Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, de suspender en su totalidad el decreto reglamentario sobre traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones, el presidente Gustavo Petro pidió que se iniciara el trámite para demandar al magistrado del Consejo de Estado que, a su juicio, “emitió una decisión a favor de los intereses de los banqueros y en contra de los trabajadores”.
Se refería al auto a través del cual se suspende de manera provisional el contenido del decreto reglamentario relacionado con la ventana de oportunidades, que quedó abierta pese a que la reforma pensional fue suspendida en la Corte Constitucional.
Hay que recordar que, inicialmente, el Consejo de Estado había decidido que, de las dos partes de los recursos pensionales, estimados en 25 billones de pesos, correspondientes a la plata de los trasladados de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, se suspendía solo la que correspondía a los afiliados sin haber llegado aún a hacer efectivo su derecho a la pensión, por no tener todavía los requisitos necesarios.
Por otro lado, la parte necesaria para el pago de las mesadas estaba en revisión, y ahora el Alto Tribunal la añade a su decisión anterior. Esto significa que todo lo del decreto de traslados queda suspendido de forma provisional.
Por prevaricato
En respuesta a ello, el presidente Gustavo Petro, con el contenido de la reforma pensional en mano, en lo que se refiere al traslado de recursos por ventana de oportunidad, dijo que pedirá una acción jurídica por prevaricato.
Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de.los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente. pic.twitter.com/SYaKgyC8pZ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2026
Según la ley, el prevaricato es un delito que atañe a un servidor público, ya sea de la rama judicial o de la Ejecutiva. Se incurre en él cuando se dicta una medida, como habría hecho en este caso el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
El acto cuestionable se genera cuando la decisión tomada genera dudas sobre la legalidad o la injusticia que hay en ella, y a sabiendas de que va en contra de la ley.
Es lo que estima el mandatario de los colombianos, por lo que pide proceder legalmente contra el magistrado del Consejo de Estado.
El Auto
En el auto emitido, el Consejo de Estado ordena “Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”.