Judiciales

Consejo de Estado califica de “incendiaria” la demanda que pidió el presidente Petro contra el magistrado que frenó el traslado de $ 25 billones a Colpensiones

A través de un comunicado, el alto tribunal manifestó que es inquietante ver la arremetida del Gobierno contra las decisiones judiciales.

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12 de mayo de 2026 a las 8:47 a. m.
El Consejo de Estado rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
El Consejo de Estado rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Una dura respuesta emitió el Consejo de Estado frente a las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien convocó la presentación de una “demanda penal” en contra del magistrado que suspendió de manera provisional los efectos del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados a Colpensiones.

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En la respuesta, se calificó la invitación del presidente Petro de tener un “tono incendiario” que afectaba la división de poderes públicos que está en la Constitución Política.

Por medio de un comunicado, publicado en la mañana de este martes 12 de mayo, el Consejo de Estado expresó: “El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.

Los magistrados de dicho alto tribunal aclararon, a través del comunicado, que el pronunciamiento del Consejo de Estado exige y requiere una respuesta institucional “oportuna, clara y contundente” sobre las palabras expresadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X contra uno de los integrantes de esa corporación.

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La reacción se da pocas horas después que el mandatario pidiera en su cuenta de X presentar una “demanda penal” por prevaricato en contra del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien fue el ponente de la decisión de suspender provisionalmente el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados al régimen público.

Por eso, el Consejo de Estado manifestó: “Inquietan las manifestaciones del presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo también recordó que los jueces y el ordenamiento del país han protegido la libertad de expresión, pero explicaron que “no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como transgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”.

En el comunicado, el Consejo de Estado también manifestó que controlar los poderes genera incomodidad, pero se debe mantener la “lucha” contra ese tipo de inmunidades que se toma el mismo poder. Por eso expresaron que a mayor poder, mayor control y a poderes desbordados, “controles efectivos e inmediatos”.

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“El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencia y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”, cerró el pronunciamiento.

La respuesta de los magistrados del alto tribunal, que fueron señalados en las últimas horas por el presidente Petro, se dio después de que el procurador Gregorio Eljach también salió a respaldar el pronunciamiento de la Rama Judicial en pleno, que exigió respeto a la separación de poderes tras la arremetida del mandatario.