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Opinión

  • | 2017/08/03 09:07

    40/18

    Hay que reconocer que en la construcción de paz está la prioridad de las inversiones de 2018 y que las rentas petroleras y mineras han decaído, pero si pensamos que en ambos temas el buen manejo ambiental es el que determina su sostenibilidad.

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Hace 40 años se declararon 18 Parques Nacionales gracias al trabajo visionario de mucha gente que, sin hablar entonces siquiera de biodiversidad o servicios de los ecosistemas, entendieron que la conservación era una responsabilidad central del Estado y más por razones éticas y estéticas que utilitarias. Con los años vendría la valoración económica de sus contribuciones a la sociedad y la defensa de su papel como piedras angulares del ordenamiento territorial, un camino de reconocimiento al que aún le falta el peldaño de la seguridad nacional, dado su papel central como fuente de capacidad adaptativa ante el cambio climático. El trabajo del INDERENA, la entidad del Ministerio de Agricultura que gestionaba los recursos naturales ene se entonces es hoy poco conocido pues su historia se perdió en medio del aberrante manejo de archivos institucionales que mantiene el país (y nada existió antes de Google), de manera que sólo existe en algunas bibliotecas personales y por supuesto, en el corazón de sus exfuncionarios, jubilados hace ya años. En 1977, bajo el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen, se logró que las consideraciones biogeográficas y ecológicas del “Mono” Hernández (D. E. P.), un sabio que hoy no podríamos contratar pues no cumpliría requisitos y un grupo minúsculo pero heroico de profesionales, con sus jefes, construyesen el fundamento de lo que hoy es un sistema que abarca casi el 20 % del territorio nacional, un área equivalente a la del Reino Unido.

Esa emotiva celebración se produjo simultáneamente con el anuncio del recorte del presupuesto al “sector” ambiental, que alcanza un 44 %; en plata blanca pasar de inversiones de $449.000 a $252.000 millones de pesos (del 1,1 al 0,7% del PIB) justo cuando acabamos de convencer a la OECD de que tenemos las mejores prácticas de monitoreo y regulación ambiental en el país. En el mismo evento la Directora del sistema nacional de áreas protegidas y el mismo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestaron su profunda preocupación por el mensaje contradictorio que se está enviando al ampliar la cobertura de los Parques Nacionales en varios millones de hectáreas sin la previsión presupuestal para garantizar un manejo mínimo, que ya estaba ciertamente desfinanciado. Hay que reconocer que los funcionarios de Parques Nacionales, a muchos de los cuales se rindió homenaje, han sido la única presencia del Estado en regiones de Colombia donde han entregado sus vidas fungiendo de ministros de obras, educación, salud, transporte y energía en una tarea que supera con creces sus capacidades y responsabilidad, y que hoy tiene a la entidad al borde del colapso.

La conservación no se hace efectiva sin un mínimo de investigación y monitoreo para garantizar que las inversiones que representa sustraer del mercado de tierras una quinta parte del territorio están bien justificadas. Ahí la caída de un presupuesto que ya era exiguo implica un riesgo de detrimento patrimonial muy delicado, pues significa para la Nación dejar propiedades de millones de hectáreas al garete, un mensaje delicado para la confianza pública que ya tiene problemas para entender por qué no se debe hacer minería o cultivar en los páramos, talar y tener vacas en las reservas forestales, o desecar los humedales para instalar banano o infraestructura cuando eso sí parece ser desarrollo, no los frailejones, los jaguares o los manatíes. Finalmente, explicar la caída del presupuesto ambiental es una tarea muy difícil para la comunidad internacional, que ha ofrecido ingentes recursos para la conservación.

Hay que reconocer que en la construcción de paz está la prioridad de las inversiones de 2018 y que las rentas petroleras y mineras han decaído, pero si pensamos que en ambos temas el buen manejo ambiental es el que determina su sostenibilidad, sería factible que de esos rubros y por qué no, de los sectores agropecuarios o de infraestructura surja la respuesta de inversiones compensatorias directas en el SINA para garantizar que las noticias que hoy parecen tristes sean solo una señal de que el país integrado está dispuesto a asumir esa gestión transversal del ambiente que tanto se añora.

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