La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves, 29 de octubre, la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra nueve exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc por hechos que afectaron a la población de los departamentos del Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado interno.
En la lista figura Pablo Catatumbo Torres Victoria, exjefe guerrillero y excongresista por el Partido Comunes entre los años de 2018 y 2026.
En la decisión emitida por la Sala de Reconocimiento de la Verdad se atribuyen responsabilidades por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras, ataques contra la población civil y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que estaban fuera de combate o mediante el empleo de armas que contravienen el derecho internacional humanitario.
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros ocho exjefes del Comando Conjunto Central de las Farc por 94 tomas y ataques armados, masacres, desapariciones y desplazamientos en Tolima, Huila y Quindío. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/EdgJv1lawK
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026
“Este proceso examina hechos que marcaron profundamente la historia del país. Las tomas guerrilleras que dejaron pueblos hechos polvo”, señaló el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, al anunciar la decisión del Caso 10 que investiga los crímenes no amnistiables y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos por los exintegrantes de las extintas Farc-EP que no están cobijados por otros macrocasos específicos.
Los casos imputados
La macroimputación registró el uso de minas antipersonal que perjudicaron a la población civil. El uso de minas antipersonal causó sufrimientos excesivos e innecesarios para obtener ventajas militares contra miembros de la Fuerza Pública.
Así como en 94 incursiones armadas, el Comando Conjunto Central fue la estructura de las Farc-EP que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de la Policía en estas regiones.
Ocho de los nueve comparecientes fueron imputados por su comandancia regional y capacidad de decisión. El otro compareciente imputado fue un partícipe determinante en la comisión de los crímenes.
Por las dinámicas de la guerra, señalaron los magistrados, en el pasado fue muy difícil investigar los hechos. La mayoría de los procesos judiciales estaba en etapas preliminares de indagación y solo el diez por ciento había proferido condena.
La investigación documentó una afectación particular contra campesinos y campesinas, quienes representan el 54 % de las víctimas acreditadas ante la JEP por hechos cometidos por el extinto Comando Conjunto Central de las Farc.
Los comparecientes podrán aceptar su total o parcial responsabilidad en estos hechos.