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Opinión

  • | 2008/08/16 00:00

    Una justicia autoritaria y arbitraria

    Nada más parecido a la cacería de brujas, a la Inquisición y a la justicia estalinista. Pero la senadora Nancy Patricia Gutiérrez decidió romper la cadena de miedo

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Después de haber permanecido en la cárcel durante ocho meses y de haberse visto obligado a renunciar a su investidura parlamentaria, todo por la declaración mentirosa de un falso testigo al que la Corte Suprema de Justicia dio total credibilidad, el ex senador Humberto Gómez Gallo ha recuperado su libertad. Su caso es solamente un botón de muestra de los excesos e irregularidades cometidos por esa Corte en el curso de la para-política.

Los excesos de la Corte Suprema nos hacen recordar la justicia autoritaria de la era estalinista, descarnadamente descrita por Tom Rob Smith en su excelente novela El Niño 44, y por Anne Applebaum en su documentado estudio Gulag. Estos autores señalan que el principio fundamental del trabajo de los jueces estalinistas era la presunción de culpabilidad, y que la principal prueba de culpabilidad era la sospecha. "La culpabilidad de un sospechoso pasaba a ser real en el momento en que se convertía en uno" (Smith, página 46). Por eso, para encarcelar a alguien no se necesitaban pruebas, estas se conseguían después con falsos testigos: bastaba con ser sospechoso. Y para ser sospechoso era suficiente cualquier delación, por falsa que fuera. Esto le pasó a Gómez Gallo.

Para los jueces de Stalin era mejor hacer sufrir a 10 inocentes que dejar escapar a un culpable. En esas circunstancias en que bastaba un falso señalamiento para ser arrestado enseguida, el miedo se generalizó. Los jueces estalinistas cultivaban el miedo, pues este hacía parte del diseño de su sistema judicial. Para los agentes investigadores del Estado la paranoia era un valor esencial, una virtud que había que entrenar y aguzar.

Todo esto lo estamos viendo hoy en algunos procesos de la para-política. Ha entrado en crisis el principio de la presunción de inocencia, básico en una justicia democrática. Basta el señalamiento de un falso testigo para que una persona honrada sea encarcelada. Su encarcelamiento es suficiente para que desde los medios decenas de columnistas ayatolas lo declaren culpable. Si es un parlamentario, la jauría pide que pierda inmediatamente su curul. Los investigadores del CTI reciben órdenes de hundir a los sospechosos, desechando cualquier evidencia en su favor. Los que no encuentran o no inventan pruebas contra un sospechoso son removidos de sus cargos. Un magistrado auxiliar emborracha testigos para ofrecerles gabelas por sus testimonios contra un ex congresista a quien no está autorizado para investigar.

También está en peligro el derecho a la legítima defensa. Se ocultan declaraciones de testigos evitando la controversia de los acusados. A la manera de una pesadilla kafkiana, se monta un proceso secreto contra todos los acusados y contra nadie en particular, que no puede ser conocido ni refutado por ninguno, pero que es utilizado para hundirlos a todos.

Nada más parecido a la cacería de brujas, a la Inquisición y a la justicia estalinista. Pero la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, en un acto de valor civil que la enaltece, decidió romper la cadena de miedo. Respaldada, paradójicamente, en la sentencia 24679 de la misma Corte Suprema que le estaba montando un falso caso judicial, sentencia que valida el derecho de la víctima de un delito a hacer grabaciones de conversaciones con terceros para preconstituir pruebas con fines judiciales, la senadora ha puesto en evidencia los abusos y los excesos de la justicia autoritaria en Colombia. Esa grabación podría ser la 'operación Jaque' para terminar con la arbitrariedad judicial y volver a las sendas del derecho.

La para-política es producto de la política de paz gubernamental que desmontó los grupos paramilitares. Sin su desmovilización habrían sido impensables las investigaciones, las delaciones y los testimonios que han permitido descubrir los vínculos delictivos entre algunos políticos y grupos paramilitares. Pero aprovechar la para-política para hacer cacería de brujas y pescar en río revuelto con fines torvos es otra cosa. Por eso, para que esos juicios contribuyan al descubrimiento de la verdad y a la reconciliación nacional, también en la para-política se debe respetar el derecho. No es legítimo procesar la violencia armada blandiendo la arbitrariedad judicial, ignorando la presunción de inocencia y negando el derecho a la legítima defensa.
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