Pasaportes

El ministro encargado de Relaciones Exteriores dijo que no se firmaría el contrato para la elaboración de pasaportes y que varias entidades gubernamentales estaban revisando la situación. Lo anterior como consecuencia de la decisión inconsulta del secretario general del Ministerio de adjudicar el contrato a la empresa proponente, en contradicción con la decisión anterior del ministro titular de declarar desierta la licitación, lo que ocasionó su suspensión por parte de la Procuraduría.

El presidente calificó de traidor al secretario general, quien fue prontamente declarado insubsistente y el ministro encargado sostuvo que dicho secretario carecía de competencia para asignar el contrato.

El problema consiste en que el presidente ha sostenido informalmente, y así lo ha indicado a sus colaboradores, que en su mandato no se adjudicarán licitaciones cuando haya un solo proponente habilitado, como es el caso. Aunque la ley lo permite.

Además, el presidente se refirió a la situación señalando que la empresa proponente hace las cédulas y tiene los resultados electorales, con lo cual tiene la base de datos de todos los colombianos, generando la posibilidad de fraude y constituyendo un riesgo para la democracia.

La legislación contractual anterior exigía al menos dos proponentes habilitados para poder adjudicar una licitación. La legislación actual lo permite con uno, no lo obliga, pues depende de las condiciones establecidas previamente por la respectiva entidad en cada caso particular.

Las indicaciones del presidente, que no se encuentran plasmadas en ningún reglamento, así como las consideraciones particulares sobre los riesgos a la democracia que podría causar la empresa proponente, que a su turno habría obtenido otros contratos en procesos de selección, ya han ocasionado la suspensión del ministro titular y la insubsistencia del secretario general.

Hasta donde se sabe, el acto de adjudicación no ha sido revocado y daría más argumentos a la empresa para sus reclamaciones judiciales y lo que se observa es un triste espectáculo de descoordinación por tratar de seguir los criterios del presidente expresados informalmente, sin las garantías del debido proceso y la participación de los afectados.

Una correcta asesoría jurídica haría comprender que cualquier funcionario público no puede imponer sus criterios personales expresados en eventos oficiales o redes sociales, sino que debe expedir el correspondiente acto administrativo conforme a sus competencias o promover el trámite legislativo para el efecto.

Por el momento, el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.6, permite la adjudicación del contrato cuando solo se haya presentado una oferta que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos de condiciones.

En fin, lo que parece más probable son las demandas multimillonarias de la empresa habilitada y del secretario general saliente. También existe la posibilidad de una crisis por falta de pasaportes si el asunto no se resuelve pronto y correctamente. Y el presidente suma otra “alcaldada” más a un gobierno que se muestra ineficiente.

Cita de la semana: “En la secretaría hay un traidor o un inepto. Espero que sea un traidor, los ineptos son más dañinos”. La fiesta del chivo, Mario Vargas Llosa.