En diciembre de 2024, a la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegó Amelia Pérez luego de haber renunciado a la terna presentada por el presidente Petro para elegir fiscal general. En su nombramiento se destacó su trayectoria como defensora de derechos humanos.
“Durante su paso por la Fiscalía General lideró investigaciones en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, dijeron.
Sin embargo, SEMANA conoció información de lo que estaría sucediendo en el interior de la SAE con algunos funcionarios que reclaman malas condiciones laborales y malos tratos que no estarían siendo atendidos ni escuchados por la presidenta de la entidad, pero sobre los cuales tendría conocimiento.
Luis Miguel Rivera es un abogado que se desempeña como profesional. Reclama malos tratos de una alta funcionaria en su contra y contra varios colegas más. Por esos hechos ya ha presentado cuatro tutelas en contra de la entidad, de las cuales en una le han dado la razón.
El Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió concederle el amparo a Rivera y le ordenó a la SAE que en 48 horas, a partir del 21 de abril de 2026, se resolviera la petición, que era una cita con Pérez para que le entregue una respuesta clara a su caso; sin embargo, eso hasta ahora no se ha cumplido, por lo que Rivera radicó un incidente de desacato.
Según cuenta, a pesar de que Pérez conoce estas denuncias, no ha querido reunirse con Rivera, aunque en ocasiones les ha dicho a los trabajadores que su oficina es de puertas abiertas.
“El apoderado judicial de la SAE manifiesta que la presidenta no tiene ninguna obligación para reunirse con los trabajadores y ese es el argumento al que ellos asisten”, cuestionó el abogado.
La queja del funcionario está relacionada con supuesta violencia de género, pues él pertenece a la comunidad LGBTIQ+ y, según dice, eso ha sido usado en su contra por la funcionaria inicialmente denunciada para atacarlo. Además, cuenta con una condición de discapacidad documentada, que, según dice, en ocasiones se ha ignorado, cumpliendo jornadas laborales de 13 horas sobre las que reclama una sobrecarga laboral.
El abogado presentó las quejas ante los órganos internos correspondientes; sin embargo, tampoco ha encontrado respuestas de fondo. Según le dijeron, la entidad cerró el caso, pero él argumenta que nunca le notificaron de ese hecho.
Ante el Ministerio del Trabajo, la SAE ya contaría con varias quejas activas de supuesto acoso laboral, y aunque se han hecho mesas de trabajo, varias de ellas no han sido resueltas.
En el caso de Rivera, el ministerio realizó una visita en marzo de 2025 y documentó estos hechos, reconociendo que había quejas de supuesta violencia de género, pero la entidad se habría lavado las manos argumentando que esto es de resorte de la Fiscalía y no de la entidad como tal.
Más cuestionamientos
Otro hecho del que se habla en la SAE relacionado con temas laborales es que, desde la llegada de Pérez a la presidencia de la entidad, se han creado ocho sindicatos, pero reclaman que en ocasiones no han logrado llegar a acuerdos.
De otro lado, sigue generando ruido que Mery Janeth Gutiérrez, expareja de Hollman Morris, gerente de RTVC, y quien iba a ser ministra TIC en el Gobierno Petro, sea una de las funcionarias más poderosas de la entidad. SEMANA conoció que su hermana Sandra Gutiérrez Cabezas también está trabajando en la planta de la SAE.
Esta revista consultó a Amelia Pérez para conocer su versión sobre lo que ocurre; sin embargo, no hubo respuesta. Por su parte, la oficina de comunicaciones afirmó que revisarán el caso antes de emitir un pronunciamiento.