Libertad de expresión en Chile: ¿Igual que en la dictadura?

En 1989, la dictadura Chilena llegó a su fin. Con este hecho iniciaron muchos cambios sociales y económicos para ese país. A pesar de esto, este proceso que fue conocido como “transición a la democracia” dejó de lado un asunto importante: la libertad de expresión.

Los cambios para que existiera libertad de expresión después de la dictadura tardaron muchos años y fueron el fruto de muchos casos en los que se sancionó a personas por expresar su opinión o hablar sobre asuntos de interés público. El caso más emblemático es el de la película La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, que fue censurada desde 1988 por el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile. Esta decisión era viable porque la Constitución Chilena establecía en su artículo 19 que “[L]a ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica”.

En 1996 la productora de la película presentó una petición para que se levantara la censura. Esta solicitud fue concedida y la reproducción del film fue autorizada. No obstante, un grupo de cristianos presentó un recurso judicial y, finalmente, en 1997, la Corte Suprema Chilena dejó en firme la decisión de que la película siguiera sin ser conocida por el público. Este caso llegó a la Corte Interamericana, que en 2001 ordenó que se modificara el artículo de la Constitución que permitía la censura.

El caso de la película de Scorsese era apenas una muestra de lo que sucedía con la libertad de expresión en Chile después de terminada la dictadura. Según lo contaba la relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del año 2000, a esa fecha, once películas habían sido censuradas desde 1990 y había “muchas otras que fueron previamente censuradas y que aún no pueden ser exhibidas. Estas cifras no incluyen los videos censurados, lo que implica una transgresión aún mayor, puesto que el Estado está censurando previamente lo que sus habitantes pueden ver o no en privado”.

Pero más allá de esto, las normas que existieron durante la dictadura chilena para acallar la crítica también se mantuvieron vigentes en la transición a la democracia y causaron violaciones graves a la libertad de expresión. La persecución y las agresiones físicas se habían reducido, pero el uso de la justicia como herramienta para censurar seguía existiendo gracias a varias normas que había desde mucho tiempo atrás.

Una de las normas que permitían este tipo de sanciones era la ley de Seguridad del Estado. Esta disposición fue usada  en 1999 para ordenar la censura y recogida de librerías del libro titulado “El libro negro de la justicia Chilena”, en el que la periodista Alejandra Matus criticaba al poder judicial de Chile por su falta de independencia y por ser objeto de corrupción durante el gobierno de Augusto Pinochet. Matus había sido denunciada por un juez de la Corte Suprema que era acusado en el libro y, a causa del proceso en su contra,  permaneció exiliada en Estados Unidos para evitar la prisión. El caso de Matus era apenas uno entre muchos de otros periodistas o ciudadanos que quisieron manifestar su descontento frente a irregularidades del Estado.

El artículo de la ley de Seguridad del Estado que fue usado para perseguir a Matus fue derogado en 2001 y Matus fue indemnizada en 2008, pero hubo otras normas que castigaban la crítica y la libre expresión que se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo. Hace 13 años, el 3 de mayo de 2002, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Gobierno Chileno de Ricardo Lagos anunció que presentaría un proyecto de ley que despenalizaba los delitos de difamación y de desacato que todavía estaban vigentes. Fue apenas hasta el 2005 en que esta reforma terminó su trámite en el Congreso y entró a regir.

Hoy en día la libertad de expresión en Chile no cuenta con las mismas limitaciones que tuvo en los 90 y comienzos del siglo XXI. De hecho, es reconocida por tener avances importantes en temas como la libertad de expresión en internet y el acceso a la información pública. Por otro lado, en el 2010 entró a regir una norma relacionada con la regulación de las emisoras comunitarias que trae algunos avances en la protección de las mismas. No obstante, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dijo en su informe de 2010 que esta norma traía algunas dificultades con respecto a la potencia, las capacidades de acceso a financiamiento o de transmitir en cadena para este tipo de medios. Por otro lado, muchos académicos concuerdan en decir que existe una fuerte concentración en la propiedad de los medios en Chile.

Además de lo anterior, varias emisoras han sido cerradas durante los últimos años por no contar con licencia. Más allá de esto, la Relatoría ha mostrado especial preocupación porque en este tipo de hechos se pueden presentar sanciones de prisión, lo cual es completamente desproporcionado. El gobierno chileno presentó una reforma para solucionar esta dificultad, pero esta no ha sido aprobada todavía.

Otra dificultad que ha surgido en los últimos años es el peligro de cubrir protestas sociales o referirse a asuntos relacionados con estas. En esta línea, durante 2013, se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República en el que se castiga con prisión al que “maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución”.

Las limitaciones que han existido en Chile después y durante la transición a la democracia podían haberse evitado con un mayor diálogo sobre la importancia de la libertad de expresión en la sociedad y la forma de incorporar este derecho como parte de la vida cotidiana. En Colombia, con el proceso de paz con las FARC, se han presentado algunas propuestas relacionadas con estos asuntos, pero el debate de cómo se incorporarán todavía está por darse.

*Abogado con especialización en periodismo. @EmmanuelVP