Regresiva reforma aduanera

El gobierno ha dado evidencia de sus limitaciones para estructurar las reformas que con urgencia requiere la nación. Así lo demuestran, las fallidas Reformas a la Educación y la Justicia, y la ambigua y controvertida Reforma Tributaria, la que en esencia, premió el capital, castigó el trabajo, profundizó las exenciones y dejó en el limbo financiero a algunas instituciones del estado.

No siendo suficientes estos estruendosos fracasos, el Gobierno sigue empeñado en promover de manera repentista una reforma a la Salud, otra al régimen Pensional, otra al Carcelario y una más, por vía administrativa, al Aduanero. Pareciera que al gobierno le seduce más legislar que gobernar.

Lo ideal hubiera sido, que antes que promover reformas sectoriales, el Gobierno hubiera reformado o al menos ajustado el modelo económico, y con fundamento en un Plan de Desarrollo Integral Sostenible, haber propuesto reformas armonizadas para articularlo, empezando con una Reforma Financiera para devolverle la equidad al mercado, detener la concentración de la riqueza y generar expansión económica y progreso social.

Pero la realidad es bien distinta, y el Gobierno insiste en promover más reformas sectoriales y ahora, en imponer una Aduanera, la que anuncia como estructural y vanguardista.

Si bien el Gobierno durante varios meses sometió a consideración de los usuarios del comercio exterior el proyecto de reforma, no es claro, si lo hizo para escuchar comentarios y sugerencias, o si lo que realmente buscaba, era notificarles una decisión inmodificable.

A riesgo de no ser oído, sea lo primero decir, que en términos generales, la reforma, antes que contribuir a la industrialización del país, estimular el comercio exterior y promocionar los negocios internacionales, los obstruye, dificulta y encarece.

El proyecto desconoce la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y el principio de igualdad; y, podría llegar a ser otra reforma contributiva, esta vez, mimetizada bajo el ropaje aduanero, convirtiéndose en la tercera reforma de este tipo en menos de tres años de gobierno.

En el proyecto se eliminan de tajo y sin consideración alguna, los regímenes de fomento al comercio exterior, concedidos a los Altex, UAP y PEEX, sin evaluar los daños y perjuicios que con ello se puede causar, ni los efectos adversos que tal abolición puede llegar a ocasionar, entre otros, la reducción del volumen de exportación de la canasta de productos no tradicionales.

La eliminación de estos mecanismos de estímulo a las exportaciones es francamente contradictoria, pues mientras el Gobierno se apura  negociando tratados para salir en la foto, simultáneamente arrasa con los instrumentos que permiten el mejor aprovechamiento de ellos.

Si bien Colombia debe armonizar su legislación interna con los acuerdos, tratados y protocolos internacionales, adoptados por la mayoría de las naciones occidentales, la adhesión a ellos no debe implicar, eliminar instrumentos diseñados a la medida de las necesidades y características del país, máxime, si de la utilización de estos instrumentos se han derivado beneficios ciertos y su abolición puede llegar a causar un daño superior al supuesto beneficio que se obtiene con la armonización.

Es inaceptable, que por combatir los delitos que unos pocos cometen, el Gobierno termine castigando a todos, y para hacerlo, presuma la mala fe. Prueba de ello, es el trato desconsiderado que vienen recibiendo las Comercializadoras Internacionales (CI), conminadas a satisfacer unos requisitos diseñados para que nadie los pueda cumplir, lo que ha causando frustración y desengaño, y la deserción de empresas que creyendo en la estabilidad jurídica del país se convirtieron en CI, y a las que de nada les ha servido, haber coadyuvado a las exportaciones de productos nuevos y diferenciados manufacturados por pequeñas y medianas empresas, para mantener su reconocimiento.

La complejidad de la supervisión y control de las operaciones de comercio exterior no puede simplificarse, cayendo en el facilismo de obstruir y encarecer las operaciones, exigiendo, más requisitos, duplicidad de garantías y mayor capacidad financiera a los usuarios, pues con ello, antes que democratizar las operaciones lo que se logra es concentrarlas en unos pocos.

El Gobierno está convencido, que con la inclusión de la figura de la OEA (Operador Económico Autorizado), el proyecto se torna moderno y se armoniza con los preceptos que predica la Organización Mundial de Aduanas (OMA), cuando en realidad lo que se está haciendo, es deformando la figura de la OEA y usando su nombre para mimetizar toda una política alcabalera, proscrita por invasiva y regresiva.

De aprobarse el proyecto, Colombia, antes que avanzar en política de comercio exterior, retrocedería, y la DIAN podría terminar convertida, en una policía aduanera coercitiva, propia de las épocas más oscuras del proteccionismo, y no en una agencia moderna del estado, transparente y comprometida con la inserción de la nación al comercio mundial, y,  facilitadora de operaciones eficientes, eficaces y económicas bajo los más altos niveles de seguridad.

En resumen, veo con mucha reserva el proyecto y no dudo, que de ser aprobado, será objeto de demandas por vulnerar el principio de igualdad, desconocer derechos ciertos, socavar la estabilidad jurídica, generar sobrecostos operativos por falta de gestión del estado y, en especial, crear de manera ilegal nuevos tributos fiscales no asociados al comercio exterior.

Ojalá que la reforma del Estatuto Aduanero no termine siendo una nueva reforma tributaria encubierta condenada a muerte súbita. El Gobierno aun lo puede evitar, pero para ello debe renunciar a su intemperancia y  escuchar.

* Socio y director de Rodríguez-Jaraba & Asociados. Consultor en Derecho Comercial, Financiero, Empresarial y Contratación Internacional. Profesor universitario.