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RAFAEL GUARÍN

Maleza Jurídica

En consonancia con la tradicional visión revolucionaria, las FARC siguen creyendo que la violencia es la que produce el derecho.

Rafael Guarín, Rafael Guarín
16 de agosto de 2014

En consonancia con la tradicional visión revolucionaria, las FARC siguen creyendo que la violencia es la que produce el derecho. Así, mientras mantiene un pulso con el gobierno en los temas esenciales de la negociación, víctimas y mecanismo de refrendación, escala su accionar violento en diferentes zonas del país con el fin de fortalecer su posición en la mesa.

Asumir la “solución política negociada” bajo la clave de la combinación de violencia y política es lo obvio en una organización de ese tipo. Pero el alcance que quieren darle a dicho planteamiento esta fuera de lugar y de época. Durante la guerra fría o hasta hace poco menos de dos décadas era el adecuado. Lo único que importaba era la fuerza que sustentaba la voluntad y las fórmulas de compromiso entre quienes llegaban a un “Acuerdo de Paz”. Ahora es diferente.

La reacción de Márquez, que es la de las FARC, al calificar de “maleza jurídica” las dos sentencias de la Corte Constitucional que establecen límites que deberá tener en cuenta obligatoriamente el Congreso en materia de justicia, víctimas y participación política, revela que la organización se resiste a aceptar que en el mundo de hoy la fuerza de los fusiles no es suficiente y que si quieren realmente la paz, esto es, para ellos, que el Estado cese la persecución en su contra por sus acciones criminales, deben someterse al orden jurídico que no fueron capaces de derrocar.

La indignación de los camaradas es comprensible. Cada vez es más evidente que 'Timochenko' y Santos están de acuerdo en la caracterización del “conflicto” tanto en sus “causas” y lo que se debe hacer con miras a superarlo, entre esto último, en que los integrantes de las FARC no deben pagar un solo día de cárcel y tener participación política sin restricciones. Las dos sentencias sobre el “marco jurídico” hacen papilla esos dos “acuerdos”.

La “maleza jurídica” a la que se refiere el grupo es nada más ni nada menos que los mínimos de la paz.  ¡Deben respetar los derechos de las víctimas! ¡Deben tener una pena que sea proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos!!Las atrocidades no habilita el ejercicio de derechos políticos a los que renunciaron al convertirse en criminales de lesa humanidad! ¡Y la paz no puede ser sinónimo de impunidad!

Señor Catatumbo, la “maleza jurídica”, esa hierba indeseable que comienza a regarse sin control, no es más que una realidad del mundo que no se puede evadir. Lograrlo exigía haber hecho la revolución. No la hicieron. No fueron capaces a pesar de ser Colombia uno de los países con más desigualdad del mundo, tener enormes contingentes de pobreza, no haber terminado de construir el Estado nación, contar con las generosas riquezas del narcotráfico y de ser un país con una clase dirigente económica, social y política profundamente mediocre, corrupta, mezquina y depredadora. 

Es imposible poder cortar la “maleza”. El gobierno les pude decir lo que ustedes quieren escuchar. Al fin y al cabo el afán de Santos es firmar, el de ustedes que les cumplan. Me pregunto: ¿se imaginan ustedes mismos esposados en una década, al estilo Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo, resultado de una decisión de tribunal foráneo o porque internamente se caigan las falsas “seguridades jurídicas” que hoy les venden? ¡No hay que olvidar que cuando se trata de crímenes contra la humanidad la “cosa juzgada” ya no es “cosa juzgada”!

Ciertamente, el marco jurídico para la paz es un adefesio contra los derechos de las víctimas: a la inmensa mayoría les niega el acceso a la administración de justicia: no les permite acudir a un fiscal y a un juez con el fin de que se investigue, juzgue y condene a los victimarios al establecer la posibilidad de renuncia a la persecución penal; pero aun así al Secretariado no le gusta. ¡Reclaman impunidad absoluta! ¡Pretenden reconocer las víctimas pero no que son victimarios!!Quieren elevar la atrocidad a un medio legítimo de acción política! Pero, resulta, que nada de eso es posible. ¿Por qué no se miran al espejo?

Señores de las FARC: la paz tiene un precio que no sólo debe soportar la sociedad colombiana. Se deberá admitir un funcionamiento flexible de la administración de justicia, promover su conversión en partido político una vez se disuelvan, buscar su integración como ciudadanos, proporcionarles seguridad jurídica y todo lo que se requiera en orden a que no se repita la barbaridad cometida contra la Unión Patriótica, pero ustedes deben pagar un precio, el mínimo es la “maleza jurídica” que tanto les incomoda.

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