El deterioro fiscal es una de las mayores preocupaciones que tiene hoy por hoy el país. Esta compleja situación se evidencia en un desbordado gasto de financiamiento, un incremento en la deuda y en su costo, desafíos en materia de ingresos y un marco tributario que desincentiva la inversión.
Un informe de Corficolombiana señala que el déficit fiscal de 2025 y el proyectado para 2026 son comparables a los registrados durante crisis económicas como la de finales de la década de los noventa y la pandemia, a pesar de que hoy el país no atraviesa por una crisis económica. Además, desde 2019, el gasto público ha crecido cinco veces más rápido que los ingresos, sin mejoras equivalentes en la calidad de los servicios públicos.
El Gobierno suspendió el año pasado la regla fiscal hasta 2027 y el estudio anticipa que, sin un ajuste fiscal significativo que requiere reformas legislativas al gasto y al marco tributario, volvería a incumplirla en 2028, cuando se reactive, lo que haría necesario postergar su suspensión o reformarla nuevamente.
El comportamiento del mercado de deuda local en los últimos días refleja la criticidad de la situación. Varias referencias de los TES en pesos se negociaron a tasas superiores a 15 %, sus niveles más altos en más de dos décadas, agrega el informe. “Si bien las Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) del Ministerio de Hacienda redujeron el pago fiscal de intereses en 2025, el país está emitiendo deuda a tasas insosteniblemente elevadas que amenazan con detonar una crisis fiscal de mayores proporciones. Estimamos que las emisiones programadas en las subastas de 2026, al tener cupones mucho más altos que los bonos emitidos previamente, elevarán la tasa ponderada de la deuda interna entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales, lo que implicará una fuerte presión de pago de intereses para el próximo gobierno”, señala Corficolombiana.
Y agrega: “La deuda neta solo volverá a su ancla de 55 % del PIB si el país alcanza un superávit primario cercano a 1 % del PIB de manera sostenida. Nada en la trayectoria actual sugiere que ello sea posible sin cambios profundos”.
En ese sentido, Corficolombiana plantea una estrategia –para lo que llamó “evitar el precipicio fiscal”–, con planes de austeridad, aceleración y afianzamiento.
Por ello, dice el análisis, recuperar la sostenibilidad fiscal debe ser la prioridad de la próxima administración, no solo por la estabilidad macroeconómica del país, sino porque la viabilidad de cualquier política pública dependerá de preservar ese equilibrio.
Estima clave un ajuste entre 3 y 4 puntos del PIB que genere condiciones favorables para la “remontada de la inversión”. El objetivo debe ser llevar la tasa de inversión a 22 % del PIB en los próximos cuatro años, desde el actual 15,7 % del PIB. “Solo de esta forma el país podrá volver a crecer por encima del 3,5 % de forma sostenible. Dada su magnitud, este ajuste no se logrará en un solo año sino probablemente será gradual”, afirma la entidad.
Corficolombiana propone, desde el punto de vista de austeridad, una reestructuración que racionalice el gabinete de 19 a 12 ministerios y permita reducir en 20 % los gastos de funcionamiento asociados a estas entidades, además de eliminar el Ministerio de Igualdad en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional. A esto se sumaría una reducción de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) del orden nacional, que según Colombia Compra Eficiente (2026) ascendieron a 7,87 billones de pesos en 2025.
Aunque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (2025) estima que el 88 % del Presupuesto General de la Nación corresponde a partidas inflexibles, muchas transferencias consideradas rígidas tienen cierto margen de ajuste, condicionado principalmente por costos políticos o afectaciones sectoriales. Este rediseño táctico permitiría un gobierno más ágil, con líneas de mando más claras y menos redundancias administrativas.
La propuesta va más allá: además de ejecutar en el periodo 2026-2030 un presupuesto austero, con techos de gasto realistas y sin crear obligaciones permanentes sin financiación, Corficolombiana plantea una revisión del portafolio de activos públicos para vender lo que denominó “fichas no esenciales” y generar ingresos extraordinarios como complemento -y no sustituto- de los ajustes estructurales necesarios para fortalecer la defensa fiscal. “Estimamos que entre estas medidas se podrían lograr ajustes entre 1,5 y 2 puntos del PIB”.
En aceleración, la entidad describe que el marco tributario colombiano es un obstáculo para atraer inversión, impulsar la formalización y elevar el crecimiento potencial.
En las últimas tres décadas, el país ha aprobado 13 reformas tributarias, un promedio de una reforma cada dos años. Dice que la evidencia muestra que esta inestabilidad eleva el costo de capital, dificulta la planeación financiera de los proyectos y deteriora la percepción de riesgo país.
