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Opinión

  • | 2012/03/24 00:00

    ¿Necesitamos más fuerza pública?

    No se trata de desarmar al país ante las amenazas. No se trata de vulnerar la seguridad. Se trata de darle un uso racional a las fuerzas y a los recursos y de tomar un camino que nos aproxime a la reducción de las violencias y a la reconciliación.

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La conmoción que suscitó la muerte de 11 soldados en Arauca llevó al presidente Santos y al general Navas a insistir en el aumento del pie de fuerza. Es una declaración que se ha repetido una y otra vez en los últimos 15 años y siempre ha sido bien recibida por la opinión pública. En este aire las Fuerzas Militares, la Policía y el presupuesto de Defensa se han multiplicado. Nadie se atreve a cuestionar el proceso y quien lo haga corre el peligro de ser tachado de amigo de la subversión.

Me atrevo. Ya no es justificable ni beneficioso para el país proseguir la militarización de la vida nacional. El avance guerrillero en el sur y en el oriente de Colombia, al finalizar el siglo, obligó al Estado a su expansión militar, eso nadie lo puede discutir. Dio grandes frutos. La guerrilla ha sido derrotada en sus pretensiones de llegar al poder. La situación ha cambiado sustancialmente.

Ahora se trata de contener un accionar persistente, menudo y disperso de la subversión en zonas de frontera y en territorios profundos, aunque tachonados de explotaciones petroleras, mineras y agrícolas decisivas para el país. Se trata, igualmente, de responder a la nueva generación de organizaciones criminales herederas de paramilitares y narcotraficantes con una amenazante presencia en las zonas urbanas.

Se necesita una reorganización de la fuerza pública, un nuevo despliegue de sus efectivos, no un número mayor de sus miembros. El tamaño es de verdad enorme. Al finalizar 2011 alcanzamos la cifra de 283.773 militares y 163.635 policías, para un total de 447.408 efectivos. Es el 1 por ciento de la población. Una proporción de 40 a 1 frente a la guerrilla.

Tenemos un ejército igual al de Brasil, país que tiene ocho veces más territorio y cinco veces más población que Colombia. En 2009 la inversión en seguridad y defensa llegó al asombroso registro de 5,1 por ciento del PIB, ahora está en un poco más del 4 por ciento. Pero el promedio de la región suramericana no pasa del 2 por ciento.

El caso de Arauca, que ha motivado este nuevo llamado al crecimiento, es muy diciente. Allí hacen presencia dos brigadas militares y un gran pie de fuerza de la Policía con cerca de 13.000 integrantes para 250.000 habitantes y 23.818 kilómetros cuadrados. Pero buena parte de estas fuerzas se dedican a cuidar la infraestructura energética, no a labores ofensivas sobre las guerrillas o a expediciones sobre las bandas criminales.

No se trata de desarmar al país ante las amenazas. No se trata de vulnerar la seguridad. Se trata de darle un uso racional a las fuerzas y a los recursos y de tomar un camino que nos aproxime a la reducción de las violencias y a la reconciliación política.

El Plan Espada de Honor, que la cúpula militar ha presentado en estos días, es un comienzo. Muy buena la idea de sustituir los Comandos Conjuntos, que movilizaban grandes y pesadas fuerzas a extensos teatros de operaciones, por Fuerzas de Tarea en zonas específicas y con blancos precisos. Muy acertada la definición de las regiones prioritarias. Muy bien concebido el objetivo de presionar y disminuir las guerrillas para acercarlas a una mesa de negociación.

También la Policía debería darle un impulso a su modernización y reorganización para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado, depurando sus filas y dedicando esfuerzos a desmontar los mercados ilegales y la captura de rentas públicas y privadas por parte de organizaciones mafiosas. Ahí está su principal reto.

Ahora bien, parar el crecimiento de la fuerza pública y el gasto en defensa implica desarrollar de verdad las reformas que Santos ha anunciado para el campo y comprometer a las empresas nacionales y extranjeras en un pacto social y ambiental con las regiones y las comunidades. Solo así se crea un entorno favorable para que nuestros soldados y policías dejen de ser escuadrones de choque apostados en las minas, en los pozos petroleros y en las plantaciones agrícolas repeliendo los ataques de la guerrilla y las protestas sociales. Un ambiente para la paz. Cambiar es difícil. Lo más fácil es la militarización.
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