Un fallo de tutela se convirtió en un incidente de desacato en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Lo que advierte un juzgado de la ciudad de Medellín es que el funcionario no acató la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y dejó sin protección a líderes de la oposición del gobierno.
La decisión del juzgado, además de una multa, ordena una compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación por lo que se considera un fraude en la resolución judicial; esto es el fallo de tutela que, de acuerdo con la decisión, Augusto Rodríguez no cumplió.
El activista político Santiago Alvarán reveló los detalles de la decisión del juzgado y de cómo la multa que corre en contra de Augusto Rodríguez también la tendrán que pagar otros funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que resultaron vinculados de manera directa al fallo de tutela y el posterior desacato.
Hoy logramos multa y detención para Augusto Rodríguez y otros 3 funcionarios más de la Unidad Nacional de Protección.
— Santiago Alvarán (@SALVARANM) May 5, 2026
Triunfa la legalidad y el derecho penal. Prevalece la memoria del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado por la dejación de esta dirección. pic.twitter.com/mJXFYQHZE8
“Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, vaya preso, pero que además pague una multa severa producto del incumplimiento de fallo de tutela; a su atribución ha desconocido su función, que es proteger a los miembros de la oposición, que los ha dejado a la deriva, ya que no ha decidido mejorar los esquemas de seguridad en favorabilidad de quienes han asesinado y violado los derechos del pueblo colombiano”, señaló el activista.
Junto a Augusto Rodríguez, en la decisión que ordena la multa y la compulsa de copias, aparece Nelson Rolando Russi en calidad de director de Evaluación de Riesgo y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, todos comprometidos en el incumplimiento al fallo de tutela del 13 de marzo y que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
“Se ordena compulsar copias a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones a que hubiera lugar en atención a sus funciones constitucionales y legales, esto es, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación”, señala la decisión del juzgado.
La multa que fijó el juzgado incluye un salario mínimo legal mensual vigente que tendrán que pagar en favor del Consejo Superior de la Judicatura a los dos días siguientes de notificarse de la decisión.