La educación no está en la agenda

La importancia de contar con una educación de calidad como motor de desarrollo económico, y que permita la formación de ciudadanía cumplidora de sus deberes, conocedora y exigente de sus derechos, es algo que pareciera obvio ante la sociedad. En ese mismo sentido, ningún asunto público parece solucionarse sin tener como parte de sus estrategias algún componente relacionado con educación.

No obstante, para la opinión pública el tema parece carecer de importancia. Sí, así es, lo que parece dado por descontado (que es necesario tener un sistema educativo de calidad), resulta no estar incluido en la agenda como principal problema público.

Al revisar diferentes encuestas de opinión donde se pregunta ¿Cuál es el problema más grave de su país?” (Informe Latinobarómetro, 2013) o ¿Cuál es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo Presidente de Colombia? (Centro Nacional de Consultoría, 2014), la educación no aparece nombrada como el principal, ni siquiera como el segundo; tópicos como economía o desempleo son de lejos más mencionados por los encuestados.

Como se puede esperar, la evaluación de la acción gubernamental frente a la educación es positiva. Encuestas de percepción ciudadana como las que realizan los capítulos de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, muestran que en general la ciudadanía está satisfecha con el desempeño gubernativo en materia educativa, sin que exista una diferencia significativa en el tipo de institución al que asisten los estudiantes.

La capacidad de hacer exigible por parte de los hogares la obligación del Estado frente a la educación es tan débil como su corresponsabilidad frente al proceso educativo, lo que deriva en pobres resultados en las pruebas SABER a nivel nacional y PISA a nivel internacional, en las cuales se refleja una insuficiente capacidad de los estudiantes para responder a preguntas relacionadas con interpretación de textos y de resolución problemas matemáticos, entre otras asignaturas.

¿Por qué parece entonces que la calidad de la educación no es un problema primordial en el público? La formación de esta percepción puede estar explicada por el escaso cubrimiento de los medios de comunicación en lo referente a temas educativos y una mayor cobertura a lo concerniente con seguridad ciudadana y empleo.

Es evidente que la acción pública es mayor cuando el tema es más mencionado ante los medios y reconocido ante la opinión pública. Como un ejemplo sencillo se puede mencionar en los noticieros del mediodía en las emisiones del fin de semana, ¿con cuál noticia solían abrir en 2013? Con las de conductores en estado de embriaguez que se niegan a la prueba de alcoholemia. El resultado de esta persistente exposición es la Ley 1696 de 2013, que establece medidas sancionatorias drásticas a quienes conducen bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Un paralelo en el tema educativo puede ser el matoneo, también conocido como bullying, quizás este sea el asunto relacionado con instituciones educativas más mencionado recientemente por los medios que ha tenido eco en el Congreso y cuya respuesta es la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y establece acciones para reducir este fenómeno.

Desde luego la respuesta estatal no está atada a los proyectos de la rama legislativa, ni el gobierno espera a que este derecho consagrado constitucionalmente sea reclamado desde los medios de comunicación; existe una política educativa nacional y territorial acompañada de una asignación presupuestal, que llega a las regiones a través del sistema general de participaciones, el presupuesto para las universidades públicas y del ICETEX.

Pero ni desde la ciudadanía ni desde los medios hay unas acciones particulares que den cuenta del seguimiento efectivo a las políticas y a los recursos invertidos en ellas, ni acompañamos formalmente la implementación de las mismas.

El único ejemplo masivo de acción ciudadana de reclamación de una educación distinta en los últimos años, se ha dado en torno a la reforma de la Ley 30 de 1992 con el resurgimiento del movimiento estudiantil, el cual no tuvo el apoyo esperado en las recientes elecciones legislativas, como sí ocurrió en Chile, donde la educación es considerado el segundo problema más importante del país. Latinobarometro 2013