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| 1/9/2017 9:00:00 PM

“Colombia merece reparación de Odebrecht más allá de los US $11 millones de sobornos”

En semana clave del caso contra la constructora, el Secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, pide que se investigue si en el pasado pudieron comprar la justicia y a los tribunales de arbitramento.

Esta semana, la Fiscalía estaría entregando las primeras pesquisas por el caso de corrupción que sacudió a las Américas. Altos mandos de la constructora brasileña Odebrecht, tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelaron que en Colombia se pagaron coimas por 11 millones de dólares (unos 32.000 millones de pesos).

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, en dialogo con semana.com pidió a las autoridades poner la lupa sobre fallos judiciales y tribunales de arbitramento en los que haya participado la firma de ingeniería. La compañía ha ganado dos tribunales de arbitramento, uno en un pleito contra Isagén, que fue fallado incluso en la Corte Constitucional a su favor; y otro con la Empresa de Acueducto de Bogotá, con el que finalmente pudo poner fin al contrato para la construcción de un túnel para el sistema de alcantarillado Tunjuelo-Canoas-Río de Bogotá. Por concepto de ambos, la empresa recibió alrededor de 130.000 millones de pesos. Aún están en litigio otros cuatro.

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Semana.com: ¿Colombia activó sus mecanismos de cooperación y qué se está haciendo para tener información sobre las delaciones de Odebrecht y sobornos en Colombia?

Camilo Enciso: Activamos los mecanismos de cooperación administrativa y judicial disponibles. El diálogo con las autoridades de otros países ha sido fructífero. Tan pronto conocimos el acuerdo de los Estados Unidos con Odebrecht contactamos al Departamento de Justicia y empezamos a sumar esfuerzos. Ahora el liderazgo de la investigación, como es natural, lo tiene la Fiscalía. Hemos pedido apoyo en la identificación de los responsables de los actos de corrupción, y especialmente en la recuperación de activos recibidos por funcionarios corruptos. Por un lado, tenemos que llevarlos a la cárcel, y por el otro, asegurarnos de que no les quede un centavo en el bolsillo.


Semana.com: ¿Las confesiones que involucran el caso con Colombia de dónde provienen y a qué tipo de funcionarios involucran?

C.E.: Odebrecht decidió cooperar con las autoridades de varios países, revelando el esquema de operación y defraudación que adelantó a través de su División de Operaciones Estructuradas por casi una década. Desde allí se pagaban los sobornos a servidores públicos de casi una docena de países. Las confesiones parten de personas que participaron en esa industria del fraude.

Con relación al caso de Colombia, el acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con Odebrecht dice que los sobornos se pagaron a “government officials”. Yo creo que en Colombia se ha dado una confusión alrededor de ese término. Algunos lo han interpretado como el pago a “funcionarios del gobierno” nacional. Esa traducción literal es inexacta. El concepto de “government official” en inglés engloba a cualquier funcionario público. Es decir, acá podríamos estar hablando también de jueces, congresistas, concejales o alcaldes involucrados, por sólo poner unos ejemplos.

Semana.com: ¿Qué va a hacer Colombia para traer esa verdad judicial al país?

C.E.: Avanzar con los mecanismos de cooperación que ya mencioné y adelantar investigaciones propias. La Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades han actuado con celeridad en este caso, buscando identificar cualquier vestigio de corrupción en las entidades o contratos frente a los que podría haber dudas. También valdría la pena que la Fiscalía verificara las actuaciones de Odebrecht en el marco de litigios o acciones judiciales en Colombia. El propio Presidente le ha pedido a la Fiscalía actuar con inflexibilidad en contra de cualquier funcionario involucrado con esos hechos, con independencia del momento en que haya trabajado con el Estado.

Semana.com: ¿Hay indicios de corrupción en la justicia frente a procesos de Odebrecht?

C.E.: Hemos mirado con mucho interés algunas actuaciones de Odebrecht en otros países, como Perú. En ese país, según la información que tenemos hasta ahora, Odebrecht participó en 42 controversias arbitrales, de las cuales ganó 35, logrando ingresos por más de 273 millones de dólares por esa vía, entre 2003 y 2016. Según algunas fuentes, la empresa presentaba ofertas económicas muy por debajo de las de sus competidores para ganar licitaciones, pero con la expectativa de recuperar el dinero, con creces, a través de demandas arbitrales contra el Estado. Lo que queremos ahora es que en Colombia las autoridades verifiquen los procesos arbitrales en los que ha participado Odebrecht, con sus impugnaciones o recursos ante las autoridades judiciales nacionales, para descartar cualquier conducta irregular.

Semana.com: ¿Qué responderle al uribismo que reiteradamente lo ha señalado a usted de persecución?

C.E.: Que conmigo se equivocan. Yo no soy su enemigo y no persigo a nadie; y el Gobierno menos. Cuando el poder y los negocios se tocan, quienes caminan por esa senda muchas veces se ven obligados a dar explicaciones al país y la justicia. Eso es lo que le ha pasado a ellos en varios casos.

Semana.com: Como el caso del zar de la chatarra…

C.E.: Cuando pedí información a la Fiscalía sobre el estado procesal del caso de devoluciones de IVA, no tenía conocimiento de los negocios de los Uribe en el sector de la chatarra. Lo hice por una sola razón: muchos de los capturados, – que en una primera fase fueron más de 40– estaban quedando libres por vencimiento de términos y estaban pidiendo el reintegro a la DIAN. Imagínese esa monstruosidad. La Fiscalía había logrado condenas contra particulares, pero no contra la mayoría de funcionarios involucrados con esa defraudación de más de un billón de pesos, que estaban pidiendo el reintegro a la entidad, desde donde hubieran podido manipular pruebas o seguir con el saqueo.

