Más víctimas pero menos plata

El país se llenó de víctimas. A los tres millones de víctimas del conflicto armado que aún están por constatar hay que sumar ahora los dos millones de víctimas contantes y sonantes, de carne y hueso, de la tragedia invernal. En consecuencia, a los 40 billones de pesos que se estima costará la reparación de las primeras hay que sumar ahora los más? de diez billones para resarcir los daños a las segundas, cuya calamitosa situación humanitaria no da espera. ¿Hay plata para tanta gente?

De momento, no. Y ya se nota la preocupación del Ministro de Hacienda. Porque definitivamente el desastre invernal, inesperado pero no sorpresivo, le cambiará totalmente la agenda al gobierno. Para empezar, habrá que reasignar el presupuesto. Y para continuar, será necesario revisar la cobertura y el impacto fiscal de ciertas iniciativas legales. Ya lo hizo con el aplazamiento de la derogación del 4 por mil. Tendrá que hacerlo con las consecuencias fiscales de la ley de víctimas del conflicto. Porque, desafortunadamente para el país y para las mismas víctimas del conflicto, la indemnización económica por cuenta del erario público se convirtió en una obsesión para algunos impulsores de esa ley. No importa que para las víctimas este tema no sea el más importante, ni que toda la experiencia internacional demuestre que hay otros asuntos que son más importantes que la indemnización económica cuando se trata de dar por terminado un conflicto interno, de lograr la reconciliación nacional y de asegurar que no se vuelva a repetir la tragedia que ocasionó la violencia. Esos temas trascendentales son: la verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas.

Pero como aquí para muchos el asunto crucial es cuánto dinero en efectivo se le va a dar a cada víctima, entonces el alcance de la ley lo va a determinar la situación fiscal y no la búsqueda de la verdad, ni el logro de la justicia, ni el reconocimiento de todas las víctimas. Este exagerado énfasis en la indemnización económica ha puesto a la ley en aprietos, porque como el erario público es limitado y debe atender sin demora la emergencia invernal cuyas consecuencias se prolongarán por muchos años, entonces las víctimas del conflicto tendrán que competir de ahora en adelante con las víctimas del invierno. Es tal vez por esta razón que el Congreso ha decidido resolver a la ligera este nudo gordiano con un machetazo histórico: el conflicto armado solo ha ocasionado víctimas a partir de 1991. Las víctimas de años anteriores no son víctimas. Por supuesto que semejante

absurdo histórico no resiste ningún examen: quedarían por fuera las víctimas que provocó el M-19 en el Palacio de Justicia y en muchos otros sitios; las víctimas de los crímenes de los paramilitares en los años 80; de los asesinatos y secuestros de las Farc, el ELN, el EPL y otros grupos en esa época; las víctimas de la Unión Patriótica, del Partido Liberal y del Partido Conservador; de los magnicidios, etcétera.

En la ley no se reconocerán estas víctimas porque la plata no alcanza. Pero esto será una violación flagrante del principio que se dice ilumina dicha ley, según el cual todas las víctimas son iguales y merecen igualdad en reconocimiento, en justicia y en verdad. Pero para la ley las víctimas son iguales solo hasta donde el presupuesto alcance. Nada más.

Yo sugeriría darle una reorientación fundamental a esa ley: hacer de la verdad y la justicia los principales ingredientes de la reparación a las víctimas. Establecer que la fecha para reconocer a las víctimas sea el año 1964, cuando se crearon las Farc, hecho que sí se puede considerar como el inicio del conflicto interno que aún no termina. Que se busque verdad y justicia a partir de ese año. Que la reparación material de las víctimas sea mediante el acceso privilegiado a bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad social, un techo digno, servicios públicos, etcétera. Y que la indemnización económica adicional se otorgue únicamente a las víctimas en situación de pobreza crítica, y no para todo el mundo, como lo determina la ley actual.

Es necesario reivindicar los verdaderos principios de la justicia transicional creada para facilitar el paso del conflicto al posconflicto y que hacen énfasis en la recuperación de la verdad, en hacer visibles a las víctimas y responsables a los victimarios. Otra cosa es la utilización demagógica de las víctimas que hacen ciertos parlamentarios, quienes identifican la justicia con la distribución de cheques para todo el mundo. Esto ni se puede ni se debe. Primero, porque la plata no alcanza. Y segundo, porque lo que quiere la inmensa mayoría de las víctimas es verdad y justicia, no plata. Un cheque no salda la deuda con sus muertos: la verdad y la justicia, sí.