VIOLARON O VIOLAN?

El general Harold Bedoya ha pronunciado una serie de discursos en los que se confunden el oficial indignado por su destitución y el candidato presidencial. El primero quiere que su vida de 40 años de servicio no quede sucia en medio del debate sobre derechos humanos y el segundo desea construir su plataforma de lanzamiento electoral. La confusión de papeles no le conviene al debate sobre los derechos humanos en Colombia, en el cual la comunidad internacional por fortuna metió al país a la fuerza. Tiene razón el general Bedoya cuando se queja de que si la razón para su destitución son las denuncias sobre violación de los derechos humanos, es obligatorio que los denunciantes le digan cuál es la acusación que en esa materia pesa sobre su cabeza. El tema es clave porque a ese ovillo hay que agarrarle la punta. Da la impresión de que se está revolviendo la actitud militar en las investigaciones sobre viejos episodios de violación de derechos humanos en los que pueden estar involucrados miembros de las Fuerzas Armadas con el comportamiento actual de esas fuerzas en el mismo terreno. La distinción de los dos problemas puede ser la clave para que el asunto marche. La relación que pueda haber entre oficiales militares y los casos materia de investigación por torturas, desapariciones o masacres debe producir las condenas a que haya lugar. No existe razón alguna para que el espíritu de cuerpo sirva para dejar en la impunidad estos crímenes. Sin embargo ese debate tiene que darse en el campo judicial y con los elementos que hacen parte de estos procesos, es decir, con pruebas en la mano. En este sentido es bueno apartarse un poco de las denuncias genéricas de muchas ONG del mundo, que las convierten en condenas, basándose en la premisa de que todo grupo anticomunista o toda organización antiguerrillera irregular tiene que estar manejada, por obligación, por miembros del Ejército. Para el país es bueno que esos procesos lleguen hasta el fondo, porque hay que cortar de tajo la tendencia a establecer que la única manera de luchar contra la guerrilla es a través de la barbarie. Eso termina por obligación en la institucionalización de la barbarie. Pero hay que hacer al mismo tiempo el balance actual, no sólo el pasado, a las Fuerzas Militares en el tema de los derechos humanos. Da la sensación de que entre la oficialidad hay consenso en que la introducción de mecanismos de control sobre abusos en sus filas es un asunto de supervivencia. No se oye hoy, como sí sucedía en el pasado, que algunos oficiales dijeran con desparpajo que en materia de lucha contra la guerrilla el fin justifica los medios. La actitud del general Manuel José Bonett indica que no le tienen miedo al compromiso pero sí a la estigmatización. Una cosa es que el nuevo comandante diga que está comprometido con la filosofía de los derechos humanos, pero otra muy distinta es que se pretenda que él vaya a decir que hasta la víspera de su nombramiento ese principio no era compartido por sus compañeros, como se trató de insinuar en la rueda de prensa el día de su posesión. El asunto adquiere una importancia trascendental con el tema de las Convivir, porque aquí se está trazando la línea divisoria entre una forma legítima de defensa ciudadana o lo que puede ser la legitimación de grupos de justicia privada en todo el país. La delegada de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, Almudena Mazarrasa, dijo la semana pasada que su oficina tiene evidencias de que a través de las Convivir se están cometiendo excesos y se está involucrando a la población civil en estos episodios. En esto el país tiene que ser serio. Si no hay garantía de que estas organizaciones serán controladas por el Estado, hay que disolverlas de inmediato. Lo contrario sería cometer los errores del pasado y meter a Colombia en la vía de la descertificación mundial por violaciones de derechos humanos. Pero si existe algún mecanismo serio de hacer de estas cooperativas un sistema legítimo y civilizado de llevar tranquilidad al campo colombiano, seria torpe desmontar ese esquema por el simple hecho de que no le guste a la guerrilla.La ventaja del asunto, y a la vez el compromiso colombiano, es que todo esto se está ventilando ante los ojos del mundo, y con la mano de la ONU metida en el tema, a través de la señora Mazarrasa.