Participación política

De los cinco puntos de los diálogos de paz, el primero, que es el "desarrollo agrario integral", está ya en camino. Difícil camino, desde luego, y previsiblemente sangriento: han surgido "ejércitos anti-restitución de tierras", han sido asesinados varios de los dirigentes reclamantes. Pero ya empezó a ser andado, y en él tanto el gobierno como las Farc saben lo que quieren, y más o menos coinciden en el objetivo: restitución, distribución, pacificación. No se opone a él abiertamente ni siquiera Fedegán, que es la asociación de los terratenientes ganaderos. Escribe su presidente José Félix Lafaurie (en El Nuevo Siglo del hoy ministro Juan Gabriel Uribe) que "ya se adivina el discurso de la reforma agraria expropiatoria"; pero añade que "el gremio ganadero nunca será palo en la rueda (para) restituir y redistribuir las tierras arrebatadas por el narcoterrorismo en todas sus formas", y concluye diciendo que "así no nos guste, si el desarrollo rural integral se logra como exigencia de la negociación, bienvenido sea".

Del cuarto punto (sé que voy en desorden),el de las drogas ilícitas, dije aquí la semana pasada que no es cosa de la mesa de diálogo entre colombianos: sus raíces están en otra parte, y sus efectos de violencia y corrupción seguirán pesando sobre Colombia con la fuerza inevitable de la gravitación universal hagamos lo que hagamos. Otro punto, el de las víctimas, es eterno, y al respecto todo acuerdo será siempre insatisfactorio, y toda protesta contra su insatisfactoriedad será inútil, y de antemano sabida inútil: un retórico brindis al sol. Queda el punto de la participación política -y de él depende el propósito central de todo el ejercicio, que es el fin del conflicto. Se entiende: del conflicto armado.

Dice en una entrevista a El Espectador uno de los negociadores por parte de las Farc, Andrés París, que lo que su guerrilla quiere es transformarse "en fuerza política", y no "salir en pantaloneta" después de entregar las armas. Es obvio. Si no han sido derrotados, aunque estén muy golpeados, no van a abandonar su lucha política (armada) a cambio de nada, o de la cárcel, o aún de la amnistía. Y este gobierno, a diferencia de otros más ingenuos o más cargados de desprecio de clase, sabe que no basta con ofrecer un taxi. Hacer política, que es lo que las Farc pretenden, tampoco consiste solamente en echar lengua en el parlamento en vez de echar bala en el monte, para usar la expresión consagrada. Hacer política es, como dice París, "continuar la lucha por nuestros objetivos y banderas", con todos los instrumentos, salvo el de las armas. Es participar en la vida pública nacional como lo hacen todos los demás partidos colombianos de derecha o de izquierda, desde el Puro Centro Democrático hasta el Polo Alternativo Democrático (pues la palabra que importa es esa: democrático). Y hacer política es tener parte, como todos los demás, en el manejo de los asuntos públicos, a través del Congreso, y de las Asambleas, y de los Concejos Municipales, y del poder ejecutivo a todos sus niveles, y del judicial. Es tener representación electoral, pero también participar en el reparto de los puestos y de los contratos, de las embajadas y de las corporaciones autónomas regionales y de los órganos de control. Es incluso, si llega el caso, entrar a formar parte, como todo el mundo, de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos, "sin misterios pero con ministerios", como diría el guasón exopositor Lucho Garzón, hoy ministro. Que las guerrillas entren a participar en la política significa que es posible que en la Unidad Nacional quepa también lo que no cupo en el Frente Nacional de hace 55 años.

Yo, personalmente, preferiría que la política de las guerrillas desarmadas consistiera en hacer oposición, y no en formar parte del gobierno. Pero bueno: eso es cosa de ellos.

Desarmadas, esa es la médula a la que deben llegar los acuerdos sobre el final del conflicto. Explica París que la palabra "dejación" (de las armas), "gramaticalmente no significa entrega. Es dejar de usar". La guerrilla debe dejar de usar las armas, pero no para ir a la cárcel, sino para participar en el poder o en la disputa por el poder: para legitimar, sin las armas, el poder local que ya tiene, o para alcanzarlo. El sapo que se tiene que tragar el establecimiento -para usar otra expresión ya consagrada- no es sólo el de oír a Timochenko echando discursos en el Congreso, sino el de ver a Catatumbo de gobernador de Santander, y a un todavía ignoto guerrillero de alcalde de Granada en el Meta o de Florencia en el Caquetá, y a Andrés París de embajador ante el Vaticano.

¿Por qué no? Así llegaron al poder también los antiguos guerrilleros del M-19: y vimos a Navarro de gobernador de Nariño, y vemos a Petro de alcalde de Bogotá. Y no pasa nada.

O sí pasa. Pero lo que pasa es política, y no guerra.