Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/09/20 19:37

FARC deben aportar económicamente a la reparación de víctimas

Nadie se come el cuento que las FARC son una organización que trabaja con los bolsillos vacíos y que los SIC no tengan pistas sobre los recursos de esa guerrilla.

Luis Felipe Cruz Olivera. Foto: Semana.com

Las FARC deben aportar a la reparación de las víctimas con dineros del narcotráfico. Es inverosímil que los servicios de inteligencia colombianos no tengan pistas sobre el paradero de los recursos que las FARC. Tampoco nadie se come el cuento que las FARC son una organización que trabaja con los bolsillo vacíos.

La reparación integral de las víctimas es un asunto crucial para el éxito de la implementación del acuerdo de paz. Por eso hay que preguntarse si en el texto de La Habana existe una obligación para las FARC de utilizar los dineros que acumularon a lo largo de su participación en la economía del narcotráfico, con el propósito de satisfacer los derechos de las víctimas. La pregunta es relevante porque manifiesta la preocupación de que las FARC, como actor armado que vulneró derechos, no asuman una parte importante de los costos económicos de reparar los daños.

El parcial desconocimiento de las finanzas de las FARC, y el grado de incertidumbre con el que se maneja el tema, no puede ser la excusa para cargar con toda la responsabilidad presupuestaria sobre el Estado. Si el proceso de paz ha logrado transformar el discurso de esa organización, que antes negaba rotundamente sus nexos con la economía de la coca, la implementación del acuerdo es una oportunidad para que demuestren su compromiso con las víctimas.

A pesar de no haber una mención expresa sobre este tema, sabemos que para acceder a las medidas especiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los miembros de la guerrilla deben reconocer su participación en el narcotráfico, asumir su responsabilidad sobre estos delitos y contribuir a las medidas de reparación.

Requisitos ponen de manifiesto que si estas personas quieren beneficiarse de la amnistía y el indulto por delitos de narcotráfico, no sólo deben probar que los recursos obtenidos en estas actividades ilegales se destinaron para financiar a la organización guerrillera, sino que deben colaborar efectivamente para retribuir a las víctimas.

En la actualidad no se sabe cuánto ni dónde está guardado el dinero que tiene esta guerrilla. El Presidente Santos ha declarado que lleva 10 años persiguiendo la plata de las FARC, sin encontrar las “fabulosas” cuentas. Pero es inverosímil que los servicios de inteligencia colombianos no tengan pistas sobre el paradero de los recursos que las FARC han acumulado desde la década del 80.

Precisamente, la transformación de ese movimiento guerrillero en Ejército del Pueblo implicó la decisión pragmática, tomada en la Séptima Conferencia, de inmiscuirse en la naciente industria de la cocaína. Ya se han hecho cálculos de los costos económicos de la guerra para esa organización y de la dependencia que esta estructura militar desarrolló de los recursos provenientes del narcotráfico. Por eso nadie se come el cuento que las FARC son una organización que trabaja con los bolsillos vacíos. Librar una guerra de posiciones contra el Estado colombiano, fortalecido militarmente mediante cooperación técnica internacional, es un asunto que implica la movilización de miles de millones de pesos.

Si las FARC dicen que no hay plata, el gobierno debe poner en marcha una estrategia para perseguir decididamente los bienes y activos involucrados en el narcotráfico –tal como se desprende del texto del acuerdo–, y debería priorizar las cuentas de las FARC. Al mismo tiempo, debe mejorar las capacidades para prevenir, investigar y controlar el lavado de activos, así como realizar los ajustes necesarios para lograr la aplicación efectiva de la extinción de dominio, con miras a que esos recursos sean usados en pro de la reparación de las víctimas.

Al final, aquí la cuestión va más allá de lo explícitamente pactado en los acuerdos. El paso justo que el país espera de las FARC es que, así como aceptaron su involucramiento en función de la rebelión con el narcotráfico, revelen las verdades sobre los recursos que tienen, y los destinen para materializar la reparación que merecen sus víctimas. Si se niegan deberá ser la JEP quien exija a las FARC la claridad suficiente sobre el origen, ubicación y destino de la plata que acumularon gracias al narcotráfico.

* Investigador de Dejusticia - @lfcruzo

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