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Opinión

  • | 2008/03/01 00:00

    Si yo fuera el gobierno

    Maria Teresa Ronderos explica el por qué el éxito masivo de la marcha de este 6 de marzo es realmente importante para el presidente Uribe.

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Si vamos 600 pelagatos a la marcha del 6 de marzo, el mayor perdedor es el propio gobierno de Álvaro Uribe. En cambio, si fueran seis millones de colombianos, un ganador real, mondo y lirondo, sería el propio gobierno.

La marcha es contra los paramilitares, contra sus crímenes de lesa humanidad, contra sus masacres, contra el daño infinito que les hicieron a millones de colombianos y contra la enorme capacidad de chantaje que aún les queda. Es verdad que luego de una accidentada negociación, los máximos jefes del paramilitarismo están o muertos (los Castaño, Arroyave) o tras las rejas. Pero el gobierno sabe más que nadie que no ha sido fácil llevarlos hasta ahí, y mucho menos que acepten con humildad la generosa oferta que les hace la Ley de Justicia y Paz, de colaborar efectivamente con la verdad, la justicia y la reparación, a cambio de condenas de máximo ocho años.

El gobierno sabe que Santa Fe Ralito se volvió Santa Fe Relajito, como bien lo documentó SEMANA en su momento, y tuvo que trasladarlos al hotel de La Ceja, a donde también siguieron en su negocios chuecos, y los pasó a la cárcel de Itagüí, a donde supimos los colombianos, por grabaciones hechas por la misma Policía, que seguían traficando coca, ordenando muertes, y otras bellezas.

Es el propio jefe de gobierno el que tiene que salir cada rato a amenazarlos con que los va a extraditar si siguen portándose mal. La última vez, hace menos de un mes, cuando le encontraron pistola y granada al parecer a Ernesto Báez, aunque después sus colegas de celda dijeron que ellos no eran los responsables.

En esta lógica, si marchamos seis millones de personas el 6 de marzo, los paramilitares se sentirán apabullados, pues será una manera de decirles que no tienen la razón en sus continuos intentos de trampa al gobierno; que tampoco tienen la razón aquellos jefes que no han confesado a los fiscales nada o casi nada que valga llamar colaboración real con la justicia; que el pueblo colombiano no está con ellos ni se solidariza con sus causas. Es un mensaje que desinflará sus egos y le hará más fácil la vida al gobierno, que tiene que estar apretándoles las clavijas cada rato, para que se mantengan en el proceso de Justicia y Paz. De eso el gobierno es más que consciente, a pesar de todos los discursos que pueda echar José Obdulio para disimular que el poder para es aún real y amenazante.

Y qué decir de los otros paras. Los que el gobierno llama “bandas emergentes”. Esos están en Cauca, en Nariño creciendo al ritmo del boom cocalero, están en la costa caribe y en Antioquia disfrutando tierras robadas a los campesinos y todavía en demasiados otros lugares imponiendo su ley del más fuerte. Están en Urabá y Córdoba presionando a los jóvenes ex combatientes de las AUC a que se regresen a sus filas y asesinando a los que no les hacen caso. Al gobierno le gusta decir que esas bandas ya no son sino puro narcotráfico, que ahí ya no hay paras. Pero ¿qué interés tienen los narcos pura sangre en asesinar sindicalistas, como sigue sucediendo en Colombia? ¿O dirigentes de las víctimas de los paramilitares o investigadores del CTI?

A esos neoparamilitares también les vendría bien una gran marcha ciudadana que les diga que los tenemos entre ojos, que los rechazamos y que apoyamos a las autoridades en su peligrosa y resuelta lucha por desvertebrarlos. ¿Por qué un gobierno que esté en sus cabales puede concluir que es mejor que no exista esta presión ciudadana? ¿Tiene miedo de retarlos?

La marcha del 6 de marzo es también contra los agentes del Estado que, vistiendo el uniforme patrio, salen a hacer fechorías como asesinar campesinos en ejecuciones extrajudiciales (lo certifican los informes de la Embajada de Estados Unidos) o desparecer personas, o negociar cargamentos de coca. Marchar el 6 de marzo es marchar contra los militares corte Jamundí y Cajamarca. ¿Por qué al gobierno, que acaba de sacar una ambiciosa y estricta política en materia de cumplimiento de los derechos humanos para sus Fuerzas Armadas, le puede parecer mal que caminemos contra los oficiales que violan esos derechos?

Por todo esto, si yo fuera Uribe, me iría a la Plaza de Bolívar a gritar a los cuatro vientos que necesito la ayuda del pueblo colombiano, su legítima e intensa voz civil en todas las calles de Colombia para poder bajarles los humos a los paramilitares presos y lograr que colaboren en serio con la justicia y cerrar así dignamente ese capítulo de atrocidades. Y para enviarles el mensaje a los que se han rearmado de que el camino que han escogido no tiene futuro.

Si yo fuera Uribito, saldría como lo hice el 4 de febrero pasado, pero ahora con la camiseta de ‘No más paras’, para decirles a los casi tres millones de colombianos que fueron expulsados a fuego de sus fincas, que su derecho a la tierra es legítimo y que ni ellos ni las otras 90.000 víctimas que perdieron maridos, hijos, mutilados, vejados, están solas, sino que gobierno y el pueblo están de su lado. Eso sería un paso fundamental para que no vuelva a ocurrir.

Si yo fuera Ministro de Defensa, me iría por todo el país donde haya un cuartel a decirle a la gente que marche contra los que deshonran el uniforme violando los derechos humanos porque si todos marcharan, aquellos oficiales torcidos quizá lo piensen mejor a la hora de fusilar inocentes. Y mi recién estrenada política de derechos humanos tendría el sustento que le daría el respaldo civil y sería un éxito.
Pero como no soy Uribe, ni Uribito, ni Juan Manuel, miro las cosas distinto. Ellos traban el país, dividen a la ciudadanía con sus oscuros discursos ideológicos que nos devuelven al pasado, y dejan pasar una oportunidad de oro.

Pienso cuánto no daría cualquier gobierno del mundo por contar con un pueblo tan valiente como el colombiano. Una ciudadanía que, sin armas, sale a decirles a guerrilleros, aun donde son sus vecinos, que no los quieren más. Una que está dispuesta a ayudarle a meter en cintura al monstruo de siete cabezas que es el paramilitarismo, aun cuando sus tentáculos son todavía firmes y capaces de hacer daño. Una que puede decirle a su Ejército que, precisamente porque lo respeta, condena a quienes entre sus filas usan métodos ilegítimos para pelear la guerra.

Si marchamos 600, el mensaje tácito del pueblo sería lamentable, y más deplorable aún sería el mensaje del gobierno que saboteó la marcha. Sería cuchillo para su propio pescuezo. En la mañana del 7 de marzo estarán paras –presos y activos– y militares corruptos de corte Jamundí, sonriendo socarronamente, ante un gobierno timorato que hizo lo posible para que nadie saliera a condenarlos.

Propongo, por eso, como simple ciudadana, que contrariemos al gobierno, cuya exacerbación ideológica le ha nublado la vista, y, paradójicamente, respaldemos sus esfuerzos para desarticular el paramilitarismo, con una contundente marcha de seis millones de colombianos el próximo 6 de marzo. Será un mensaje tan contundente de rechazo a los violentos, que no habrá lugar a interpretaciones.
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