¿Ley de Garantías?

Después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de presentarse a la reelección presidencial, todos los días se habla de la Ley de Garantías, que no es otra cosa que un conjunto de reglas a las que debe someterse el candidato-presidente para estar en igualdad de condiciones frente a los demás contendores, o por lo menos es la idea. El presidente de la República no puede aparecer entregando casitas, no puede ir a la Convención Liberal, no debe tener mucha exposición en medios de comunicación, nadie lo puede ver en los acuerdos para la prosperidad, debe volar pocas horas en el avión presidencial, en fin, que nadie lo vea en nada so pena de ser sancionado por el dueño de la verdad en estos días: el procurador Alejandro Ordóñez.

La semana pasada, varios medios de comunicación, incluida esta revista, revelaron una encuesta hecha por Ipsos Napoleón Franco con la intención de voto para presidente de Colombia. El resultado fue un panorama sombrío y preocupante. El 25 por ciento de los encuestados no sabe por quién votaría, el 23 porciento lo haría en blanco y un restante 3 por ciento no votaría. A renglón seguido se desarrollaron todas las teorías e interpretaciones con ribetes políticos y coyunturales así como conclusiones en perspectiva en busca de la respuesta al 51 por ciento del inconformismo.

¿Qué está pasando? El electorado –quién decide– exige su propia Ley de Garantías y está cansado de la mamadera de gallo de la clase de política.

La Ley de Garantías es un mecanismo que debe aplicarse a la inversa, que proteja a los electores y comprometa a los elegidos, garantizando que las promesas hechas en campaña sean de estricto orden y cumplimiento.

El 51 por ciento no es un guarismo aislado, es la clara manifestación de la incertidumbre y la incredulidad de la gente del común, que no sabe a quién entregar sus banderas para sentirse representada y bien gobernada.

Cuando se habla de garantía se habla de compromiso. Eso es precisamente lo que no tienen nuestros gobernantes llámense concejales, alcaldes, diputados, gobernadores e incluso presidente de la República.

La Ley de Garantías debe ser una norma general que haga cumplir las promesas de los políticos y beneficie al electorado en varios frentes:

1- Que haya servicios médicos sin necesidad de aplicar tutela para un analgésico.

2- Que los campesinos puedan sacar los productos a las grandes urbes por vías decentes y de fácil acceso.

3- Que los niños más desprotegidos tengan acceso a una mejor educación con autopistas de la información.

4- Que la seguridad ciudadana se extienda en toda la ciudad y no solo para unos pocos con escoltas.

5- Que su trabajo sea dignificado y bien remunerado.

6- Que los dineros de las regalías lleguen a las regiones.

7- Que los presupuestos locales se ejecuten con veedurías

8- Que las vigencias futuras sean para propósitos sociales y de gobierno, y no para desfalcos.

Esta es la verdadera Ley de Garantías, una ley incluyente libre de ataduras y mañas. Cuando esto ocurra, muy seguramente las encuestas marcarán otro nivel y los candidatos no usaran la política para usufructuar sus intereses particulares acabando con las ilusiones colectivas.

¿Hay garantías? Juzgue usted.