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| 9/6/2016 8:58:00 PM

Los cuatro líos que afronta Ecopetrol

Problemas con las comunidades en Caquetá, Putumayo y Nariño y una amenaza de huelga del sindicato de la USO tienen a la petrolera en ascuas.

Además de los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales y el menor ritmo de producción, la estatal petrolera Ecopetrol ha tenido que sortear en las últimas semanas varios obstáculos en diversas regiones del país, así como una amenaza de huelga que afectaría sus operaciones.

Uno de los hechos más graves es el que se ha registrado en el municipio de Paujil, en Caquetá, donde tanto la comunidad como grupos que no han sido plenamente identificados han protestado contra una posible exploración y explotación petrolera en la zona.

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Las manifestaciones de rechazo fueron en aumento, al punto de que pusieron en aprietos el trabajo realizado por la contratista Petroseismic, encargada de hacer trabajos de sísmica para Ecopetrol con el fin de detectar si hay posibilidad de hallar petróleo en un área determinada.

En días pasados varias personas incendiaron una vivienda donde se guardaban equipos de la petrolera y lanzaron amenazas para que la compañía suspenda sus actividades.

La comunidad protesta porque considera que la actividad petrolera afectará el medio ambiente, los acuíferos de la región y acabará con la vocación agrícola del departamento.

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La situación llevó al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, a reunirse con representantes y autoridades de Paujil con el fin de despejar dudas sobre el impacto que una posible actividad exploratoria tendrá en la región. Invitó a los dirigentes a viajar a Barrancabermeja, donde la petrolera lleva décadas de producción sin que se hayan secado los acuíferos.

Pero hasta el momento la oposición a la llegada e instalación de petroleras sigue creciendo.

A este tropiezo se sumó el anuncio de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de la petrolera, en el sentido de que está dispuesto a irse a huelga después de la votación del plebiscito, por desmejoras en las condiciones laborales y la privatización de varias de las actividades de la petrolera.

La USO sostiene que la empresa ha incumplido los acuerdos de la convención colectiva, ha bajado los sueldos a los contratistas, ha realizado cambios en el sistema de salud y va a poner en venta empresas que son rentables. Hablan de la venta de Propilco, del aplazamiento del plan maestro de la refinería de Cartagena y la posible privatización de Cenit, que maneja la extensa red de oleoductos.

Sin embargo, para Ecopetrol este anuncio es muy sorpresivo si se tiene en cuenta que la convención colectiva va hasta el 2018 y que en ningún momento se ha incumplido lo acordado. Frente al ajuste, la compañía puso en marcha un drástico apretón en gastos con el fin de hacerles frente a las nuevas realidades del mercado con un precio del barril de petróleo que está por debajo de 50 dólares, la mitad de lo que estaba hace dos años. Pero otros conocedores del tema señalan que detrás de esta amenaza hay otras razones de la USO, relacionadas con el malestar de varios trabajadores que no quieren seguir pagándole el 2 % de su salario.

El tercer lío que pesa sobre la petrolera son las protestas de pobladores en los municipios de Orito, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en Putumayo, como consecuencia del paro cocalero de las últimas semanas.

En estos municipios se han presentado bloqueos de vías y el derribo de puentes en cercanías de campos petroleros, lo que está poniendo en juego la producción de 40.000 barriles diarios de crudo.

Y como si fuera poco, en el departamento de Nariño algunos pobladores han frenado la reparación del oleoducto Trasandino, que transporta el petróleo del sur del país y que pasa por Tumaco. Los que protestan están en contra del Servicio Público de Empleo, un mecanismo para la selección de personal en las zonas petroleras. El Servicio Público ha sido rechazado en muchas regiones petroleras por parte de Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones que quieren presionar a Ecopetrol para que contraten el personal que ellos quieren imponer. En las regiones se habla de que estas organizaciones les cobran un porcentaje del salario a los trabajadores por buscarles empleo. Cuatro frentes delicados por atender.

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