Sandra Morelli, excontralora general de la República, responde a la columna de Alberto Donadio en SEMANA

Este sábado, Sandra Morelli, excontralora general de la República, le envió a este medio su respuesta a la columna de Alberto Donadio publicada en la más reciente edición de SEMANA, bajo el título ‘La falsedad de Sandra Morelli’.

Esta es la comunicación de Morelli:

“¡Escandaloso título, baboso contenido!

Es fácil anticipar que semana tras semana y en el mejor de los casos, semana de por medio, los lectores de la revista SEMANA encontrarán en la columna de Alberto Donadio, bajo un titular amarillista en contra mía, unos párrafos de encomiable artificio jurídico tratando de desacreditar un fallo condenatorio de responsabilidad fiscal, el de Saludcoop, por aproximadamente de 1.4 billones de pesos.

En efecto, Alberto Donadio ha emprendido una cruzada compleja: la de intentar reescribir la historia del desvío de los recursos públicos de la salud. Los hechos hablan por sí solos. Ahí están las pruebas. Ni aquellos ni estas pueden tergiversarse. Pero lo más importante, los condolidos responsables fiscales han tenido y han utilizado todos los recursos jurídicos que ofrece el orden jurídico para hacer valer sus derechos en caso de que estos hubieran sido afectados ilegalmente. No les han dado razón. ¿Han incurrido todos esos funcionarios judiciales, incluyendo los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, en falsedad ideológica?

No denunciaré al columnista, afanado por crear una cuerda procesal que permita reabrir el icónico fallo apegado a los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional 760, donde se determinan los pilares para la protección del derecho constitucional fundamental de protección del derecho a la salud.

En realidad lo que logra con sus escritos es recordarle al país las causas últimas por las cuales lo único que hoy nadie discute en la reforma a la salud, ni siquiera las EPS, es el optar a futuro por el giro directo de los recursos públicos para prestación del servicio de salud a los prestadores del servicio sin pasar por la intermediación de estas”.

Esta es la columna de Alberto Donadio, publicada este 20 de mayo de 2003 en SEMANA

La falsedad de Sandra Morelli

La contralora Morelli debe afrontar todas las consecuencias jurídicas del gigantesco falso positivo que se inventó en Saludcoop. Los ciudadanos necesitamos conocer todos los detalles de la gestión arbitraria y antijurídica del Morellato.

Por Alberto Donadio

Afirmar un hecho falso en un documento oficial que pueda servir de prueba es un delito llamado falsedad ideológica en documento público. Lo cometió Sandra Morelli cuando fue contralora general de la república. La mentira aparece en el fallo 0011 de febrero 11 de 2014, en que Morelli confirmó una decisión de primera instancia sobre la responsabilidad fiscal de Saludcoop, Carlos Palacino y otros empleados de la EPS. Sobre el vicepresidente Eugenio Mejía Serna, Morelli señaló que no había acreditado la póliza de seguros que cubría la responsabilidad de los directivos.

En la página 131 del fallo escribió que los investigados deben ocuparse de esa gestión, “situación ésta que para el caso del señor Mejía Serna, no se observa al interior del plenario solicitud oportuna para hacer el llamamiento en garantía”. Es falso. Mejía Serna sí hizo la solicitud dentro del expediente, en memorial de diciembre 18 de 2012. Además, las pólizas aparecen a folios 16910 y siguientes. Las solicitó la propia Contraloría, que las incorporó debidamente a la investigación. De modo que la contralora Morelli consignó varias falsedades. Que Mejía Serna no actuó como debía y que las pólizas no formaban parte del expediente. Mejía Serna trabajó 13 años en Saludcoop y se retiró como vicepresidente comercial. Las pólizas fueron expedidas por Seguros La Equidad.

