Retrocediendo la historia y el derecho

Los familiares de las víctimas que hay en el país -yo, entre ellas- tenemos derecho a exigirle a la justicia que actúe para impedir que los crímenes de nuestros seres queridos queden impunes y no terminen prescribiendo, como puede suceder con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Lo que sí resulta insólito es que para impedir tal prescripción se intente pasar por encima del derecho universal y se pretenda reacomodar de manera conveniente los hechos históricos, como si los colombianos no tuviéramos memoria.

Esa es la tronera que están abriendo la Fiscalía y la Procuraduría en su repentina carrera por ver cuál de las dos logra impedir que en agosto prescriba ese magnicidio. El primero en poner la pica en Flandes fue el fiscal Iguarán, quien salió a decir que ese asesinato se podría considerar un genocidio. De acuerdo con esta pirueta, siendo el genocidio un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible en los países firmantes del estatuto de Roma que entró en vigencia en el país en 2001, el magnicidio de Galán no prescribiría.

El problema con esta vía es que tiene más obstáculos que el referendo reeleccionista. Si se asume la tesis, bastante cuestionable, de que el magnicidio de Galán fue en realidad un genocidio, no se podría iniciar una investigación penal por ese delito porque en el momento en que fue asesinado Galán, Colombia no había firmado el estatuto de Roma. Hasta un estudiante de primero de derecho sabe que ninguna ley es retroactiva cuando es desfavorable al procesado.

También resulta todo un desatino elevar a genocidio lo que en realidad es un magnicidio. El galanismo no fue exterminado, como sí lo fue la UP. Mil quinientos de sus miembros, entre concejales, alcaldes, diputados y congresistas -incluido su candidato presidencial- fueron asesinados por el narcoparamilitarismo. Los galanistas afortunadamente no corrieron la misma suerte. Buena parte de ellos ha seguido interviniendo en política y no precisamente en el papel de opositores al régimen de Uribe, como uno hubiera pensado. Juan Lozano, secretario privado de Galán, y Rodrigo Rivera, otro galanista pura-sangre, son hoy dos de los portaestandartes de la campaña por el referendo que busca perpetuar al presidente Uribe en el poder.

La Procuraduría no se ha quedado atrás en esta carrera y ha ido más allá, al decir que este asesinato es un crimen de Estado. Y en un acto insólito -la Procuraduría no puede exigirle al Fiscal nada en materia penal-, conminó públicamente a la Fiscalía a que capturara al general Maza, jefe del DAS en ese momento, acusándolo de haber intervenido en un cambio de escolta, días antes del crimen, hecho que habría facilitado el asesinato.

El general Maza nunca ha sido santo de mi devoción. Creo que llegó a amasar un poder desproporcionado en un momento en que los paras y la mafia consiguieron amedrentar como nunca al Estado. Sin embargo, decir que el magnicidio de Galán es un crimen de Estado por cuenta de que habrían participado varios agentes del DAS, al mando del general Maza, o porque el director de la Dijín de ese entonces, Peláez Carmona, intentó desviar la investigación al señalar como culpables a quienes no lo eran, no sólo resulta insuficiente como tesis jurídica, sino que es una distorsión de la historia.

A Luis Carlos Galán no lo mató el Estado, ni el general Maza, ni Peláez Carmona -como insólitamente se infiere de la tesis de la Procuraduría-, aunque no dudo que varios agentes del Estado hubieran participado en la planeación del asesinato, así como políticos cercanos a Escobar (caso Santofimio). Lo asesinó el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar, junto con el 'Mexicano', por temor a que Galán implantara la extradición si llegaba a la Presidencia. Y los autores materiales provinieron no de la Dijín ni del DAS, sino del ejército que creó la mafia de Escobar con los paras en el Magdalena Medio, cuyo propósito era el de tomarse el Estado y doblegar al gobierno Barco.

Pero además, si todo lo que se está descubriendo era tan sabido como lo insinúan, ¿por qué el fiscal Iguarán no impulsó estas investigaciones hace cuatro años, en lugar de revelarlas un mes antes de salir del cargo?

Tesis tan seductoras como las anteriores pueden ser de muy buen recibo. Pero en un país donde los verdaderos crímenes de Estado siguen impunes, resultan un tanto impúdicas. Hace dos años, el asesinato de Pardo Leal, candidato presidencial por la UP, prescribió y ni la Fiscalía ni la Procuraduría, ni la sociedad dijeron ni mú. Y de no haber sido por un editorial de El Nuevo Siglo, la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez -sí, otro crimen de Estado, así el ex presidente Samper en cuyo gobierno cayó asesinado el dirigente conservador opine lo contrario- seguiría dormida, como lo ha estado estos últimos años.

Ya quisiéramos ver a la Procuraduría y a la Fiscalía así de enérgicas y audaces a la hora de investigar los combos burocráticos que denunció ante la Corte el superintendente de Notariado y Registro, Cuello Baute, los cuales habrían sido entregados por el gobierno a cambio del voto para la primera reelección.