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¿Nace un 'Caribexit'?

Con mayor autonomía, al menos, seremos responsables por nuestros propios errores y pecados, no por los ajenos.

Ramsés Vargas Lamadrid, Ramsés Vargas Lamadrid
26 de septiembre de 2017

La diversidad de nuestro país, en todos los sentidos, no da lugar a equívocos: somos costeños, cachacos, pastusos, rolos, llaneros, paisas, boyacenses u opitas, casi que por cada región un apelativo, algunas veces con simpatía y no pocas con antipatía. Pero, más allá de subjetividades, eso valida cuán distintos somos, y lo que para muchos sugiere una debilidad como nación, por el contrario, debería verse como una inexplorada fortaleza para construir sobre nuestra propia diversidad.

Concebir oportunidades de desarrollo a partir de dimensiones espaciales no es un tema nuevo. Es más, el mero concepto de ventaja competitiva regional que emocionó a varias generaciones -incluso desde antes de la Constitución del 91- ha sido reemplazado por enfoques más amplios como el de resiliencia regional, el cual, sin duda, pasará de moda en unos años. Como todo. El tema de fondo es reconocer que hace sentido, en sí mismo, que las prioridades de desarrollo de una región sean decididas por ella misma, no por una camarilla de economistas imberbes sentados en la calle 26 con 13 en Bogotá.

De ahí que valga la pena traer a colación un nuevo intento regional. Para el 19 de octubre está prevista la creación de la RAP del Caribe. Pero ¿qué es eso de RAP? La Región Administrativa y de Planeación del Caribe –RAP—es una estructura de carácter técnico y administrativo, que a través del ejercicio de la función de planeación atienden asuntos que desbordan las jurisdicciones tradicionales de los gobiernos locales como, por ejemplo, obras de infraestructura vial, o problemas cuya atención puede ser susceptible de una política pública focalizada en un territorio determinado y que es diseñada acorde con sus particularidades específicas, tales como la pobreza extrema.

Esta figura no es nueva para la región Caribe y el país. La anteceden la propuesta del Sistema Integrado de Planificación Regional –SIPUR- en 1979, a nivel los departamentos de la costa o la experiencia de los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social –Corpes- en 1985, liderados por las cámaras de comercio de la región, pero implementados a nivel nacional, las cuales dan cuenta de la búsqueda de instancias que ayuden a resolver las inequidades que se presentan fuera de Bogotá. No en vano, fueron los constituyentes costeños quienes en una alianza con sus homólogos del Valle del Cauca lograron incluir como etapa de transición la RAP mediante el artículo 306 de la Constitución Política de 1991; y en un segundo momento la RET, la Región como Entidad Territorial, artículo 307, esta última como una instancia político-administrativa con mayor autonomía dentro de un estado unitario definido en la Carta Magna.

Una de las principales talanqueras para el desarrollo legal de las RAP fue la falta de su reglamentación mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) cuya expedición solo fue posible a inicios del primer mandato del presidente Santos, como respuesta al Voto Caribe de 2010. Esta norma, la Ley 1454 de 2011, y sus decretos reglamentarios, han permitido que surjan RAP en otras regiones del país. Curiosamente fueron el Distrito Capital y los departamentos del centro los que optaron por esta figura, introduciendo en la reglamentación la participación de Bogotá. De igual manera está constituida la RAP del Pacífico Colombiano, y están en proceso de formación las del Eje Cafetero y la de los Llanos Orientales.

Hoy, después de muchos ires y venires, los gobernadores de la costa han radicado ante la Comisión de Ordenamiento Territorial la conformación de la RAP del Caribe colombiano, y con el liderazgo de la mesa directiva costeña del Senado, está prevista para octubre de este año la formalización de su creación. Más allá de un nuevo ejercicio de planeación regional para la costa, el reto que se nos plantea como sociedad, y particularmente a las universidades, es afianzar ‘este difícil arte de constituir región‘, parafraseando al economista chileno Sergio Boisier. Si bien la autonomía regional no tiene sentido sin recursos, tampoco lo tiene sin capital humano para planear, ejecutar y evaluar de manera eficiente y transparente roles para los que las universidades tenemos un compromiso insoslayable.

Esto pasa cuando nos enteramos por las noticias que sacuden a este convulsionado planeta sobre la crisis en modelos de autonomía regional como los de Cataluña en España o el de los kurdos en Irak que, vale la pena destacar, nada tienen que ver con el caso colombiano. Su génesis, desarrollo, contextos sociales, económicos y políticos los hacen incomparables. Entre otras cosas, ya quisiéramos que el clamor de autonomía del Caribe tuviera algo que ver con el peso económico que esas dos regiones tienen en sus países. Penosamente, el caso nuestro es opuesto al de ellos, ya que nosotros somos la región más pobre y rezagada del país, pero no por opción propia sino por condicionamientos externos, gracias a un modelo de desarrollo históricamente perverso. Con mayor autonomía, al menos, seremos responsables por nuestros propios errores y pecados, no los ajenos.

* Ramsés Vargas Lamadrid, MPA, MSc, rector Universidad Autónoma del Caribe

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