Secuestros e intercambios

No acababa el Presidente de fijar unos requisitos para el llamado intercambio humanitario, cuando saltaron las Farc a decir que no los aceptaban.

Uribe, que reiteró por enésima vez en estas semanas su voluntad de paz y de alcanzar un acuerdo, sostuvo que los presos de las Farc sólo se podrían liberar bajo la condición de que no volvieran a delinquir. En el intercambio ocurrido durante la administración Pastrana, la ausencia de este límite permitió que los guerrilleros 'enfermos' que fueron canjeados estuvieran al otro día combatiendo. El requisito es indispensable: es difícilmente justificable que para buscar la libertad de unos secuestrados, el Estado ponga en la calle a quienes volverán a secuestrar y asesinar. Si lo que quieren las Farc es la libertad de sus hombres, deberían aceptar sin problemas esta condición. Ahora, si lo que buscan es recuperar capacidad criminal, el gobierno está en la obligación de no permitirlo. ¿O acaso, por ejemplo, es aceptable la liberación de Hugo, el capo de las Farc en Cundinamarca y responsable de centenares de plagios, para que vuelva a organizar sus cuadrillas de homicidas y secuestradores?

El Presidente añadió que el despeje debería ir acompañado de la no presencia de guerrilleros armados en la zona de encuentro. En ausencia de la Fuerza Pública, la seguridad habría de ser provista por la comunidad internacional. Si en verdad a las Farc les preocupan los riesgos para sus hombres, no habría mejor garantía para ellos que la presencia de militares o policías franceses, españoles o suizos. Al mismo tiempo, la precisión presidencial da tranquilidad a los preocupados habitantes del área, permitiría que a la finalización del encuentro la población no sea estigmatizada y da certeza de que las Farc no aprovechen indebidamente el territorio despejado. En otras palabras, evita convertir la zona de encuentro en un espacio de impunidad y refugio de criminales. Es decir, asegura que Florida y Pradera no se conviertan en otro Caguán. Permitir el control por las Farc de un territorio situado a unos pocos kilómetros de Cali es, además, extraordinariamente riesgoso desde una perspectiva estratégica, y supondría un incremento sustantivo de la actividad criminal en el Valle.

Dijo también que hay límites en relación con aquellos guerrilleros que serían liberados: no podrían serlo aquellos que han sido condenados por delitos atroces. Este requisito, no sobra aclararlo, no es del gobierno. Es impuesto por la Constitución y por el derecho internacional, que establece que es indispensable penar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A pesar de la certeza jurídica de esta condición, se volvió indispensable recordarla: los que con razón alzaban la voz para impedir la impunidad de semejantes delitos cometidos por los 'paras', ahora callan de manera vergonzosa frente a la guerrilla. Pero ese silencio no es suficiente para esconder que aquí no cabe un doble rasero: debe haber tanta verdad, tanta justicia y tanta reparación con aquellos como con éstos. Lo que se condena es la naturaleza de las acciones violentas, no la intención con la que sean cometidas.

El portazo de las Farc demuestra que, al menos por ahora, no les interesa nada distinto de un acuerdo en sus condiciones. Cualquier requisito, por lógico que este sea, que suponga que no podrán obtener las ventajas militares que pretenden con la excusa del intercambio, es sistemáticamente rechazado. De paso, prueban también que su preocupación no es la liberación de sus hombres, sino la posibilidad de contar con ellos para aumentar su capacidad criminal. Los rehenes sufrirán muchos meses más de cautiverio.

En forma paralela, el gobierno ha señalado su disposición de mantener a los hombres del ELN durante un proceso de paz. De manera equivocada, algunos medios han confundido esta propuesta con aquella hecha por dirigentes gremiales hace un par de lustros, en virtud de la cual se pagaría a los elenos a cambio de que no secuestraran. Aquí de lo que se trata es de dar un estipendio que permita la manutención de los guerrilleros en el marco de un proceso de paz y con cese de hostilidades. Aquello era una extorsión anticipada.