Reelección presidencial

Poco probable que el Gobierno, con baja aceptación, se embarque en suprimir la prohibición de reelección, en beneficio propio, con trámites dispendiosos y azarosos que podrían no salir a tiempo para las próximas elecciones.

El senador David Luna advirtió sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro estuviera “orquestando” jurídica y constitucionalmente su reelección.

La Constitución anterior prohibía la reelección del presidente para el período inmediatamente siguiente, lo que significaba la posibilidad de volver al cargo después de pasados 4 años. Sin embargo, ningún presidente fue elegido nuevamente, a pesar de algunos intentos.

La Constitución de 1991 prohibió la reelección presidencial. La intención era “evitar la incidencia del presidente en el proceso de elección a ese cargo y la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático; además, permite una mayor rotación de personas en el cargo de presidente, facilitando una más amplia participación de las diferentes fuerzas políticas. Busca evitar, por último, que el cáncer del clientelismo siga haciendo estragos en el país a través de unas expectativas permanentes de reelección.” (Lleras de la Fuente, Carlos y Tangarife Torres Marcel, Constitución Política de Colombia: Origen, evolución y vigencia, 1996).

Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe se impulsó la reforma del “articulito” para permitir la reelección inmediata, como efectivamente ocurrió. El gobierno siguiente de Juan Manuel Santos manifestó la inconveniencia de la figura y se propuso suprimirla, no sin antes proceder a su reelección. Paradojas de la política.

Como bien consideró el constituyente de 1991, la reelección incentiva el personalismo, limita la alternancia, profundiza los vicios del clientelismo, resta transparencia y reduce la imparcialidad a las elecciones. Las experiencias recientes demostraron que se afecta el equilibrio de poderes y que políticamente transitamos de los extremos de la guerra contra la insurgencia a la laxa negociación con esta.

Actualmente, está vigente la prohibición de reelección presidencial con una limitante adicional consistente en que su reforma se debe realizar mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente; esto es, que la reforma no se puede hacer a través de un acto legislativo expedido por el Congreso.

Para convocar una asamblea constituyente se requiere una ley aprobada por mayorías absolutas en ambas cámaras, que debe ser objeto de control previo por parte de la Corte Constitucional, superar la participación de la tercera parte del censo electoral; es decir, que participen en la votación más de 13,2 millones de sufragantes y se obtenga la mayoría, para luego instalar la asamblea en los términos de la ley, sesionar y producir el acto de reforma, que podría ser demandado por cualquier ciudadano. Todo este trámite podría tardar aproximadamente dos años. Durante la vigencia de la Constitución no se ha utilizado este procedimiento.

Un referendo de iniciativa popular requiere la participación del 5 % del censo electoral, algo más 2 millones de ciudadanos, de la expedición de una ley con mayorías absolutas en ambas cámaras, que debe tener control previo de la Corte Constitucional, la convocatoria a elecciones donde participen al menos el 25 % del censo electoral –más de 10 millones de sufragantes– y obtener la mayoría. El trámite podría tardar algo menos de dos años. El único referente exitoso, en una sola de las preguntas, fue el propuesto por el primer gobierno de Álvaro Uribe, cuando tenía alta popularidad.

Así las cosas, es poco probable que el actual gobierno, con baja aceptación, se embarque en suprimir la prohibición de reelección, en beneficio propio, con trámites dispendiosos y azarosos que podrían no salir a tiempo para las próximas elecciones.

Cita de la semana: “Hagamos una política sobre los hechos positivos y no divaguemos más por la atmósfera de las abstracciones vacías”. De la República a la dictadura (1997), Carlos Lleras Restrepo.