21 noviembre 2012

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Restitución de tierras: ¿acaso es una trampa?

Por Aura Bolivar*

OPINIÓNDesde la expedición de la ley de víctimas se han desarrollado amplios debates en relación con la política de restitución. El más reciente surgió a propósito de la instalación formal de los diálogos de paz.

Por un lado, el vocero de las FARC, Iván Márquez, señaló que la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual Gobierno es una trampa, pues no deja a los campesinos otra salida que la de vender o arrendar sus predios a las transnacionales y conglomerados financieros. Por su parte, el presi
dente Santos aseguró que ellos (las FARC) están nerviosas con esa ley de tierras, porque saben perfectamente que es algo que es justo, en tanto que devuelve a los campesinos sus tierras y por ende su capacidad de volver a tener un ingreso digno.

La verdad sea dicha, cualquier resultado es posible. Todo depende de la manera en que se implemente la ley. Al respecto existen dos posibilidades.

La primera, que no es la deseable, reduce el proceso de restitución a la devolución de las tierras y su titulación. En este evento, dado que el abandono y despojo disminuyó en muchos casos la posibilidad de las familias de generar ingresos en el campo, la sola titulación puede afectarlas negativamente agravando su situación socioeconómica. En consecuencia, lejos de asegurar un ingreso digno a las víctimas, la restitución puede convertirse en el medio para que estas terminen vendiendo o arrendando sus fincas al mejor postor.
 
La segunda posibilidad, implica que la restitución de tierras se acompañe de otro conjunto de medidas tendientes a garantizar a las víctimas el disfrute de todos sus derechos. Este resultado no depende únicamente de las órdenes de jueces y magistrados, que, de acuerdo con la ley, deben asegurar retornos en condiciones de seguridad, así como el uso y disfrute de las tierras restituidas. También se requiere que entidades territoriales y las demás autoridades del Estado, acompañen estos procesos con políticas que aseguren los derechos sociales y la estabilidad socioeconómica de las víctimas y de sus familias. Lo anterior mediante programas de vivienda, generación de ingresos, condonación de deudas, fomento del sector agropecuario, formación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades productivas, entre otras.
 
Esta última alternativa, requiere además políticas de desarrollo rural que democraticen la propiedad de la tierra y favorezcan un modelo de desarrollo rural que promueva la economía del pequeño y mediano campesino. Esta sigue siendo una promesa incumplida del actual gobierno.
En conclusión, la única forma de enfrentar el riesgo de la venta masiva de las tierras restituidas, es la implementación de políticas efectivas de estabilización socioeconómica y desarrollo rural. En este sentido, aunque la restitución es una medida urgente y necesaria, por cuando permite devolver a los campesinos las tierras abandonadas y despojadas, es una política insuficiente si de lo que se trata es de garantizar a las víctimas el goce de una vida en condiciones dignas.
 
* Dejusticia
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