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Opinión

  • | 2010/07/03 00:00

    Menos narcotráfico, justicia más dura

    Hay que ajustar la política contra el crimen organizado. Los jueces de garantías itinerantes son una buena medida, pero puede ser insuficiente.

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Por estos días se han cruzado dos noticias aparentemente contradictorias: la disminución del narcotráfico en Colombia y la creciente capacidad de los narcotraficantes para amedrentar a los jueces, en busca de impunidad. Son dos hechos de mucho fondo que ameritan analizarse en conjunto.

En efecto, el más reciente informe de Naciones Unidas sobre drogas ilícitas confirma lo que ya habíamos señalado en esta columna, basados en informaciones de otras fuentes: que el narcotráfico está decayendo en Colombia, que esto se debe a una política efectiva que está dando frutos, que el nuestro se ha convertido en un país de mucho riesgo y poca rentabilidad para los narcotraficantes, y que, en consecuencia, este negocio ilícito se está trasladando hacia otros países.

El informe de Naciones Unidas coincide en estas conclusiones generales con un informe anterior publicado por la Embajada de Estados Unidos en noviembre del año pasado. Para la ONU, durante los últimos cinco años en Colombia se ha venido reduciendo la cantidad de cocaína producida, hasta el punto que hoy solo se elabora el 40 por ciento de lo que se producía hace diez años, y es la menor cantidad desde que hay mediciones. En casi igual proporción se ha reducido el área de los cultivos de coca, que hoy es solo el 42 por ciento de la que había en 2001. Departamentos como Cundinamarca y Cesar han sido declarados libres de coca. A esto se suman los éxitos recientes en la interdicción: 203 toneladas incautadas el año pasado, que es una cantidad superior a las incautaciones sumadas de todos los países consumidores.

Los éxitos colombianos en la reducción de las siembras, de la cocaína producida y en la interdicción han constituido un aporte sustancial en la disminución de la oferta mundial y en la escasez de la cocaína en el mercado, con sus secuelas positivas de menores tasas de adicción, precios más altos y menor pureza del producto. Esto debe haber influido en la caída del consumo en Estados Unidos, junto con la migración de los consumidores hacia otras drogas. Según la ONU, la disputa por un mercado cada vez más pequeño explicaría la violencia entre las mafias mexicanas. También, decimos nosotros, ayuda a entender la feroz disputa territorial entre las bandas del crimen organizado en Colombia, que, dicho sea de paso, son víctimas de creciente expoliación por parte de las mafias mexicanas que para la compra de la cocaína les imponen sus propias condiciones leoninas en un inapelable "lo toma o lo deja".

Con la presión del Estado encima, en Colombia estas bandas han optado por aliarse con las guerrillas a lo largo y ancho del país, para defender su participación en un botín cada vez más disminuido. Acosadas y debilitadas han centrado sus esfuerzos violentos en el eslabón más débil de la cadena de la represión estatal: la justicia. Sus amenazas y atentados contra jueces y fiscales son su último y extremo recurso en medio de un ambiente cada vez más hostil y riesgoso para su actividad criminal.

Lo cual no significa un reto menor, sino, al contrario, de mucho cuidado para el Estado. Este debe adecuarse permanentemente a las siempre nuevas formas de actuación de la delincuencia. Para consolidar los éxitos contra el que esperamos sea el último ciclo del narcotráfico, es necesario darles mayor protección y garantías a los jueces, y ponérsela más difícil a los bandidos en los tribunales. Hay que ajustar la política contra el crimen organizado. Los jueces de garantías itinerantes son una buena medida, pero puede ser insuficiente y hay que complementarla.

Por ejemplo, en México se ha discutido y en El Salvador se ha procedido a conformar cuerpos colegiados de jueces para emitir sentencias, luego de que otros jueces distintos hayan asumido las diferentes etapas de cada proceso judicial contra el crimen organizado. En Alemania, Bélgica, Francia y Suiza, se ha aplazado la presencia del abogado luego de la captura del criminal. En algunos países se han ampliado los plazos para la prescripción de los delitos. En otros se ha reglamentado la utilización de agentes encubiertos, la infiltración policial y las entregas controladas de drogas, armas, etcétera, en búsqueda de pruebas incriminatorias válidas. En Italia se conforma un Código Único contra el crimen organizado que agrupa todas las leyes antimafia, lo que en nuestro medio sería una buena ocasión para generar los nuevos desarrollos legales. Estas podrían ser iniciativas para tener en cuenta en un necesario endurecimiento de la justicia contra el crimen organizado. Porque vamos bien, pero hay que apretar el paso.
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