Una nueva serie de nombramientos realizados en los últimos días de la administración de Gustavo Petro vuelve a poner bajo la lupa la entrega de notarías en distintas regiones del país.
Según reveló la unidad investigativa de El Tiempo, el 5 de agosto de 2026, apenas dos días antes de finalizar el gobierno Petro, fueron expedidos nueve decretos firmados por el entonces presidente y la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, mediante los cuales se designaron nuevos titulares para diferentes despachos notariales.
Entre los casos mencionados está el de Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones, quien fue designada como notaria 78 de Bogotá. Su trayectoria la ha relacionado con Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones, dirigente cercano al petrismo y con quien, al parecer, tendría una relación sentimental.
Palmariny, sin embargo, negó que su designación estuviera relacionada con Dussán. En declaraciones entregadas a El Tiempo sostuvo que presentó su hoja de vida, cumplió los requisitos y fue seleccionada dentro del procedimiento correspondiente.
También afirmó que las versiones sobre sus supuestos vínculos con Dussán como razón para el nombramiento constituyen calumnias e injurias y señaló que evalúa emprender acciones legales.
Otro de los nombramientos que llamó la atención fue el de Íngrid Paola Ortiz, quien quedó al frente de la notaría 74 de Bogotá.
Ortiz es esposa de Camilo Andrés Pardo, funcionario que había sido designado como secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, pero que permaneció apenas un día en el cargo.
La salida de Pardo se produjo después de que El Tiempo revelara sus antecedentes de cercanía con sectores del anterior gobierno y el nombramiento de su esposa en una notaría.
La lista también incluye al exsenador de la Alianza Verde Inti Asprilla, quien fue designado como notario segundo de Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con el decreto, la vacante se produjo por el retiro forzoso del anterior titular, Ricardo Correa.
En Bogotá aparece además Jacobo Torres Amaya, nombrado en la recién creada notaría 82, ubicada en el sector de San Victorino. Este despacho ya había sido objeto de investigaciones pues según versiones conocidas en la Superintendencia de Notariado y Registro, la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal habría solicitado su creación.
La representante negó estar detrás del despacho y explicó que comerciantes de la zona le habían planteado desde 2020 la necesidad de contar con una notaría.
Los nombramientos también alcanzaron otras regiones. En Bucaramanga fue designada la abogada Tatiana Arévalo Uribe como notaria novena. Es esposa de Nicolás Corso Salamanca, quien durante el Gobierno Petro fue presidente de la Central de Inversiones (CISA) y anteriormente estuvo al frente de Metrovivienda durante la Alcaldía de Petro en Bogotá.
En Palmira, Valle del Cauca, Oriana Melo Gaviria fue nombrada notaria segunda. Antes había sido designada rectora de la Universidad del Pacífico, mediante una resolución expedida en junio por el entonces ministro de Educación, Daniel Rojas.
En Nobsa, Boyacá, fue designado Hilton Alexander Gutiérrez Alvarado como notario único. Según documentos citados, Gutiérrez tenía además un contrato con el Ministerio de Minas y Energía por 103 millones de pesos, suscrito en enero de 2026 para apoyar la implementación de la agenda de cambio climático en el sector de hidrocarburos. El contrato estaba previsto hasta diciembre de este año.
La relación de nombramientos incluye también a Jorge Alberto Rey Zafra, designado en la notaría séptima de Cartagena, e Irma Susana Caballero Moreno, quien llegó a la notaría tercera de Rionegro, Antioquia.
De acuerdo con la información, la Superintendencia de Notariado y Registro aseguró que las designaciones respondieron a necesidades del servicio. La entidad explicó además que actualmente no existe un listado de elegibles debido a las dificultades que se han presentado alrededor del concurso notarial.
La nueva tanda de nombramientos se produjo, así, en los últimos días de la administración Petro y quedó consignada en nueve decretos expedidos el 5 de agosto, antes de la llegada del nuevo Gobierno.