Todo un revuelo han generado los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado luego de que salió a criticar la suspensión provisional del decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones al régimen público, administrado por Colpensiones.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ahora se metió a la controversia después de que expresó su respaldo al pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que exigió respeto a la independencia de poderes como lo ordena la Constitución de Colombia.
A través de un corto pero contundente comunicado, Eljach manifestó: “En defensa del ordenamiento jurídico que me ordena la Carta Fundamental debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales”.
#ATENCIÓN | La Comisión Interinstitucional de la #RamaJudicial insiste en que, en un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado. pic.twitter.com/fB4LSzOJvW
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 12, 2026
El procurador también le recordó al jefe de Estado que toda autoridad en el país está obligada a acatar las providencias judiciales que se emitan en ejercicio de las competencias constitucionales, sin ningún tipo de perjuicio en el uso de recursos propios de los asuntos judiciales.
Esta nueva controversia entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes arrancó cuando los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ordenaron la suspensión temporal del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados al régimen público.
Horas después de que se conoció esa decisión, el mandatario reaccionó en su cuenta de X pidiendo demandar penalmente al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, responsable de la decisión, porque a su juicio terminó beneficiando al sector financiero y perjudicando a los trabajadores.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, dijo el presidente en su cuenta de X.
El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2026
La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente… https://t.co/hvF3OmlEHL
El Gobierno también salió con su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a alertar que la suspensión del traslado pensional pondría en riesgo el pago de las mesadas, pese a que la disponibilidad de esos recursos debería estar garantizada por el Presupuesto General de la Nación.
En medio de esas reacciones contra la decisión del Consejo de Estado, la Rama Judicial en pleno volvió a recriminar los ataques del presidente Gustavo Petro contra los fallos de las altas corporaciones y le exigió respetar la división de poderes, reglamentada en la Constitución política.
“El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público. Fue justo nuestro poder constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes”, señaló la Rama Judicial.
El pronunciamiento también aclaró que la Constitución dio facultades de suspensión provisional sobre los actos administrativos, incluidos los expedidos por el Ejecutivo, como una forma de control efectivo al ejercicio del poder público. Explicando las competencias y la legitimidad de la medida cautelar ordenada por el Consejo de Estado.
El procurador general asumió la vocería del Ministerio Público, conformado por ese ente de control, la Defensoría del Pueblo y la Personería, para respaldar a la Rama Judicial en su exigencia de pedir “respeto incondicional” por la independencia de poderes del Estado colombiano.