Mi voto no es por la paz

Con los millones de jóvenes, campesinos, estudiantes, profesores, amas de casa, ejecutivos, víctimas, de colombianos y colombianas que habrán razonado sobre el imperativo de que todos merecemos -nosotros y las generaciones futuras- un país que haya superado sesenta años de conflicto interno, los votos por la paz habrán de ser más que suficientes. Supongo.

Estamos más cerca que nunca de llegar a la firma de un acuerdo con las FARC y para que ello sea el primer paso hacia el fin de la guerra, necesitamos un país con sus instituciones fortalecidas. 

Necesitamos a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, sobre todo a la Procuraduría, independientes, robustecidas, autónomas y obrando en derecho. No podemos seguir impávidos viendo el espectáculo de los entes de control convertidos en policía disciplinaria o peor aún en policía política. 

Para que la paz que se está madurando en La Habana sea firme y duradera, debemos evitar el segundo round de la toma de las Altas Cortes, garantes del respeto a la Constitución de 1991. Ya suficiente daño hicieron con la politización infortunada de algunas de ellas, en medio de una reelección tramposa.

Mi voto quiere salvaguardar el avance, con sus más y sus menos, de una política social activa, de carácter compensatorio y redistributivo impulsada por el Estado, versus, una política social que desde 2002 hasta 2010 renunció a toda visión compensatoria y que creyó y cree con firmeza que es el mercado y no el Estado el que debe resolver las tensiones que genera la falta de condiciones dignas para los más pobres.

Con todo y sus imperfecciones, el proceso de acuerdo con las FARC en la Habana que por una vez en la vida reconoce a las víctimas en el ámbito político, la Ley de Víctimas, la Ley de Tierras, la reciente propuesta de Reforma Estatutaria a la Salud y la política pública de vivienda gratuita están reconociendo los derechos de sectores de la sociedad abandonados y vulnerados históricamente. 

Lo otro sería regresar a ser gobernados por ese sector autoritario que, sin lugar a dudas, preferiría estrechar el régimen democrático. Reviviría programas como Agro Ingreso Seguro, volvería a poner la mordaza a los medios de comunicación con el argumento manido (de los medios) de la autocensura, regresaría al recorte de garantías, derechos y libertades públicas, a la persecución de los movimientos de izquierda, a la utilización de medios ilícitos en contra de la oposición; a la confrontación con los países vecinos ¿tal vez una guerra con Venezuela?; a las citas con sus buenos muchachos por la puerta trasera, al fortalecimiento de los artesanos vía la empresa de sus vástagos y, quién quita, a nombrar a una María del Pilar Hurtado recién deportada en uno de los  más altos cargos de la seguridad nacional. Sería el escenario de regreso a la época colonial pero con élites de todas las calañas, ellos los dominadores, nosotros    -la sociedad colombiana en su conjunto- los dominados.

No obstante lo anterior, el candidato que será (espero) ungido para la tarea de la reconstrucción social del país, tendrá la obligación ética de demostrar que sabe interpretar que la verdadera paz requiere modificar el estándar de desarrollo que nos ha conducido a vivir una de las guerras civiles más antiguas del mundo. 

Sólo cambiar esos patrones económicos, sociales y políticos permitirá cimentar la nación (y no digo patria) que es la base incuestionable para controlar el poder político mediante la construcción colectiva de una sociedad inserta en la economía tanto en el campo como en los centros urbanos. Mi voto es por la institucionalidad democrática en su integridad.