Tras haberse posesionado, el nuevo superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach, tomó sus primeras decisiones en el cargo. Un documento reveló que se estarían frenando los nombramientos que hizo el gobierno de Gustavo Petro de personas cercanas en distintas notarías del país.
La Unidad Investigativa de El Tiempo publicó un documento, firmado por Germán Humberto Medellín, director encargado de Vigilancia y Control Notarial, por medio del cual se ordena la suspensión de una visita especial a la Notaría 78 de Bogotá, un requisito fundamental para que los encargados puedan asumir.
Se trata del caso de Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones, quien había sido designada como notaria 78 de Bogotá. Según se había mencionado, se trata de una persona cercana al expresidente de Colpensiones, Jaime Dussán, a pesar de que Palmariny ha negado tener vínculos más allá de lo laboral con el exfuncionario del petrismo.
Ella le dijo a El Tiempo que había postulado su hoja de vida para ese cargo y que se estudiaron los requisitos para que posteriormente fuera avalada. Además, mencionó que de esa manera se habría nombrado a más de 30 notarios.
Esta notaría estuvo envuelta en polémica, pues Luz Mary Hoyos, quien estaba a cargo de esa oficina, no habría podido entregar el cargo formalmente por complicaciones de salud, lo que generó todo un debate sobre el empalme entre ambas administraciones.
Aunque por ahora solo se conoce el auto que frena esa visita a la Notaría 78, antes de dejar el poder, el gobierno anterior generó revuelo por el nombramiento de otras personas cercanas al petrismo. Según versiones dentro de la entidad, esto también se estaría revisando bajo la administración de Méndez Llach.
Otra notaria que causó cuestionamientos fue Íngrid Paola Ortiz, quien quedó al frente de la Notaría 74 de Bogotá. Se trata de la esposa de Camilo Andrés Pardo, quien había sido designado secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, pero tuvo que renunciar a los dos días por relacionamientos con el petrismo.
Una oficina adicional que causó polémica fue la Notaría 2 de Soacha, que quedó en manos del exsenador Inti Asprilla, uno de los líderes cercanos al expresidente Petro.
Asimismo, Jacobo Torres Amaya fue nombrado en la Notaría 82 de Bogotá, ubicada en San Victorino y recientemente creada. Según dijo la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, comerciantes del sector le habían solicitado ayuda para crear esta oficina, lo que generó otro revuelo.
Los nombramientos no solo se dieron en Bogotá; en Bucaramanga designaron a la abogada Tatiana Arévalo Uribe al frente de la Notaría 9. Se trata de la esposa de Nicolás Corso Salamanca, expresidente de la Central de Inversiones (Cisa) durante el gobierno Petro. También lo había acompañado en la Alcaldía de Bogotá.