Para entender el peligro que acecha a Colombia, hay que volver a lo básico: ¿para qué sirve una constitución? En cualquier democracia sana es un muro de contención. Su razón de ser es ponerle límites al gobernante de turno para proteger al ciudadano de los delirios de grandeza de quienes se sientan en el poder.
Thomas Jefferson lo resumió con una frase que hoy cobra vigencia: “Cuando se trata del poder, no basta confiar en los hombres; para que no hagan daño, hay que atarlos con las cadenas de la Constitución”.
Por eso, las constituciones incomodan a los sátrapas. A esos que creen que su voluntad debe prevalecer sobre la institucionalidad, los contrapesos les producen urticaria. La separación de poderes, la prensa libre y la independencia judicial son un estorbo para quienes pretenden sustituir el Estado de derecho por un mandato personal.
Como bien lo advierte el constitucionalista Mauricio Gaona en una radiografía oportuna y demoledora que tituló La constitución soy yo, el peligro real del populismo autoritario radica en un golpe directo al corazón del sistema: alterar el principio de supremacía constitucional. Es la trampa perfecta en la que la ley deja de ser el escudo de los ciudadanos y pasa a convertirse en el capricho del gobernante de turno, un delirio totalitario disfrazado como la ‘voluntad del pueblo’ o el ‘poder constituyente’.
Hoy, Gustavo Petro y su escudero Iván Cepeda, bajo la narrativa de un ‘bloqueo institucional’, afirman que no los dejan gobernar, cuando la verdad es que todo lo que proponen carece de rigor técnico y legal, y las instituciones, cumpliendo su sagrado deber, no han hecho más que ponerle el freno de mano a esa improvisación.
Pero como el país ya les tomó la medida y sus intenciones de imponer reformas radicales se hundieron por inconstitucionales e ilegales, activaron el botón del pánico: la constituyente.
Olvidaron, a propósito, que la izquierda ayudó a forjar la Constitución del 91 y hoy Petro insiste en que los ‘poderes constituidos’ frenaron las reformas necesarias para aplicar su modelo obsoleto e ideologizado de país. La mentira, como verdad revolucionaria, convirtió el rechazo a sus proyectos estatistas en una supuesta traición al espíritu de la carta, usándolo como pretexto para justificar la refundación de Colombia.
La constituyente que propone Petro no responde a una necesidad institucional urgente del país, sino a una estrategia fría para prolongar la confrontación política, la violencia desbordada y desconocer el fracaso estrepitoso de sus reformas. Petro sabe perfectamente que el desgaste de su Gobierno es evidente y pretende convertir la incertidumbre y el caos –que él mismo provocó– en una plataforma de supervivencia política. No quiere gobernar; quiere encubrir su incapacidad agitando las calles.
Los colombianos estamos presenciando la activación descarada de su ‘plan B’: si fracasa en las urnas, pretende dejar el país revuelto y con una crisis de gobernabilidad insostenible, utilizando la constituyente como un mecanismo de chantaje perpetuo para imponerle la agenda al próximo Gobierno.
Pero, ojo, si el ganador termina siendo el heredero de Petro, la receta para destruir al país ya está servida. Ese es, en realidad, su ‘plan A’: utilizar la vía electoral para mimetizarse en las instituciones y atornillarse en el poder desde adentro a fin de legitimar su dictadura.
Algunos ingenuos creen que un Congreso fraccionado va a frenar a la izquierda comunista. ¡Qué equivocación tan peligrosa! Quienes conocemos por dentro la dinámica del poder y la rigidez de nuestra estructura constitucional sabemos perfectamente que los tramposos no necesitan mayorías absolutas para maniobrar. Todos hemos visto cómo operan la chequera pública y la mermelada corrupta. Pensar que no van a usar el presupuesto estatal para doblegar las instituciones, torcer la ley y comprar el aval que necesitan para su constituyente es un error que desafía el sentido común. El poder corruptor del Gobierno terminará financiando nuestro propio desmantelamiento.
En momentos en los que la defensa de las instituciones debe ser prioridad, hago mía la advertencia que el profesor Gaona plasma en su investigación: el verdadero peligro que enfrentamos no es el relevo de un mandatario en el Palacio de Nariño, sino la mutación silenciosa de nuestro Estado de derecho hacia una dictadura constitucional. La mayor amenaza de nuestro tiempo no viene de las armas, sino de una ruta perversa donde la norma misma se instrumentaliza como el artefacto perfecto para triturar las libertades desde dentro.
Por eso, estas elecciones son las más importantes de nuestros tiempos. La historia es un espejo implacable: así sucedió en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Antes de que el autoritarismo los devorara por completo, en las calles de esos países todo el mundo decía lo mismo: “No, eso aquí no va a pasar”.
¡Es hora de despertar! O defendemos la libertad, o le entregamos el país a un régimen tiránico que disfraza la paz con el control absoluto para desaparecer a la oposición y no soltar el poder jamás.