¿Sirve de algo que los funcionarios del Gobierno no viajen en primera clase?

Sin duda, el país atraviesa por un momento muy complicado en materia fiscal. El Congreso está a la espera de que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de reforma tributaria, y todo parece indicar que Carrasquilla tiene el objetivo de gravar más productos con IVA y ampliar la base de renta.

Como es natural, esto ha causado revuelo en la opinión pública, teniendo en cuenta que la pandemia ha dejado sin trabajo a miles de colombianos, y los ingresos de los hogares se encuentran bastante golpeados.

Voces en el Legislativo han mostrado su preocupación, pues, de ser esta la naturaleza de la tributaria, las que llevarían del bulto serían las clases medias y populares.

Si bien el Gobierno dejó claro que no solo se trata de una reforma tributaria, sino fiscal, aún no queda muy claro cuáles serán los componentes de ahorro y reducción del gasto burocrático que tiene en mente.

Hace pocos días, se conoció el borrador del plan de austeridad, y este brinda algunos lineamientos para ahorrar en el funcionamiento del Estado.

Allí le ponen la lupa al aumento de la planta de personal. El borrador estipula que solo se puede modificar siempre y cuando su costo sea cero y genere ahorros para la entidad correspondiente. Además, indican que cualquier cambio debe pasar antes por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Y esta entidad solo autorizará el aumento de personal para casos excepcionales y prioritarios.

Por otro lado, es de amplio conocimiento que el Gobierno y sus enti

dades son famosos por utilizar con mucha frecuencia la figura de contratación por prestación de servicios. Ello ha facilitado en el pasado el aumento de la burocracia y hasta la creación de nóminas paralelas. En este frente se aplicará la misma regla: solo se podrán efectuar estas contrataciones bajo una revisión previa.En materia laboral, piden que se racionalice el reconocimiento de las horas extras.

En cuanto a las vacaciones, recuerdan que no se deben acumular, y solo en casos de fuerza mayor podrán ser compensadas con dinero. Con respecto a la realización de eventos, piden que solo se hagan de forma virtual, así que es probable que los grandes lanzamientos de programas gubernamentales e inauguraciones de obras a punta de tarima queden en el pasado.

Por otra parte, en caso de que se necesiten tiquetes aéreos, no podrán ser en primera clase, y advierten que, si el viaje se realiza con la comitiva de la Presidencia o de la Vicepresidencia, no habría lugar a gastos de transporte. Las comisiones al exterior deberán contar con la previa aprobación del Dapre.

El borrador de decreto también se refiere al mantenimiento de bienes inmuebles, cambios de sedes y a la compra de bienes muebles. Aquí hay una serie de directrices de austeridad.

En la primera indican que el mantenimiento de las instalaciones propiedad del Estado solo se puede hacer de forma preventiva para garantizar el funcionamiento y, así, evitar un gran impacto en el largo plazo, siempre y cuando la no realización de estos mantenimientos ponga en riesgo la seguridad de las personas.

Frente al cambio de sedes, solo procederán cuando no generen impacto al presupuesto asignado en la vigencia, cuando la necesidad haga inaplazable la construcción o adquisición de la sede, y cuando el edificio donde funciona la entidad amenace la seguridad de la gente.

Por otro lado, dejan claro que la compra de bienes muebles, como televisores, computadores, hornos y demás, solo se podrá hacer cuando sea necesario para el normal funcionamiento de las entidades y sus dependencias. El decreto incluye un capítulo centrado en los esquemas de seguridad. En este se ordena revisar los esquemas de los servidores públicos del Ejecutivo con el fin de reducirlos.

En el tema de las camionetas, que tanta polémica suscita, aclara que estas solo se podrán comprar cuando las actuales presenten una obsolescencia mayor a seis años, y su necesidad esté debidamente justificada y sustentada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro para la entidad. Estos vehículos, además, solo se utilizarán de lunes a viernes, y su uso en días no hábiles únicamente se justificaría por necesidades del servicio o por seguridad.

También parece que se acabarán los regalos, como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas o folletos institucionales. El Gobierno le apunta al recorte en gastos de publicidad estatal.Las suscripciones a periódicos y revistas también tendrían sus días contados.

Para verificar el cumplimiento del decreto, las entidades del Ejecutivo tendrán que presentar un informe semestral ante el Dapre, en el que se muestre la reducción del indicador del gasto.

Si bien este plan de austeridad es una buena señal por parte del Gobierno, su efecto real en las finanzas públicas es marginal. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, considera que, si bien es un buen gesto, pues se avecina una reforma tributaria, en la práctica no tiene un impacto sustancial en el agregado.

Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es claro que reducir los gastos en papelería y viajar en clase económica no solucionará en nada el problema fiscal del país, y argumenta que este tipo de lineamientos solo le sirve al Gobierno para mandar un mensaje de austeridad ante la opinión pública.

Para Reyes, en lo único que el Estado ha sido austero es en la atención de los problemas sociales generados por la pandemia.

En eso parece que le asiste la razón, porque el borrador de decreto se asemeja al Decreto 1009, firmado por Iván Duque como parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020, y algunas actuaciones no reflejan una verdadera política de austeridad.

Tan solo basta con analizar el despliegue de los Gobiernos nacional y locales con la distribución del primer lote de vacunas que llegó al país. El movimiento de esquemas de seguridad y de funcionarios de todo el gabinete por varios departamentos, incluso de algunos que nada tenían que ver con el sector salud, para lograr una foto del comienzo de la vacunación, sin duda, envía un mensaje contradictorio

También, mucho se ha hablado sobre los gastos en las comunicaciones del Gobierno, como los del programa Prevención y acción o el millonario contrato que se firmó el año pasado por 3.300 millones de pesos para manejar redes sociales y posicionar la imagen del presidente Duque.

Con estos antecedentes, todo parece indicar que este decreto es un formalismo anual que, en el fondo, no tiene efectos importantes.

Incluso, desde el mismo partido de Gobierno ya han sonado algunas propuestas.El representante Gabriel Santos pide, por ejemplo, que se eliminen las 14 consejerías de la Presidencia, pues, según algunos cálculos, le cuestan al país 230.000 millones de pesos al año, y en muchos casos generan duplicidad de funciones con varios ministerios.

El expresidente Álvaro Uribe también se ha referido al tema, y, si bien reconoce la inflexibilidad del presupuesto público, propone, por ejemplo, congelar los gastos del Ejecutivo y atarlos únicamente a la inflación. Según él, en el mediano plazo esto permitiría un ahorro de entre 0,8 y 1 por ciento del PIB.Asimismo, coincidió con la idea del representante Santos de suprimir varias entidades.

Y en esto sí que tiene experiencia el expresidente. Vale la pena destacar que en su Gobierno firmó 18 decretos mediante los cuales fusionó seis ministerios y borró de tajo más de 700 cargos. Así fue como nacieron los ministerios de Protección Social; de Comercio, Industria y Turismo; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y del Interior y de Justicia. No obstante, estas carteras luego fueron divididas nuevamente en el mandato de Juan Manuel Santos.

Así las cosas, es claro que el Gobierno de Duque tendrá que proponer algo más robusto en términos de austeridad en el marco de la reforma tributaria si su objetivo es que todos los colombianos pongan más. El esfuerzo debe ser de ambos lados.