Esta semana entra a plenaria el Presupuesto General de la Nación para 2027 a discusión, es decir, 635 billones, después de que el ministro Miguel Gómez aclarara la realidad fiscal que dejó el gobierno anterior.
Un número muy grande, pero acá lo achicamos para que se logre entender el problema.
Imagínese estar ganando 2.900.000 mensuales, pero gastarse 4.000.000. No cuadra.
Al mes se estaría teniendo un descuadre de 1.100.000 pesos, y ahí tenemos tres caminos: generar más plata, pedir prestado para tapar el hueco y la tercera que a nadie le gusta mencionar: recortar y gastar menos.
Bueno, eso que le acabo de contar es el Estado colombiano, solo que con muchísimos más ceros, y, según el Ministerio de Hacienda, el Estado gasta 40 billones mensuales y apenas recauda 29… esa diferencia la pagamos todos con más impuestos, o nuestros hijos mañana con más deuda.
Claramente sabemos que el Estado no produce plata. Mal administra la nuestra.
Cuando uno anda muy endeudado por la vida, el banco sube nuestro riesgo y, si nos presta, lo hace más caro. A Colombia le empezó a pasar: a mediados de septiembre, la tasa a la que el Gobierno pide prestado a diez años subió del 11,9 % al 12,5 % en poco tiempo.
Esto quiere decir que para 2027, 15 de cada 100 pesos del presupuesto se irían en intereses.
¿Saben qué es lo curioso?
Que haya congresistas pidiendo más plata para subsidios y programas, sin siquiera pensar si existe o no plata para cumplir caprichos o deseos que ellos consideran derechos, y no es difícil adivinar de qué partidos son estos congresistas…
Pero el ministro de Hacienda les reprochó que piden y piden sin decir de dónde va a salir o si está la plata. Sería algo como llegar a un restaurante, pedir el plato más caro y decir que lo pague la mesa del lado porque yo tengo “derecho” a comer.
La representante María Fernanda Carrascal dijo que el debate trata de “quién va a pagar el costo de sus decisiones”, y tiene razón, esa es la pregunta. Lo que pasa es que la respuesta no le gusta a nadie: lo paga el que trabaja y, lastimosamente, los que trabajamos no podemos pagar más impuestos para subsidiar anhelos ni deudas ancestrales.
Vale la pena volverlo a decir: los deseos no son derechos.
Por eso el Gobierno propone recortar 45 billones del presupuesto. Con eso, el hueco no lo cierra del todo, pero lo achica. También se viene la Ley de Rescate, que el ministro Miguel Gómez dice que radica en estos días, y que va por el mismo camino: recortar gasto antes que subir impuestos, empezando por compras públicas, transferencias y entidades. Es lo que venimos diciendo hace rato: la familia sensata primero revisa en qué se le va la plata, para poder reducir sus gastos y empezar a sanear las finanzas del hogar, y no pide prestado sin medida ni va y le roba a otro para tratar de pagar sus deudas.
Ahora, hay que decirlo: recortar duele, porque alguien va a tener que sufrir las consecuencias. Muchos de esos han sido sanguijuelas burocráticas que han vivido por años del Estado sin trabajar, y han dañado la imagen de los excelentes funcionarios que sí trabajan. Muy probablemente, muchos de estos últimos también van a vivir las consecuencias del recorte.
Pero prefiero ajustarnos el cinturón hoy y no ver generaciones que ni siquiera han nacido pagando errores de un gobierno de izquierda que decidió acabar las finanzas del Estado, como el que vivimos con Gustavo Petro.