Tras un extenso juicio, la Procuraduría General le pidió a la Corte Suprema de Justicia que emita fallo condenatorio en contra de tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio procesados por exigir sobornos para modificar y alterar varios procesos que tenían en sus despachos. En sus alegatos de conclusión, el delegado del Ministerio Público señaló que existen pruebas consistentes para inferir que los togados incurrieron en los delitos de prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y concierto para delinquir agravado.
“Se demostró que recibieron 150 millones de pesos e invitaciones pagas en hoteles de la región a cambio de revocar la condena impuesta a una pareja de esposos por homicidio y tentativa de homicidio”, aseguró el representante del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia al citar la declaración de varios testigos. En este sentido, señaló que con estas prebendas se buscó el beneficio directo de un grupo de procesados, entre los que se encontraba un excomandante paramilitar.
Con su actuar lograron alterar la recta administración e impartición de justicia, alterando procesos y avalando peticiones de manera irregular. “Aprobaron redenciones de penas e incumplieron los tiempos procesales para posteriormente revocar fallos condenatorios, y absolvieron o generaron excarcelaciones por vencimiento de términos”, alegó el procurador del caso.
En su argumentación señaló que se demostró plenamente que los ahora exmagistrados Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez se concertaron con otros funcionarios judiciales –entre ellos fiscales, agentes del CTI y de Medicina Legal, funcionarios del Inpec y hasta un director regional de la cárcel de Guaduas– para otorgar de manera ilícita beneficios penales que permitieran la libertad o la detención domiciliaria, para posteriormente evadirse de ella, de integrantes de grupos paramilitares que delinquían en los Llanos Orientales.
Entre los “beneficiados” por el actuar de los exmagistrados se encontraba el excomandante paramilitar Martín Farfán Díaz González, conocido como alias Pijarvey, quien recuperó su libertad pese a los fuertes cargos que enfrentaba. En septiembre de 2015 fue abatido durante un operativo de la Policía Nacional en Cumaribo, Vichada.
En la imputación de cargos, hecha en 2017 ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General señaló que los magistrados, además, habrían torcido la ley y corrido todos los trámites para entregarle el beneficio de casa por cárcel al presunto narcotraficante y jefe de la oficina de sicarios de la banda de La Oficina de Envigado, Hernán Darío Giraldo Gaviria, conocido con el alias de Cesarín.
Esto pese a que en su contra pesaba una condena de 20 años de prisión por el delito de homicidio. Alias Cesarín aprovechó la casa por cárcel para escapar. En su oportunidad, la Fiscalía General indicó claramente que el condenado no cumplía ninguno de los requisitos para acceder a este beneficio judicial.
En la misma audiencia se señaló que, tras revisar las cuentas bancarias, se presentó un incremento irregular en las cuentas de los tres magistrados entre los años de 2010 y 2105. Incluso, uno de ellos reportó ingresos por 973 millones de pesos, los cuales no pudo justificar.