Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 2013/07/12 00:00

¿Recuperar la tierra para morir por ella?

Las más de 100 sentencias de restitución son un avance pero las amenazas y muertes de reclamantes amenazan con truncar el proceso.

Aura Patricia Bolívar Jaime Foto: .

Hasta la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido más de 40.000 solicitudes, de las cuales solamente un poco más de 7.000 pueden ser estudiadas por cuanto se encuentran en las zonas donde el estado ha determinado que es viable y seguro restituir. 

Aproximadamente, 1.500 se han incluido en el registro de tierras dando lugar a la presentación de casi 1.200 demandas ante los jueces y magistrados de restitución. A la fecha se han resuelto aproximadamente 500 casos en 133 sentencias. Estos resultados representan el 1 % de las solicitudes presentadas. 

Durante la puesta en marcha de esta ley, de acuerdo con el Ministerio de Interior, tres reclamantes de tierras han sido asesinados. Fuentes secundarias señalan que la cifra ya supera las 20 personas. Hasta hace un mes, la Unidad Nacional de Protección había implementado medidas para proteger a 510 personas. 

En todo caso, esta base de datos únicamente reconoce a quienes están inscritos en el registro de tierras, que corresponden a un poco más del 4 % de los solicitantes de restitución. Adicionalmente, son cientos las denuncias que informan sobre amenazas a líderes y reclamantes. 

En este contexto vale la pena resaltar los avances en los procesos de restitución pero también los riesgos que estos traen.

El principal avance tiene que ver con el alcance que le han dado los jueces a estos procesos. En sus sentencias, estos funcionarios han evidenciado una serie de estrategias que actores legales e ilegales usaron para despojar de sus tierras y bienes, especialmente a la población rural, reconociendo además los efectos catastróficos que el desplazamiento ocasionó a estas víctimas. 

En ese sentido y con el fin de asegurar el retorno y la restitución, los jueces han ordenado la anulación de decisiones de entidades del Estado, la exoneración de pagos de impuestos, la entrega de viviendas y de subsidios de tierras, la gestión para garantizar el acceso a servicios públicos y a programas de formación, entre otros.

Si bien este es un logro importante, las amenazas e intimidaciones se han convertido en el factor principal por el cual víctimas de desplazamiento forzado y despojo están pensando o han decidido desistir de sus solicitudes. 

A pesar de la existencia del programa de protección, persisten muchas críticas de los reclamantes de tierras a la Unidad Nacional de Protección. Señalan que esta entidad se toma mucho tiempo haciendo las valoraciones y que no tienen claridad sobre los criterios que esta usa para definir el nivel del riesgo o para desmontar los esquemas de seguridad. 

Pero no solo los líderes y reclamantes de tierras han sido amenazados, también organizaciones defensoras de víctimas, funcionarios de entidades que participan en el proceso de restitución y hasta periodistas. Frente a esta situación, el presidente Santos ha reiterado que perseguirá sin tregua ni cuartel a los responsables. Pero la impunidad es lo que reina. 

Desde el diseño de la ley de víctimas era clara la existencia del riesgo para quienes solicitaran restitución. De acuerdo con la Defensoría, más de 70 líderes y reclamantes de tierras han sido asesinados durante los últimos siete años y hasta hace un año solo había una condena. Lo que estos datos evidencian es que el Gobierno Nacional no ha adelantado todos los esfuerzos necesarios para garantizar a estos su vida e integridad, ni ha dado muestras de perseguir de manera contundente a los responsables de estos crímenes. 

Mientras los victimarios se sigan saliendo con la suya, no se ajusten los sistemas de prevención y protección, y no se desmonten las estructuras de poder de los despojadores (que a la fecha permanecen intactas), la restitución de las tierras seguirá siendo una ficción y el principal factor de riesgo para muchas familias víctimas de desplazamiento y despojo en nuestro país. 


* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia -

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