Las basuras y el linchamiento a Petro

Parto de la base de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pudiera tener un mensaje de persuasión hacia el sector privado, promoviendo iniciativas para la generación de empleo y promoción de las exportaciones. Con ello rompería con la actitud pasiva de la gran mayoría de alcaldes que se sientan a esperar las transferencias de la nación, las regalías, o que el empuje de la economía nacional los saque a flote sin hacer nada por impulsar la economía local. Nada indica que el progresismo deba estar divorciado del énfasis por el crecimiento económico.

Y parto del supuesto de que es urgente mejorar la calidad del gasto publico de la ciudad, como es urgente hacerlo con el del gobierno nacional. Esa idea de que aumentar a manos llenas el gasto público social reduce la pobreza es errada. Y en Bogotá habría que revisar qué tan eficientes pueden ser los ingentes recursos que se planea invertir, según el proyecto de presupuesto, a través de la Secretaría de Integración Social, que tendrá 911 mil millones de pesos en 2013. Al igual, en entidades arcanas como el Instituto para la Economía Social, que no se sabe qué hace en realidad, y que tendrá la friolera de 56 mil millones, o el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo.

Pero una cosa es eso y otra es que ciertos sectores políticos y de opinión pretendan atravesársele al alcalde Petro como mulas muertas en el camino, sin escatimar en acusaciones temerarias, en una especie de linchamiento.

La lista es larga, pero veamos algunas. Que la recolección de basuras en cabeza del Acueducto significará ir en contravía del régimen de regulación económica, de los privados, que logró aumentar la calidad y las coberturas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en el país. Falso. Ese aumento se dio gracias a las transferencias multimillonarias que estipuló la Constitución del 91, y que incluso puso en aprietos las finanzas del país a finales de los 90. Dicen también que la ciudad está a la deriva, que hay una parálisis administrativa, que los huecos y la invasión de vendedores ambulantes en las aceras se multiplican. No es cierto. Si estos aumentaron fue en la Alcaldía de Garzón, pasando por la de Moreno y la de Clara López. En la de Petro se ha reducido o al menos mantenido.

Que la rebaja en las tarifas de Transmilenio no beneficia a los más pobres y equivale a que el alcalde regale a cada uno de esos usuarios subsidiados un carro cero kilómetros. ¡Por dios! Quisiera saber dónde por 700 pesos de subsidio día, 210 mil pesos al año, le dan a uno un carro nuevo a ver si dejo de andar a pie como el Concejal Juan Carlos Flórez. El pasaje en Transmilenio no solo es caro, y por ello el subsidio se justifica por razones de tarifa, sino que la gente debe ir a pie, como en cajetillas de cigarrillos y hacer extensas filas para comprar un boleto. Además, un subsidio como el mencionado es eficiente en tanto que llega a los que más lo requieren, quienes por el uso del transporte colectivo contribuyen a aumentar la movilidad y a contaminar menos. Si alguna medida está pendiente es la renegociación de las tarifas con los operadores privados para que el costo del pasaje a los usuarios disminuya aún más o la ciudad no tenga que sufragar el mencionado costo. Y si alguna duda persiste sobre quiénes son los beneficiados aconsejaría tomar un bus de Transmilenio.

Quienes a regañadientes reconocen los tempranos logros de Petro deberían consultar la reciente encuesta del "Panel de Opinión 2012" de Cifras y Conceptos, en la que líderes y dirigentes regionales del país califican al alcalde por encima del 50 por ciento en temas como educación, servicios públicos, salud y lucha contra la corrupción. Petro al igual tuvo que salir a corregir los entuertos que dejó Moreno, como el litigio por la terminación del inviable contrato de construcción de la troncal ligera de Transmilenio por la 7, que al final le salió a la ciudad a precio de huevo.

El nerviosismo de ciertos sectores con las decisiones de Petro no parece responder a una auténtica preocupación por la efectividad de las políticas públicas, sino por el prejuicio y la preocupación por la trascendencia nacional que la primera administración de auténtica izquierda en Colombia pueda tener. Detrás están quienes pierden cautivos y jugosos negocios en la capital.

Si bien tengo dudas de que el traslado de la recolección de basuras al Acueducto vaya a beneficiar el grueso de los 11 mil recuperadores o recicladores o que la política de separación en la fuente de las basuras será exitosa en el corto plazo, la decisión del alcalde está suficientemente motivada. En primer lugar, está la sentencia T-724 de 2003, el Auto 268 de 2010 y el 275 de 2011 de la Corte Constitucional en los que de manera taxativa se ordena al Distrito adoptar políticas afirmativas para la población recicladora que los dignifique –y no cualquiera-, con medidas de separación en la fuente que les evite los riesgos a los que están expuestos y con vehículos motorizados para superar sus condiciones de vulnerabilidad y explotación. Esfuerzos pasados por configurar licitaciones con acciones afirmativas fueron saboteados por los mismos operadores privados.

En segundo lugar, las tarifas de aseo en Bogotá son muy caras. Entre 2010 y 2011 los operadores privados redujeron la tarifa 20 por ciento en el marco de las prórrogas y todavía sigue siendo cara. La decisión del alcalde no significa necesariamente volver a las ineficiencias de la EDIS, pues los tiempos han cambiado y el control sobre las empresas públicas puede ser hoy más efectivo. Los privados también fueron muy ineficientes hace unos pocos lustros, con ayudas estatales incluidas.

A quienes perdieron en las elecciones pasadas les recomendaría dejar gobernar al Alcalde Petro, criticarlo con argumentos y no distorsionar la realidad, pues el linchamiento no es un buen mensaje para quienes se les ha invitado a optar por las vías democráticas para producir transformaciones.