El exfuncionario hizo uso de un derecho que le da la ley: pedir que si se decreta responsabilidad fiscal pague la aseguradora, no él personalmente. Para eso son las pólizas sobre responsabilidad de directivos de empresas. Una tercera mentira de la contralora fue afirmar que los investigados deben acreditar las pólizas. La ley dice que la propia Contraloría debe buscarlas, porque el fin de sus investigaciones es indemnizar el daño fiscal. Si la contralora no hubiera falseado los hechos, Mejía Serna no tendría hoy embargadas sus dos únicas propiedades, pues la aseguradora habría pagado. Pero la falsedad de la contralora tuvo el efecto de acorralar a Mejía Serna, de aniquilarlo, de embargarlo, de iniciar contra él el cobro coactivo. El detrimento fiscal lo causó Morelli por no cobrarle a la aseguradora.

La contralora no solamente violó el derecho de defensa de Mejía Serna, sino que violó el Código Penal al falsificar un hecho del cual hay constancia en el expediente. ¿Qué credibilidad puede tener ese fallo fiscal cuando se fundamenta en un delito? En un delito y en una persecución inmisericorde. “Hierve la sangre de solo recordarlo”, dijo Mejía Serna. “No puedo pedir un préstamo ni hacer un pago por PSE. Me tiene bloqueado todo el sistema financiero. Estoy en todas las listas de los delincuentes más peligrosos de este país. Me habría ido mejor si hubiera sido miembro del secretariado de las Farc”. Agrega: “No pude volver a trabajar porque nadie me da trabajo. Esto es un acto de violencia al que hemos estado sometidos. Nadie nos escucha. Es la impotencia. Tengo 52 años y desde los 40 años estoy viviendo esta persecución con mi familia, caminar por la vida con una etiqueta de corrupto, sin haberme robado dinero alguno. Si bien el doctor Palacino es la persona visible en esta historia, otras personas hemos sufrido mucho”.

Eugenio Mejía Serna recuerda que varias veces acudió a la Contraloría para hablar con Claudia Medina Siervo, una de las funcionarias encargadas de la investigación. En una visita vio en el piso de la oficina el expediente, que al comienzo tenía unos 500 folios, y observó que la primera hoja era una columna de Daniel Coronell. Es correcto. El expediente se inicia con columnas cargadas de afirmaciones no probadas del pionero de las falsedades sobre Saludcoop, del protagonista de una de las páginas negras del periodismo colombiano, de ese periodista que muchos creen que habla siempre con pruebas en la mano y que en cuanto a Saludcoop logró engañar a todo el país y distorsionar la realidad. No solamente no sustentó las acusaciones, sino que distorsionó los hechos de otra forma. Saludcoop era, con 34.000 empleados, el mayor empleador del país y llegó a ser una organización avaluada en 300 millones de dólares y construida de la nada en solo 15 años con el esfuerzo del sector cooperativo.

La contralora Morelli debe afrontar todas las consecuencias jurídicas del gigantesco falso positivo que se inventó en Saludcoop. Los ciudadanos necesitamos conocer todos los detalles de la gestión arbitraria y antijurídica del Morellato. Tenemos derecho a preguntar si los abusos de poder cometidos fueron posibles porque hubo asentimiento culpable en altas esferas del poder público.

Esta fue otra columna publicada por Alberto Donadio en SEMANA, el pasado 23 de abril

El rabo de paja de la excontralora Sandra Morelli

Morelli estampó su firma autógrafa en la resolución que confirmó la responsabilidad fiscal, aunque no debía, como funcionaria pública, sancionar a una de las partes en un negocio en que ella participó. Carecía de la imparcialidad indispensable.

Por Alberto Donadio

Sandra Morelli, contralora general de la República entre 2010 y 2014, es hoy aspirante a gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Hace 20 años, en 2003, era directora jurídica de la Federación. Como tal, aprobó la venta de Cafesalud, EPS de la Federación, que fue adquirida por Saludcoop, representada por su presidente, Carlos Palacino. El negocio se hizo por 25 millones de dólares. Morelli fue directora jurídica nueve años, de 1999 a 2008. En 2012, como contralora, se declaró impedida frente a los debates sobre el sector cafetero en el Congreso y en 2013 hizo lo propio frente a investigaciones fiscales contra la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé.

