Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo por cuenta del informe de esta casa sobre la autoría intelectual del magnicidio de su hijo.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay tuvo lugar el 7 de junio de 2025 y el congresista y entonces precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025.
Durante la entrevista, confirmó que demandará al Estado colombiano: “Sí, claro, la tengo ya tomada. Sí, lo voy a hacer. Por la reparación que deben hacer, para que esto sirva de ejemplo”, aseguró, bajo el argumento de que el Estado no le brindó la protección necesaria.
Vea aquí sus declaraciones sobre la demanda al Estado colombiano:
“Lo desprotegió totalmente. Entonces, aquí hay que ir dando ejemplo, hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar. Y que vemos el problema de seguridad y la libertad para delinquir que hay aquí. ¿Qué tal que para que no maten sean gestores de paz? ¿Que se puede consumir droga en los parques? Eso no puede ser. Hay que atacar el narcotráfico”, agregó.
La entrevista completa con Miguel Uribe Londoño:
SEMANA reveló la confesión de Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo y condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Contó que el crimen fue autoría de esta disidencia de las Farc.
“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, confesó el Viejo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero, el cual hasta ahora salió a la luz. Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién impartió la orden directa del magnicidio, el Viejo reveló: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.
Tras el informe de SEMANA, la Fiscalía General de la Nación solicitó y obtuvo siete órdenes de captura contra el denominado estado mayor de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y el señalado coordinador principal del crimen.
Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho, y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo, y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.
A estas personas se les atribuyen los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. “Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la Segunda Marquetalia”, aseguró la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
El trabajo investigativo estableció que Kendry Téllez Álvarez sería el articulador y responsable de la planeación, coordinación y financiación del homicidio, y se habría encargado de contactar a Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, a comienzos de 2025. En su momento, presuntamente puesto en contacto directo con alias el Zarco, en una reunión que programó y organizó en zona de frontera con Venezuela.
Posterior a este encuentro, Téllez Álvarez, al parecer, informó a alias el Viejo que el objetivo sería el senador Uribe Turbay, por cuya muerte se pagarían mil millones de pesos.
La labor de Téllez Álvarez habría estado mediada por instrucciones de mayor jerarquía de la Segunda Marquetalia, orientadas a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. “De acuerdo con los criterios estudiados y la cantidad de inferencias y premisas que lo respaldan, así como del informe de perfilación victimológica realizado para este caso, el asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, enfatizó la fiscal general de la Nación.
En nueve meses de actividades investigativas y trabajo articulado con equipos de policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, la Fiscalía ha judicializado a nueve de los señalados implicados en el magnicidio. Estas personas se encuentran privadas de la libertad y han sido vinculadas, de acuerdo con su responsabilidad y participación individual en los hechos, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Tres de los procesados están condenados mediante preacuerdo, entre ellos Simeone Peréz Marroquín, el enlace entre los determinadores y la red delincuencial que ejecutó el crimen, quien fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Carlos Mora González, quien realizó labores de vigilancia en el lugar del ataque y transportó a otros implicados, sentenciado a 21 años de prisión, y Katherine Andrea Martínez Martínez, quien participó en varias reuniones de planeación y se encargó de recoger la pistola tipo Glock utilizada en el atentado, condenada a 21 años y dos meses de prisión.
Asimismo, el adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado de acuerdo con los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.