Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2004/03/28 00:00

Para restablecer los derechos de los desplazados

Un reciente fallo de la Corte Constitucional llama la atención de la sociedad y del Estado en cuanto a la situación de los desplazados por el conflicto armado. Francisco Galindo, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), subraya lo dicho por el alto tribunal.

Para restablecer los derechos de los desplazados

Con su reciente fallo, la Corte Constitucional ha enviado un mensaje contundente a la sociedad y al Estado colombiano: la situación que enfrenta actualmente la población desplazada por la violencia es intolerable y contradice la razón de ser del Estado: garantizar los derechos de todos sus habitantes. Al mismo tiempo, la Corte implícitamente está llamando la atención a la comunidad internacional y a quienes brindan atención humanitaria.

Detrás de las cifras del conflicto y de la violencia hay una población que, en su condición de víctima, requiere la protección y atención del Estado, la solidaridad de la sociedad y la respuesta complementaria de la comunidad internacional.

En la medida en que cada una de estas personas es sujeto de derechos, la Corte Constitucional ha señalado que estos derechos no pueden tener tan sólo un "contenido retórico". Las respuestas que en protección y atención debe brindar el Estado a los desplazados están claramente ceñidas al contenido de sus derechos. No se trata entonces de una respuesta discrecional de las autoridades, sino de una respuesta ajustada a las obligaciones asumidas por el Estado a través de las mismas normas que él soberanamente ha expedido.

Frente a una privación múltiple y continua de los derechos de la población desplazada, la justicia colombiana muestra las virtudes de un modelo democrático donde el equilibrio entre los poderes institucionales permite ajustar la respuesta estatal al sentido de la razón de ser del Estado. Adicionalmente impide que a los desplazados, además de todos los derechos que se les han sustraído, se les prive también de la posibilidad de acceder a la justicia para buscar la materialización de los mismos.

Esta sentencia es una oportunidad para responderles a los más de dos millones de colombianos que han tenido que huir por la violencia y a las comunidades bloqueadas, a quienes ni siquiera les han permitido buscar protección en otra zona del país. El reto que tienen las autoridades colombianas este 31 de marzo - fecha límite establecida por la Corte - consiste en definir el Plan con el cual van a responderles.

La sentencia de la Corte no debería ser entendida como un argumento para disminuir el contenido de los derechos de la población desplazada, sino una invitación a hacerlos efectivos. Este plan, por supuesto, requiere darle al desplazamiento el lugar prioritario que le corresponde dentro de la agenda política y el esfuerzo fiscal del Estado. Implica pensar en la necesidad de ajustar la respuesta al contenido de los derechos de la población, establecer mecanismos de participación real y efectiva de la población desplazada, encontrar fórmulas concretas que permitan atender las necesidades especiales de la mujer en el conflicto. La sentencia es una oportunidad para realizar todo el esfuerzo "por los mejores medios y con el máximo de recursos disponibles" para atender una emergencia humanitaria que está poniendo en riesgo la vida digna de millones de colombianos.

* Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.