Congresistas temerosos de prevaricar

Los congresistas de la coalición uribista no están seguros de participar en el proceso de conciliación del referendo reeleccionista. Temen que al continuar con el trámite de la iniciativa puedan perder su investidura. Este temor de participar en el trámite que le falta al proyecto se debe al nuevo escollo que le salió  la semana pasada: la Corte Suprema anunció apertura de investigación preliminar a 86 representantes que votaron el a favor de que se haga el referendo (en su segundo debate) a pesar de que hacía falta que la Registraduría le diera el visto bueno a su financiación.

Por esta razón, el presidente Álvaro Uribe se reunirá este martes con su bancada para analizar si es viable o no que los congresistas participen en el trámite que le falta al referendo reeleccionista en el Legislativo. Para esto invitó a dos ex magistrados: a Juan Ángel Palacio que fue del Consejo de Estado y a Eduardo Montealegre, de la Corte Constitucional quienes explicarán cuáles qué consecuencias puede tener la decisión de la Corte Suprema.

Esta semana, el Congreso tiene programado darle trámite a la conciliación de los dos textos del referendo (el de Cámara que aprobó preguntar si la ciudadanía quiere la reelección para 2014, y el del Senado que hace la pregunta pero para 2010). No obstante, la decisión de la Corte acabó de poner en aprietos al proyecto, que enfrenta un rosario de dificultades. (Vea artículo sobre las trabas que le han salido a la conciliación) 

Magistrados, congresistas y funcionarios del gobierno tienen visiones encontradas sobre cómo debe proceder el Legislativo. Por un lado el Ministro del Interior, Fabio Valencia, ha expresado que no hay ningún impedimento para que los congresistas continúen el trámite, pues la investigación solo está en su etapa inicial y todavía no es formal. Para los congresistas de la oposición seguir con el trámite es persistir en una actuación delictiva.

La decisión de la Corte de abrir investigación preliminar a 86 representantes a la Cámara fue producto de una demanda del representante Germán Navas, del Polo. En su denuncia el representante del Polo le pidió al alto tribunal que investigue si hubo o no un posible prevaricato de los congresistas al aprobar el referendo reeleccionista, pues ellos lo votaron a pesar de que el Registrador Nacional no había certificado que la financiación se ajustó a los requisitos legales.

Los representantes votaron la iniciativa favorablemente (en diciembre 17 del año pasado), a pesar de que había denuncias de varios congresistas de una posible ilegalidad en la financiación de la recolección de firmas.

Lo que dicen dos ex magistrados:

En entrevista con La W, dos ex magistrados con opiniones opuestas argumentaron por qué creen que los congresistas deben o no conciliar el texto de referendo que fue aprobado con redacciones distintas en las dos Cámaras y está a la espera de una negociación.

El ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán dijo que el artículo 149 de la Constitución dice que las decisiones tomadas por el Legislativo en un evento del Congreso que no cumpla con las condiciones constitucionales, no tienen ningún efecto, carecen de validez. Y agregó que “quienes participen serán sancionados conforme a las leyes”.

“En este caso concreto, los miembros de la Cámara de Representantes, pese a que no existía la certificación del Registrador de que el proyecto de referendo no excedió los topes de su financiación, a pesar de estar advertidos, resolvieron darle votación y trámite en el madrugón del 16 al 17 de diciembre”, explicó.

“El Consejo de Estado en un concepto de su Sala Civil dice que en casos como estos en los que hay investigación preliminar, como no se sabe en qué va a parar la investigación, lo recomendable es no votar el proyecto y que los congresistas se declaren impedidos”, dijo Beltrán.

El ex magistrado del Consejo de Estado, Juan Ángel Palacio dijo que “a los congresistas los han denunciado porque supuestamente han cometido un hecho punible. Si se admitiera que por una denuncia penal se configurara un impedimento eso llevaría a que en todos los eventos en que se quisiera paralizar una decisión, alguien denunciara penalmente a los congresistas”.

“Una denuncia penal no es sinónimo de un derecho punible y una denuncia penal no constituye por sí un impedimento”, explicó Palacio.

Palacio además dijo que el conflicto de interés, que es el que causa los impedimentos para que un congresista no participe en una decisión debe ser evidente, debe afectarlo directamente a él o a sus parientes y en este caso su decisión es un asunto de carácter general y no particular. “No existe ningún impedimento para los congresistas porque no hay interés personal y directo en su decisión”, concluyó.

El debate, sin embargo sigue abierto. Y si la investigación de la Corte Suprema avanza, los congresistas que votaron el proyecto podrían no solo perder la investidura, sino ser condenados por prevaricato.