Una política de sometimiento a la justicia para las "Bacrimes"

El señor ministro de Defensa ha indicado que existen en el país “bandas criminales” de diferentes tamaños: 3 grandes, 39 medianas y 400 que tienen entre siete y diez integrantes. Según esta información, es superior a 4.000 el número de hombres sobre las armas de estas organizaciones delictivas.

A principios de la década del 90, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, se dictó una serie de decretos, como fueron el 3030 de 1.990 y el 303 de 1.991, entre otros, que obedecieron a lo que entonces se conoció como una “política de sometimiento a la justicia” para quienes hubieren cometido cualquiera de los delitos establecidos en la ley 30 de 1.986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), y de los que eran de competencia de los jueces de orden público o especializados.

Estos presuntos delincuentes tendrían derecho a rebaja de pena o condena de ejecución condicional para los casos que expresamente fueron señalados en los decretos que hacían parte de esta política. Y el a.1° del D.303/91 señalaba que las personas que se sometieran a la justicia en las condiciones y por razón de los delitos ya mencionados, “no serán extraditadas por ningún delito, confesado o no, cometido antes de la fecha de la entrega, siempre que cumplan efectivamente la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia respectiva”… Según la gravedad de los delitos las penas iban de 3 a 12 años de prisión.

Este plan facilitó la entrega a la justicia de muchas personas al margen de la ley. Fue el caso de algunos miembros del llamado clan Ochoa de Medellín, para poner sólo un ejemplo por ampliamente conocido.

En los Estados Unidos existe respecto del narcotráfico una estrategia que podríamos llamar “de garrote y zanahoria”, para usar una expresión tan gráfica como corriente.

Respecto de las “bacrim”, y aún del narcotráfico, hoy día, entre nosotros, sólo existe el “garrote”, es decir, la persecución armada a estas bandas por parte de nuestra policía y nuestro ejército. Pero falta la “zanahoria”, y ésta puede ser una política que, inspirada en el precedente de la Administración Gaviria, podría ayudar eficazmente a erradicar del suelo de Colombia la violencia generada por estos grupos, mediante el otorgamiento de beneficios judiciales. Si logramos, de una parte, hacer la paz con las Farc y el ELN, y de otra, la entrega a la justicia de estas “bandas criminales”, habremos logrado que se silencien los fusiles. Será el presupuesto para crear una cultura de paz y de vida.

No se trata de hacer una negociación con estos grupos delictivos sino de ofrecerles espontáneamente una oportunidad que sea suficientemente atractiva para que se entreguen a la justicia.

Lo anterior es de suma importancia no sólo para el futuro del país sino igualmente para ayudar a erradicar los temores de las Farc que están frenando el proceso de paz en La Habana, pues muchos de los integrantes de las “bacrims” son antiguos paramilitares que eventualmente podrían poner en peligro la seguridad de los ex guerrilleros. Los “comandantes” no quieren correr el riesgo de pagar con sus vidas haber hecho la paz con el Estado, como le sucedió en el pasado a Guadalupe Salcedo y a Carlos Pizarro León Gómez, entre muchos casos que se podrían citar. Tampoco quieren repetir la experiencia de la U. P.

No son los únicos problemas que afronta el proceso de paz pues hay otros como el de las zonas de concentración y el momento de la dejación de las armas. Pero el de estas “bandas criminales” puede ser un tema de vida o muerte. De esta suerte, ayudar al Proceso de Paz con una política de sometimiento a la justicia puede jugar un papel trascendental en el pronto logro del fin de todas las formas de violencia armada en Colombia.

Constituyente 1.991 (*)