a veces, sólo a veces, se le pasa por la cabeza que la legalización de la marihuana —y de otras drogas— podría ser una buena solución para el auge del narcotráfico. Pues bien, si usted es una de esas personas, tal vez su mejor opción no sea vivir en Latinoamérica. Váyase a lugares como Canadá, Holanda o Dinamarca: esos países en los que hace frío la mayor parte del año, la gente se muere de aburrimiento y en donde hace años decidieron que algunas libertades individuales podían existir.
En estas tierras tropicales todavía falta mucho para que eso ocurra. Y no se trata de acusar a nadie: puede ser culpa de los gobiernos atrasados, corruptos y conservadores o de la presión implacable de la Iglesia Católica. O de una perversa mezcla de los dos. El caso es que, por siglos, Latinoamérica ha sido una de las regiones más conservadoras del planeta y que aún no tiene planeada cumplir su cita con la modernidad. Porque ni en el siglo XX ni en lo que va corrido del XXI las cosas han mejorado mucho. Basta ver algunas cifras: en 1997 el homosexualismo era penalizado por las leyes chilenas; sólo hasta 1990 la constitución colombiana reconoció la primacía de los derechos civiles sobre los religiosos; y México se convirtió, hace apenas unos meses, en el único país de la región en donde el aborto —antes de las 12 semanas de gestación— es legal.

En Colombia se ha avanzado en los últimos años, es cierto. Basta ver lo que pasó hace unas semanas cuando la Corte Constitucional reconoció a los homosexuales el derecho a recibir la pensión de sobrevivencia en caso de muerte de sus parejas. Así mismo, desde 2007, las uniones entre parejas del mismo sexo son legales y, desde octubre pasado, tienen derecho a la salud.
 
Pero si bien en este campo Colombia tiene una legislación de avanzada, en otros asuntos como el aborto, la legalización de las drogas o los derechos de las mujeres, estamos en la edad de piedra. Como bien lo dice Florence Thomas en su columna de esta semana en El Tiempo: “Cuando simplemente defendemos de manera vehemente —mas nunca agresiva— los más elementales derechos de las mujeres, nos caen encima una lluvia de críticas que, en mi caso, he aprendido a considerar normales en un país aún tan conservador, tan decimonónico”.

México parece ser, en este oscuro panorama, la región más transparente —como diría Carlos Fuentes. El 9 de noviembre de 2006 se aprobó la ley de sociedades de convivencia, una alternativa al matrimonio homosexual que permite legalizar derechos, obligaciones y patrimonio de parejas del mismo sexo. Ese día cientos de integrantes de la comunidad gay celebraron hasta la madrugada frente al Ángel de la Independencia, sobre el monumental Paseo de la Reforma.
 
Así mismo, en abril del año pasado, y a pesar de una dura campaña en contra, se aprobó el aborto. Y, menos de un mes después, se abrieron las puertas para la legalización de la marihuana y la despenalización de la eutanasia. Todo esto en el país más católico del mundo y ante la mirada atónita de los ultra-conservadores que eligieron a Felipe Calderón, acaso el presidente más de derecha en la historia política reciente de México.

En Chile, otro de los países más conservadores de la región, el gobierno de Michelle Bachelet ha permitido que se abra el debate sobre muchos temas que antes ni si quiera se podían mencionar en los medios de comunicación. El divorcio solo fue legal en Chile —quien podría creerlo— hace cinco años. Este lento cambio no se ha dado en países como Ecuador o Bolivia, donde estos temas ni siquiera aparecen en la agenda pública. La economía y la institucionalidad política son tan débiles que el debate sobre la modernización social es utópico.