Pero en 2014 se olvidó del impedimento y concluyó que la compra de Cafesalud “fue resultado de operaciones de desvío de recursos públicos” imputables a Palacino, al cual condenó a devolver 1,4 billones de pesos por inversiones supuestamente indebidas, incluyendo Cafesalud. Morelli estampó su firma autógrafa en la resolución que confirmó la responsabilidad fiscal, aunque no debía, como funcionaria pública, sancionar a una de las partes en un negocio en que ella participó. Carecía de la imparcialidad indispensable. Faltó a los deberes de transparencia, buena fe y publicidad que deben guiar todas las actuaciones oficiales. Una causal de impedimento es “Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor (público), su cónyuge, compañero permanente...”.

Morelli le ocultó al país, mientras condenaba a Palacino por Cafesalud, que ella, como abogada de la Federación, consideró legal esa operación. Esta es una de las revelaciones que trae Palacino es inocente, el libro que acabo de lanzar en la Feria del Libro de Bogotá.

Pregunté a la excontralora por qué no se declaró impedida. Su respuesta: “El director jurídico de Federación ni decide la venta ni la adquisición de inversiones. Esa decisión es del comité nacional de cafeteros y lo (sic) firma el representante legal. La jurídica revisa la legalidad del contrato, cosa que hacen los abogados de la unidad, y el director da el visto bueno. No siendo Cafesalud de mi propiedad ni teniendo yo capacidad jurídica de disponer de ese activo, no surge ningún impedimento”.

Esa excusa no se la cree ni la misma Sandra Morelli. La excontralora agregó: “Te agradezco el espacio y la oportunidad coincidente de tu artículo con la aspiración a la gerencia de la Federación”. Una funcionaria que acata la ley en unos casos, pero no en otros, es una funcionaria caprichosa. La aplicación selectiva de la ley no es de grandes juristas. Morelli se declaró impedida para “asumir conocimiento de auditorías, procesos de responsabilidad fiscal, recursos respectivos y grado de consulta y normas complementarias, en donde intervengan como sujeto procesal la Federación Nacional de Cafeteros, Almacafé S. A., la empresa Lime S. A. E. S. P., o cualquiera de las entidades vinculadas a las mismas”, como consta en la resolución orgánica 7326 de 2013 de la Contraloría. Ese impedimento se lo aceptó la Procuraduría. Es muy clara la doble moral. La contralora obedeció la ley frente a la Federación, pues en efecto no podía ser imparcial investigando a funcionarios que fueron sus colegas o jefes u ordenando auditorías en asuntos en que ella intervino como directora jurídica. Frente a Cafesalud no manifestó el mismo impedimento, porque la consigna era atropellar a Palacino.

Tan grave como el impedimento omitido es la fórmula torticera utilizada por la contralora para llegar a la sanción de 1,4 billones de pesos. Consistió en considerar que todas las inversiones de Saludcoop fueron ilegales por el solo hecho de ser inversiones. “Ellos tienen derecho a tener utilidades y en ningún lado están prohibidas”, reconoció la contralora en 2013. Tirios y troyanos coinciden en que las EPS pueden disponer libremente de sus excedentes o utilidades, pero en 2014, Morelli negó ese derecho a Saludcoop, pues de un plumazo sumó todas las inversiones autorizadas en actas desde 1998 hasta 2010 y de plano las consideró ilícitas. No hizo un análisis caso por caso para determinar si ante cada inversión existían utilidades que justificaran el gasto. Por ejemplo, en relación con la Clínica Pamplona, el supuesto “desvío indebido de recursos públicos” se hace consistir en que en dos actas se informa que esa clínica pertenece a Saludcoop. El fallo es deleznable, arbitrario y antijurídico. Es un ultraje al poder público.