Semana.com: Entonces, ¿por qué Uribe lo acusa de persecución?

C.E.: Partiendo de un principio de buena fe, supongo que gente manipuladora que busca ganar su favor le da información falsa. En este caso, alguien pudo haberse inventado una historia, que dio por cierta. Nuestra solicitud de información de agosto de 2015 no tenía la más remota relación con los Uribe. Por eso la denuncia por supuesta persecución que los Uribe presentaron en mi contra fue archivada por la Fiscalía. Los testigos que ellos pidieron interrogar dijeron –bajo la gravedad de juramento– que yo jamás había hablado con ellos y que nadie los había presionado desde la Presidencia para declarar contra Tomás o Jerónimo Uribe.

Le cuento una anécdota: en mayo del año pasado me encontré con el expresidente Uribe en un vuelo entre Miami y Bogotá. A medio vuelo lo abordé y le dije: “Senador, yo soy Camilo Enciso. Quería decirle que yo no tengo nada que ver con las cosas de las que usted me acusa. A usted lo están engañando”.

Tuvimos una conversación corta pero cordial, y Uribe me dijo en buen tono que nuestro diálogo le aclaraba muchas cosas. Ahora, con ocasión del caso de Odebrecht, otra vez arremete en mi contra. Yo tengo la consciencia tranquila. Siempre he actuado según los deberes que me impone mi cargo y bajo el amparo de la ley.

Semana.com: Uribe dice que muy pronto se conocerán los sobornados en este caso, sin embargo habla de contratos en el gobierno de él y también en el actual. ¿Tienen información de corrupción en el Gobierno Santos por este caso?

C.E.: No. Pero si hubiera un funcionario del Gobierno Santos involucrado con estos hechos, esperaríamos que fuese castigado con el mayor rigor. Su conducta sería la mayor traición a los principios de buen gobierno que el Presidente ha defendido toda su vida.

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Semana.com: ¿Por qué solo mencionar a un funcionario de Uribe?

C.E.: En todos los pronunciamientos que hemos hecho desde el Gobierno hemos sido enfáticos en que las investigaciones tienen que permitir la condena de cualquier funcionario responsable. Más claro imposible. Lo que pasa es que también dijimos que el pago de los 6.5 millones de dólares involucra directamente a un funcionario del Gobierno Uribe. Pero también hemos dicho que deben caer todos los responsables que se identifiquen en el curso de las investigaciones y de las acciones de cooperación desplegadas entre todos los países interesados.

De otra parte, acá lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional para luchar contra la corrupción, y no seguir empantanados en discusiones que no le aportan al país. A los corruptos hay que perseguirlos, con independencia de su color político o del Gobierno al que pertenezcan o hayan pertenecido. Ellos son los verdaderos enemigos de Colombia.

Semana.com: ¿Qué información tienen sobre los involucrados?

C.E.: Eso lo revelará la Fiscalía cuando sea el momento. Lo importante ahora es que los corruptos, quienes quiera que sean, sean judicializados y condenados. Y si alguno perteneció al gobierno Santos, pedimos que la justicia sea con ellos aún más implacable.

Semana.com: Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar en Brasil, Estados Unidos y Suiza multas y sanciones ¿Colombia va a reclamar los 11 millones de dólares que consta en declaraciones que se pagaron en sobornos?

C.E.: Le hemos pedido a la Fiscalía dar la mayor importancia a la recuperación de activos y trabajar en equipo con el Gobierno con ese fin. En cuanto a los 11 millones de dólares, sería un primer paso, pero eso no basta. Colombia se merece una reparación moral y económica más allá del monto de los sobornos pagados por la empresa.

Semana.com: ¿Qué van a hacer para recuperar el dinero?

C.E.: La Unidad de Información y Análisis Financiero (la UIAF) del país es una de las mejores del mundo. Dicha Unidad debe trabajar de la mano de la Fiscalía y las autoridades de otros países para rastrear el flujo de recursos, encontrarlos y recuperarlos, en desarrollo de los mecanismos de cooperación judicial internacional de los que disponemos.

Semana.com: ¿Veremos a Odebrecht Colombia colaborando con la verdad en la justicia y con los afectados como lo hacen en otros países?

C.E.: Eso espero. Esa es una de las obligaciones que Odebrecht asumió explícitamente en el acuerdo que suscribió con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ignorar ese deber puede generar consecuencias gravísimas para la empresa. El Gobierno Nacional estará muy atento a que Odebrecht brinde esa colaboración efectiva.

Semana.com ¿Qué opina del anuncio del Fiscal General, que a dos semanas de haber iniciado la investigación, descarta que en el contrato de adjudicación de Navelena haya habido corrupción?

C.E.: Esa es una pregunta para el Fiscal. No tengo acceso a información confidencial que la Fiscalía tiene y que posiblemente le ha llevado a emitir ese pronunciamiento.

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Semana.com ¿Colombia se expone a sanciones de quienes perdieron en las licitaciones por favorecimiento a un corrupto con la adjudicación?

C.E.: Es algo que estamos evaluando con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con los equipos jurídicos de las distintas entidades.

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