Lo que hay que mirar

Ahora que la campaña por la Presidencia de la República entra en la fase final de la primera ronda, los candidatos tratan de mostrar sus mejores armas de convencimiento a través de lo que constituye su programa de gobierno. De distintas maneras muestran los ejes centrales de sus propuestas en eslóganes, clichés, entrevistas, frases, pancartas o síntesis programáticas digeribles por los electores corrientes. A pesar de la retórica y el traslape de intereses en las propuestas, algo va quedando claro. Y de eso claro que va quedando, hay algo bien notorio: sólo dos candidatos tienen propuestas serias en torno a la participación ciudadana en los programas de gobierno en liza: Serpa y Gaviria. Vale la pena resaltar entonces la importancia de los programas de gobierno y el derecho a la participación, antes de decidir por quien votar.

Teóricamente, el programa de gobierno recoge en buena medida los intereses ciudadanos y lo que hace un candidato es sistematizar la demanda. Que éstas sean variadas explica la existencia de una variopinta de candidatos que recogen distintas reclamaciones y expectativas ciudadanas. Cualesquiera que ellas sean, lo importante es hacer notar el carácter participativo del programa de gobierno, que debe reflejar no el interés individual del candidato, sino el del grupo que representa.

Quizá sea importante recordar que, a diferencia de lo ocurrido en épocas electorales de antaño, los programas de gobierno no pueden ser ahora mera retórica, pues el programa del candidato ganador está llamado a convertirse en el anteproyecto de plan de desarrollo que deberá ser presentado al Congreso casi inmediatamente después de la posesión del cargo. Si todo marcha bien allí, habrá ley del plan de desarrollo y, en el peor de los casos, habrá decreto del gobierno aprobando el plan de desarrollo. El punto es que, en todo caso, el plan de desarrollo es una responsabilidad del candidato ganador y el mismo tiene como base el programa de gobierno que presentó en la campaña.

Y no parece necesario resaltar la importancia del plan de desarrollo para cualquier gobierno. Baste decir que allí aparecen directrices, programas, estrategias e incluso las principales decisiones que en los siguientes años afectarán a los ciudadanos. Y la plata para el efecto, pues la ley de presupuesto toma como base el plan de desarrollo. Bien mirado, el plan de desarrollo –cuyo primer bosquejo está consignado en el programa de gobierno del candidato ganador de la contienda electoral– no es más que el indicador más tangible de la política pública gubernamental que, a su turno, responde a una cierta demanda ciudadana.

Ni el más ingenuo de los electores creerá que en el plan aparece reflejada en toda su extensión su demanda o expectativa. La real politik deja ver bien pronto que el programa de gobierno se desdibuja por las más variadas razones –desde las prácticas hasta las ideológicas, pasando por las presupuestales–, tan pronto el candidato ganador se posesiona; y con frecuencia, lo que a la postre resulta en el plan de desarrollo definitivo, es bien diferente a lo planteado en el programa de gobierno, así las normas prediquen otra cosa.

Allí es donde vuelve a tomar gran importancia la reivindicación del derecho a la participación, como que es por su conducto por donde se puede intentar preservar la coherencia entre el programa de gobierno y el proyecto de ley del plan que debe presentar al Congreso el candidato ganador. Con la Constitución del 91 se instituyó el sistema nacional de planeación, con el Consejo Nacional de Planeación a la cabeza, conformado por autoridades, gremios, mujeres, indígenas, desplazados, etc., no necesariamente afectos a los intereses partidistas del ganador de la contienda electoral, a fin de garantizar la mencionada coherencia, pues el concepto que debe emitir el Consejo, si bien no es vinculante, es parte del trámite democrático del proyecto de ley del plan, cuya omisión lo afectaría de inconstitucionalidad por vicios de forma.

Es de Perogrullo decirlo, pero parece importante entonces que en la contienda electoral que se avecina, se miren con lupa los programas de gobierno propuestos por los candidatos; no sólo las fotos del tarjetón. Propongo tres claves sencillas para tal observación, en caso de no leer todo el programa: (i) detenerse un poco en el sentido de algunos eslóganes –pues ellos reflejan, de alguna manera, el pensamiento de los candidatos–; (ii) registrar el modo como los mismos incluyen el derecho a la participación –identificador clave de la toma de decisiones autoritarias o consensuadas–, y (iii) evaluar los efectos de la participación, tomando en cuenta lo señalado en el programa de desarrollo vigente –pues ello nos mostrará la pertinencia de continuar tal como están las cosas o cambiarlas sustancialmente–.

Danilo Rojas Betancourth es Miembro Fundador de DeJuSticia y
Profesor de la Universidad Nacional.