El magistrado Diego Corredor fue el encargado de ratificar la condena que emitió la Corte Suprema de Justicia contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, tres exmagistrados del Tribunal Superior del Meta que crearon una red de favores judiciales que terminó beneficiando a reconocidos delincuentes a cambio de licor, dinero y mujeres.
La decisión dejó en firme la condena de casi 11 años contra Díaz Rodríguez por el delito de prevaricato por acción, mientras que los exmagistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron sentenciados a 10 años de prisión por el delito de cohecho propio y prevaricato por acción simple. La Corte no tomó decisiones sobre el delito de concierto para delinquir porque prescribió.
Sin embargo, con esta decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actuaciones de los tres exmagistrados por una fallo de tutela en el que habrían recibido un soborno de 100 millones de pesos.
Las irregularidades en las que habrían participado Díaz, Bautista y Trejos se basan en dos procesos penales y en una tutela según los cuales habrían tomado decisiones a cambio de planta. En uno de esos casos se pactó un pago de hasta 2.000 millones de pesos.
Ese caso tiene relación con la condena contra una mujer por homicidio agravado, pero, según la Fiscalía y la Corte, los abogados de la defensa y los exmagistrados procesados habrían tenido varios acercamientos para buscar una decisión favorable en segunda instancia.
La sentencia precisa que el 22 de enero de 2014 se llevó a cabo una reunión en la “Villa G” de un reconocido hotel a las afueras de Villavicencio en la que habrían participado los magistrados Alcibiades Vargas y Joel Darío Trejo, junto a abogados y personas cercanas a ellos, en el que se habría pactado la millonaria suma de dinero a cambio de una sentencia absolutoria.
Así fue como la mujer sentenciada habría organizado una celebración con licor, comida y hasta servicios sexuales prestados por mujeres para los entonces magistrados, los cuales habrían sido considerados por la justicia como contraprestaciones asociadas al acuerdo criminal.
El otro caso que puso contra las cuerdas de la justicia a los tres exmagistrados tiene relación con los favorecimientos que le habrían brindado a alias Cesarín, un hombre condenado por homicido, que presuntamente hizo parte de la Oficina de Envigado.
El exmagistrado Díaz también fue señalado de registrar un proyecto de decisión para revocar el auto que le quitó la prisión domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo, quien sería uno de los principales hombres detrás del narcotráfico y reclutamiento de personas para el Ejército Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), que delinque en Meta y Guaviare.
La Corte Suprema confirmó que los tres exfuncionarios de la Rama Judicial favorecieron a Cesarín, indentificado como Hernán Darío Giraldo Gaviria, con un fallo “contrario a la ley”, pues “omitieron realizar un examen previo” tras declarar nula una providencia judicial que se encontraba ejecutoria.
“Este proceder se ajusta a patrones criminales que, en no muy pocos casos, ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial, quienes utilizan muy variados métodos para evitar aparecer directamente como receptores de la dádiva o de la promesa remuneratoria, con el propósito de ocultar su actuar criminal”, explicó la Sala en su decisión.
La decisión mantuvo la prisión domiciliaria en contra de los procesados por la edad, porque están pensionados y porque tienen inhabilidad para ejercer sus funciones, pero reclamó que esa medida de aseguramiento de la Sala de Primera Instancia “no estuvo precedida de un análisis suficientemente integral de los requisitos” estipulados en la ley 906 de 2004.