Además, señala el informe, el país tiene altas tarifas estatutarias de impuesto de renta y una carga desproporcionada para el sector formal. Las dos reformas posteriores a la pandemia —la Ley de Inversión Social (2021) y la Ley de Igualdad y Justicia Social (2022)— profundizaron la dependencia del sistema tributario en un número reducido de contribuyentes: empresas formales y personas naturales de ingresos medios-altos. En particular, Colombia tiene una tarifa estatutaria de renta corporativa de 35 %, la más alta entre los países de la Ocde y la que más ha aumentado en el periodo pospandemia. El próximo gobierno debe empezar reduciendo la carga tributaria de sectores intensivos en capital, donde la rentabilidad marginal es altamente sensible a impuestos y hay señales de que las tarifas de renta corporativa son tan altas que, en vez de aumentar el ingreso fiscal, lo están reduciendo.
Recuerda el análisis que en el periodo pospandemia se han realizado dos reformas tributarias que elevaron las tarifas de renta corporativa, pero el recaudo se mantuvo estable apenas por encima del 16 % del PIB.
A nivel sectorial es más evidente esta situación. Entre 2019 y 2024, la Tasa Efectiva de Tributación del sector minero-energético aumentó en 6,1 puntos, pero su participación en el recaudo de impuesto de renta corporativo se redujo en 3,5 puntos. La del sector construcción aumentó en 2,2 puntos, mientras su peso en el recaudo cayó en 1,5 puntos. El sector financiero y el de servicios públicos presentan situaciones similares.
“Estas actividades han sido las más afectadas por el incremento en la carga tributaria en el periodo postpandemia, lo cual estaría afectando su crecimiento y capacidad de generar utilidades para pagar impuestos. Para atraer inversión, la política tributaria debe impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la inversión, que en últimas son la mejor ‘reforma tributaria’ para asegurar un recaudo sostenible. Recuperar los niveles prepandemia del sector minero energético y la construcción llevaría a un crecimiento de un punto porcentual adicional en los próximos cuatro años, lo cual podría generar ingresos tributarios adicionales de, en promedio, cerca de un punto del PIB”.
Corficolombiana propone adoptar incentivos tributarios con efectos neutros o positivos sobre los ingresos del Gobierno en el periodo 2026-2030. Por ejemplo, adoptar una deducción incremental por inversión en Activos Fijos Reales Productivos.
Asegura en su estudio que en los próximos cuatro años el país debe revisar su estructura tributaria con cinco prioridades: reducir gradualmente la tarifa estatutaria de renta y eliminar sobretasas sectoriales; disminuir el gasto tributario, especialmente en IVA; ampliar la base de personas naturales que declaran renta (sin necesariamente aumentar quienes paga); profundizar la lucha contra la informalidad empresarial y laboral y revisar impuestos al consumo relacionados con afectaciones a la salud, como licores, cerveza, tabaco, cigarrillos electrónicos y juegos de azar.
“Un marco tributario competitivo permitiría aumentar la inversión, fortalecer las utilidades empresariales y elevar el recaudo mediante una mayor base gravable y crecimiento económico, en lugar de depender de tarifas más altas”, advierte el informe.
La entidad manifiesta su preocupación con la pérdida de confianza en la disciplina fiscal del país, ganada durante décadas. De acuerdo con Corficolombiana, se ha socavado seriamente en los últimos años. Los inversionistas perciben la deuda colombiana como un activo de alto riesgo, como lo confirman no solo las tasas de interés de los TES, sino la elevada prima de riesgo país y la rebaja a BB- en la calificación crediticia que realizó hace un mes la agencia Standard & Poor´s.
Anticipa que, en paralelo a las operaciones de manejo de deuda, la Nación ha continuado realizando nuevas emisiones de TES a tasas y cupones significativamente más altos que los observados en años anteriores. “Según nuestros cálculos, en lo corrido de 2026, el cupón promedio de estas nuevas emisiones se ubica cerca de 10,4 %, evidenciando una transición desde una estructura histórica dominada por cupones de un dígito hacia una deuda cada vez más concentrada en cupones de dos dígitos”.
Por ello, advierte que reafianzar la confianza será un activo fiscal clave. Un programa creíble de consolidación fiscal podría reducir la prima de riesgo, mejorar las condiciones de colocación de TES y aliviar gradualmente la carga de intereses. “Sin embargo, el punto de partida es exigente: el ajuste tomará tiempo y sus efectos no serán inmediatos, pues gran parte de la deuda ya habrá sido refinanciada a tasas más altas. El reto no será solo financiar el déficit, sino recuperar la confianza de los inversionistas y convertir ese tiempo en una corrección fiscal creíble. Sin ese ajuste, Colombia enfrenta el riesgo de una década de tasas altas, menor inversión pública y mayor vulnerabilidad externa”.