Los otros narcos

Ni la desmovilización de 30.000 paramilitares, ni la ofensiva del Plan Patriota contra las Farc en Caquetá y Meta han hecho que el negocio del narcotráfico disminuya. Por el contrario, las cifras de cultivos crecen y la producción de cocaína y heroína se ha incrementado, como lo demuestran las cifras récord de incautaciones en Venezuela, Ecuador, México y la estabilidad de los precios internacionales.

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son lo volúmenes reales de producción, y mucho menos cuáles son los ingresos por narcotráfico. El desconocimiento de las formas de reproducción, su funcionamiento y su penetración en el establecimiento y de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de perseguirlo es inversamente proporcional a los recursos militares y policiales invertidos en su lucha. Entre los 400 extraditados hasta el momento por presuntas actividades de narcotráfico y conexos y los más de 100 que esperan en Cómbita su partida a cárceles norteamericanas, menos del 5% han sido miembros de las Farc y las AUC, entonces ¿a qué grupo pertenece este 95%?

Se deduce que existe un narcotráfico independiente con una dinámica económica y social propia, cuyos intereses son autónomos pero que se entrelazan con unos y otros manteniendo el control del negocio y financiando el conflicto armado colombiano. No es tampoco el negocio de los grandes carteles ya desaparecidos, ni el de los grandes capos, ni el de los patrones como Varela o Diego Montoya, ni tampoco el de las listas de la DEA por quienes ofrecen enormes recompensas. Es el de los centenares de microcarteles que no le piden permiso a nadie para exportar sus mercancías, que han aprendido de sus mayores, que han aprovechado las oportunidades de la globalización y han penetrado mercados nuevos donde el consumo se ha disparado, como en Gran Bretaña, Australia o Brasil.

Ellos han modificado la cadena productiva y han vuelto a importar base de coca de Perú por tener más alcaloide y tener mejores precios, tienen influencia política local y un enorme potencial de violencia, de lo cual hacen uso, como en los casos oscuros de Barranquilla, Guaitarilla o Jamundí. Ellos han demostrado que su capacidad de penetración es tan grande, que trasciende las fronteras patrias y que la extradición no ha tenido efectos.

En Colombia se ha renunciado a estudiar este fenómeno, son pocas las voces académicas y las instituciones que siguen pensando el problema y haciendo planteamientos diferentes al de la represión, la militarización de la solución, salvo en el de los efectos ecológicos nocivos de la fumigación que no han sido escuchados.

No se ha formado siquiera una Comisión Estatal o mixta con la sociedad civil para “frentear” el problema. Mucho menos se ha conformado algún comité para facilitar salidas como los que organiza la Jerarquía Católica. Pareciera que estuviéramos paralizados por el miedo a la sospecha pública, al escarnio o al señalamiento internacional.

Se ha involucionado 15 años atrás cuando, recién expedida la Constitución del 91, y con la esperanza de la paz concertada, se diseñó una política de sometimiento que fue desgraciadamente desaprovechada por los narcotraficantes, aunque facilitó el desmonte de algunas organizaciones. Este mecanismo entró en descenso con el pretexto de su fracaso, como si no lleváramos 25 años de experiencias fallidas de paz.

Tampoco la OEA ha hecho esfuerzos por resolver políticamente el problema, ni diseñado mecanismos, como si este no fuera el mayor problema de seguridad continental, aun cuando el cuadro de gobiernos nacionales más afines a criterios sociales de gobernabilidad podrían establecer un escenario de diálogo en condiciones menos asimétricas con Estados Unidos.

No es posible solucionar el conflicto armado sin resolver el problema del narcotráfico que lo alimenta e impide el control efectivo del territorio colombiano y el monopolio de las armas por el Estado. El narcotráfico es un actor independiente del conflicto con el cual hay que negociar, como ya lo reconocen académicos europeos, que no se debe disfrazar de paramilitarismo para ser tenido en cuenta en las mesas de negociación de paz y con el cual hay que buscar interlocutores representativos que están dispuestos a discutir su desmonte contando con Estados Unidos.